Hace ya más de cuarenta años que, con la firma del Convenio 108, Europa apostó por la transformación digital. Entonces, dicho documento dotó de un marco jurídico a la protección de los datos personales en el espacio europeo.
Propició un marco jurídico acorde con la realidad socioeconómica del momento y ofreció plenas garantías al manejo y trasvase de información personal y privada a través de los dispositivos tecnológicos en Europa.
La digitalización avanza ahora a pasos agigantados y plantea enormes retos de futuro. Las oportunidades que ofrece no deben impedir la valoración de sus posibles impactos negativos, especialmente en lo referido a la incidencia de la digitalización en los derechos individuales.
Así, el debate inicial, centrado en los efectos de la digitalización en el ámbito de lo íntimo y privado, se ha extendido a otros espacios como el de la dignidad, la salud o la sostenibilidad.
La concreción normativa de todo esto se encuentra, a nivel europeo, en el Reglamento Europeo Protección de Datos y, para España, en la Ley 3/2018 de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales. Ambas normas son un reflejo de la evolución y globalización tecnológica actual.
¿Hacia dónde va Europa?
La digitalización ha de ofrecer la posibilidad de alcanzar mayores cotas de prosperidad, innovación, competitividad y bienestar en los territorios de la UE. De ahí que la actividad europea se centre ahora en aprobar la Brújula Digital 2030 por la que se aspira a una transformación digital plena de la Unión Europea para 2030. El reto es alcanzar la digitalización de la sociedad europea a través de políticas digitales sostenibles e integradoras.
La hoja de ruta de esta iniciativa está integrada por:
La Década Digital de Europa, un programa político que marca unas metas concretas para 2030: la adquisición de capacidades digitales básicas, la formación de especialistas TIC, la transformación digital de las empresas, la creación de infraestructuras digitales seguras y sostenibles y la digitalización de los servicios públicos.
El Itinerario hacia la Década Digital constituye una apuesta por políticas digitales y sostenibles al servicio de ciudadanos y empresas. Y, para alcanzar este fin, la Comisión fijará una trayectoria europea de forma paralela con la hoja de ruta de los Estados miembros.
La Declaración sobre los derechos y principios digitales para la Década Digital plantea situar a los ciudadanos en el centro de la transformación digital, y reafirmar la plena vigencia y garantía de los derechos humanos universales en el contexto digital.
De ahí que haga una mención expresa a cuestiones como la solidaridad y la inclusión, la educación, la formación y las capacidades digitales, las condiciones de trabajo justas y equitativas, las interacciones con algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial, la participación en el espacio público digital, la seguridad, la protección, la privacidad y el control individual de los datos.
Derechos fundamentales y digitalización
En España, la Carta de Derechos Digitales ofrece un catálogo de derechos fundamentales cuya interpretación y aplicación podría verse mermada en el entorno digital.
Este documento no tiene carácter normativo, su objetivo es perfilar un conjunto de derechos fundamentales ya reconocidos para garantizar su aplicación e interpretación en el entorno digital.
Su contenido se estructura en:
Derechos de libertad.
Derechos de igualdad.
Derechos de participación.
Derechos de conformación del espacio público.
Derechos del entorno laboral y empresarial.
Derechos digitales en entornos específicos y garantías y eficacias.
Considerar que no es posible la convivencia entre lo tecnológico y lo no tecnológico sería renunciar a seguir avanzando en la elaboración, negociación y adopción de políticas y legislaciones comprometidas en la lucha por garantizar la protección de los derechos humanos en el contexto digital, la única vía posible para trabajar en pos de la consecución de una esfera de protección adecuada al momento que vivimos.
Arturo Montesdeoca Suárez – Contratado predoctoral cofinanciado por la Consejería de Economía, Industria Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias y el Fondo Social Europeo – Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
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