El juez Peinado, expuesto tras manipular testimonios en la causa contra Begoña Gómez 

La obsesión del magistrado por investigar cada paso profesional de Gómez desde que Pedro Sánchez asumió la presidencia no responde a los estándares de imparcialidad que exige su cargo.

La actuación del juez Juan Carlos Peinado en el llamado caso Begoña Gómez ha generado un nuevo episodio de cuestionamiento público, esta vez por la manipulación de declaraciones en sede judicial. Según consta, Peinado imputó a Juan Jesús Güemes, presidente del Centro de Estudios del Instituto de Empresa, tras tergiversar el testimonio de Sonsoles Gil de Antuñano, directora de Recursos Humanos de la misma institución. El juez aseguró que la testigo había declarado que Gómez fue contratada por ser la esposa del presidente del Gobierno, algo que la grabación demuestra que jamás ocurrió.

? Caso Begoña Gómez | Hemos accedido en exclusiva a los audios que revelan que el juez Peinado puso en boca de una testigo unas palabras que ella nunca pronunció#LaHora20Dhttps://t.co/nVKurq16H3 pic.twitter.com/GWqheQ9isW

— La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) December 20, 2024

Durante el interrogatorio, el magistrado preguntó directamente a Güemes si la contratación de Gómez obedecía a su relación con Pedro Sánchez, citando una supuesta declaración textual de Gil de Antuñano. Cuando el responsable del Instituto de Empresa negó esa motivación, Peinado interrumpió la sesión para cambiar su estatus de testigo a investigado. Cinco días después, pese a tener acceso a la grabación del interrogatorio de Gil de Antuñano, el juez insistió en su afirmación falsa y mantuvo la imputación contra Güemes.

Esta maniobra se suma a las numerosas denuncias de irregularidades en la instrucción, entre ellas, la acusación de haber emprendido una investigación prospectiva, prohibida por la ley, y de coaccionar a Pedro Sánchez a declarar de manera presencial, pese a que la legislación le permite hacerlo por escrito debido a su vínculo matrimonial con Gómez. El juez ha utilizado tácticas que bordean la legalidad, con decisiones que algunos califican como prevaricación.

LA BLINDADA IMPUNIDAD DE UN JUEZ POLÉMICO

A pesar de las evidentes irregularidades, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha blindado al juez Peinado frente a las tres querellas presentadas en su contra. Tanto la denuncia de la propia Begoña Gómez como la de la Abogacía del Estado, que representaba a la Presidencia del Gobierno, han sido desestimadas por una sala mayoritariamente conservadora.

El TSJM rechazó incluso la acusación de que Peinado obligó ilegalmente a Sánchez a declarar en persona, una maniobra que fue señalada como injusta por su carácter inquisitorio. Más aún, uno de los magistrados propuso sancionar al propio presidente y a la Abogacía del Estado con 6.000 euros por considerar la querella temeraria.

La estrategia de Peinado parece clara: multiplicar los frentes de investigación contra Gómez, pese a que, desde un punto de vista jurídico, los avances sean mínimos y las acusaciones se sustenten en interpretaciones cuestionables. El caso refleja una posible instrumentalización de la justicia con fines políticos. La obsesión del magistrado por investigar cada paso profesional de Gómez desde que Pedro Sánchez asumió la presidencia no responde a los estándares de imparcialidad que exige su cargo.

Mientras tanto, la defensa de Gómez y otros implicados, como Güemes, queda en manos de la apelación a instancias superiores. Pero el daño reputacional y los costes procesales continúan acumulándose. El caso Begoña Gómez parece menos una búsqueda de justicia y más un ejemplo de cómo algunos jueces utilizan la toga como herramienta de persecución política.