La Fiscalía se querella contra Rocío Monasterio por falsedad documental en su estudio de arquitectura 

Monasterio acaba de revalidar el escaño tras las elecciones del 4M y será, por tanto, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el competente para investigar el caso al ser aforada.

La Fiscalía va a presentar una querella contra la diputada del partido de extrema derecha Vox Rocío Monasterio por supuestamente haber falsificado un visado en la obra del loft del presentador Arturo Valls, según ha adelantado y hemos podido confirmar desde Contrainformación.

Según denuncia la Fiscalía, Monasterio utilizó un sello falseado del Colegio de Aparejadores de Madrid en proyectos que presentó en el Ayuntamiento de Madrid en 2005, 2011 y 2016 para el loft del presentador Arturo Valls, tres años antes de que se convirtiera en diputada autonómica.

Las denuncias se enfocan en que volvió a emplear este visado porque, a diferencia de lo ocurrido en 2005 y 2011, los hechos de 2016 no habrían prescrito, cuestión que ha recaído en la Fiscalía de la Comunidad de Madrid por la condición de aforada de Monasterio.

Denuncia de Más Madrid

La Fiscalía abrió el 2 de marzo de 2020 una investigación por esas «irregularidades» tras una denuncia presentada por el grupo municipal Más Madrid a través de la dirigente del partido Marta Higueras y por el que fuera concejal de Urbanismo durante la alcaldía de Manuela Carmena, Juan Manuel Calvo del Olmo, que es arquitecto de profesión.

«Cabe deducir que los planos incluidos en el documento denominado Proyecto de acondicionamiento de carácter puntual con cambio de uso de local comercial a vivienda, registrado por Doña Rocío Monasterio para solicitar la licencia municipal, incluyeron de forma fraudulenta un sello de visado del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos», señalan desde más Madrid.

Monasterio acaba de revalidar el escaño tras las elecciones del 4M y será, por tanto, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el competente para investigar el caso al ser aforada.

Más Madrid destaca que los indicios de que estábamos ante una práctica irregular eran claros, «a pesar de la falta de voluntad política de Comunidad y Ayuntamiento por estudiar el asunto y conocer la verdad». 

Desde el partido madrileño la acusan también de un delito de estafa, pero la Fiscalía solo se centra por el momento en el de falsedad documental.