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En Aragón, Castilla La Mancha, Extremadura, Madrid, Murcia la interrupción de la gestación en centros sanitarios públicos es virtualmente inexistente
En la aclamada serie de televisión ‘El cuento de la criada’, basada en la obra literaria de Margaret Atwood, la sociedad se enfrenta a una realidad distópica en la que los derechos reproductivos de las mujeres son severamente restringidos por un régimen teocrático autoritario. Lo que quizás resulta sorprendente es que, en un país tan avanzado como España, algunas facetas de esa ficción encuentren paralelismos inquietantes en nuestra propia realidad.
PROHIBIDO ABORTAR
El alarmante hallazgo de que en doce provincias españolas los abortos son inexistentes y cinco comunidades autónomas exclusivamente recurren a instituciones privadas para este procedimiento es una realidad perturbadora que nos sacude. Recuerda el caso de Antonia Correa, a quien se le denegó la interrupción de su embarazo en la sanidad pública en Murcia, obligándola a recorrer una distancia desorbitada de 400 kilómetros para buscar una solución. El fallo del Constitucional, que respalda su situación, ha sido una luz de esperanza para las mujeres que viven este calvario, mientras que se espera que promueva la necesaria evolución en las políticas sanitarias del país.
Un vistazo a las estadísticas, según los datos aportados en este artículo de Marisa Kohan en Público, nos revela una realidad dolorosa: en provincias como Aragón, Castilla La Mancha, Extremadura, Madrid, Murcia y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, la interrupción de la gestación en centros sanitarios públicos es virtualmente inexistente. Este inquietante panorama es aún más perturbador cuando se considera que, según los datos del Ministerio de Sanidad de 2021, solo el 15,6% de las interrupciones del embarazo se llevan a cabo en el sector público, con Catalunya, Balears y Cantabria a la cabeza. En las demás, la práctica común es recurrir a instituciones privadas concertadas.
Estas son las 12 provincias en las que no se puede abortar:
- Jaen (Andalucía)
- Huesca (Aragón)
- Teruel (Aragón)
- Cuenca (Castilla-La Mancha)
- Toledo (Castilla-La Mancha)
- Guadalajara (Castilla-La Mancha)
- Palencia (Castilla y León)
- Ávila (Castilla y León)
- Segovia (Castilla y León)
- Soria (Castilla y León)
- Zamora (Castilla y León)
- Cáceres (Extremadura)
Estas son las cinco comunidades autónomas que solo realizan abortos en centros privados: Aragón, Castilla La Mancha, Extremadura, Madrid y Murcia.
UN RETROCESO PARA LOS DERECHOS REPRODUCTIVOS
Desde que se promulgó la ley de plazos durante el gobierno de Rodríguez Zapatero, que declaraba el aborto como un derecho fundamental de las mujeres, las cosas parecían avanzar en la dirección correcta. Sin embargo, al observar los datos de los últimos 13 años, este panorama optimista se diluye rápidamente. En 2021, más de 4.000 mujeres tuvieron que abandonar sus provincias para poder ejercer este derecho, debido a la preocupante prevalencia de la objeción de conciencia por parte del personal sanitario y la administración.
Este grave abuso de la objeción de conciencia, que se ha generalizado en comunidades y hospitales, se encuentra en la raíz de la desigualdad en el acceso a un derecho garantizado por una ley orgánica vigente desde hace más de una década. Este derecho a la objeción, que en su naturaleza debe ser individual y no puede ser colectivo, se está empleando para privar a las mujeres de su derecho a decidir sobre su propio cuerpo.
LA TORTUOSA ODISEA DE ANTONIA
El caso de Antonia Correa es un ejemplo conmovedor que revela la magnitud de esta problemática. Su batalla duró ocho años, un periodo en el que no sólo se vio obligada a enfrentarse a un sistema de salud insensible, sino que también fue víctima de la falta de información, malas prácticas y maltrato psicológico. Antonia fue, en esencia, forzada a llevar su embarazo a término a través de la negación de información y el retraso intencionado de pruebas. Finalmente, se vio obligada a pagar por su viaje a Madrid y por los procedimientos en una clínica privada para interrumpir su embarazo debido a una afección congénita del feto. La falta de apoyo y la inhumanidad con la que fue tratada resultó en un estado de ansiedad y depresión, consecuencias que, como ella misma afirma, no han sido compensadas.
REDEFINIENDO PRIORIDADES
Es imperativo que los gobiernos regionales y el gobierno central trabajen de la mano para asegurar que los derechos reproductivos de todas las mujeres sean respetados y protegidos. Esto implica revisar y tomar medidas enérgicas contra el abuso de la objeción de conciencia, así como garantizar que las personas gestantes tengan acceso a la información y los servicios necesarios para tomar decisiones informadas sobre su salud reproductiva.
Las y los responsables políticos deben recordar que las mujeres no son meros portadores de futuras generaciones, sino ciudadanas con derechos plenos. En un mundo donde la lucha por la igualdad de género está en primer plano, España no puede permitirse ser un escenario donde las sombras de una narrativa distópica como ‘El cuento de la criada’ encuentren eco en la realidad vivida por miles de mujeres. Es hora de que la justicia, la compasión y la igualdad se conviertan en los pilares sobre los cuales se edifica el acceso a la atención sanitaria reproductiva para todas las personas.
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El enlace al análisis original es este: https://www.ft.com/content/8955cbef-afe8-4c9f-8381-b279c7f4c2c0
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