Cuando la extrema derecha defiende un algoritmo de desinformación y polarización 

El pánico no es a la censura. Es a perder una ventaja política construida sobre la desinformación, el odio y la economía de la atención.

La respuesta de la extrema derecha al anuncio del Gobierno sobre la regulación del espacio digital no ha tenido nada de improvisada. Ha sido automática, casi mecánica. Bastó con que el Ejecutivo, encabezado por Pedro Sánchez, insinuara la necesidad de intervenir sobre las plataformas para que se activara el mismo libreto de siempre: gritos de censura, acusaciones de autoritarismo y una apelación grandilocuente a una supuesta “libertad de expresión” amenazada. No es un reflejo democrático. Es una estrategia defensiva.

Nada de esto ocurre en el vacío. La extrema derecha no reacciona así porque ame la libertad, sino porque entiende perfectamente el papel que juegan hoy los algoritmos en la disputa política. Las redes sociales no son ya simples canales de comunicación, sino infraestructuras de poder que moldean el debate público, jerarquizan voces y deciden qué discursos circulan y cuáles se hunden en el silencio. Quien controla ese diseño, o se beneficia de él, parte con ventaja.

Por eso Vox y su líder, Santiago Abascal, han salido en tromba a denunciar un ataque imaginario a la libertad de pensamiento. El marco es conocido: regular equivale a censurar, gobernar equivale a imponer y cualquier límite jurídico es presentado como una mordaza ideológica. Es un relato eficaz porque desplaza el debate del terreno material al emocional. No se discute qué hacen los algoritmos ni a quién benefician. Se agita el miedo.

Pero la discusión real es otra. Las plataformas digitales no son neutrales y nunca lo han sido. Sus sistemas de recomendación premian el contenido que genera más interacción, no el más riguroso. La indignación, el conflicto y la mentira viralizan mejor que los matices. Y ese ecosistema ha sido extraordinariamente funcional para los discursos de extrema derecha, que simplifican, polarizan y convierten la política en un espectáculo permanente de enemigos y traiciones.

No es un fenómeno exclusivamente español. La ofensiva ultra contra cualquier intento de regulación es transnacional. Se repite en Francia, en Alemania, en Estados Unidos y en Bruselas. Hace apenas unos días, en el Parlamento Europeo, una cumbre de fuerzas reaccionarias se presentó bajo el lema de la “libertad de expresión contra la cultura de la cancelación”. El resultado fue previsible: ataques a los derechos reproductivos, cuestionamiento de las personas LGTBI y una reivindicación de valores supuestamente “occidentales” y “cristianos” frente a una democracia a la que acusan de decadente.

Aquí se produce un giro clave. La libertad de expresión deja de ser un derecho garantizado por un marco jurídico común y se redefine como derecho a discriminar sin consecuencias. Cualquier norma que proteja a colectivos vulnerables pasa a ser presentada como persecución ideológica. El Estado, como censor. La ley, como amenaza. Es una inversión retórica que busca deslegitimar de raíz cualquier intervención pública.

Sin embargo, el debate europeo va justo en la dirección contraria. La Unión Europea lleva años asumiendo que el mercado no corrige por sí solo los daños del ecosistema digital. El Reglamento de Servicios Digitales, aprobado en 2022 y plenamente exigible desde febrero de 2024, parte de una idea básica: las grandes plataformas ejercen un poder estructural sobre la esfera pública y deben rendir cuentas. Transparencia algorítmica, protección de menores y responsabilidad frente a la desinformación no son síntomas de autoritarismo, sino mínimos democráticos.

Los datos acompañan esa preocupación. Según el Eurobarómetro publicado en febrero de 2026, la percepción de exposición a la desinformación en la UE ha aumentado ocho puntos en un solo año. En España, las cifras son aún más contundentes: el 85% de la población considera la desinformación una amenaza grave y el 82% señala el discurso de odio como un problema central. No hablamos de abstracciones ideológicas, sino de una alarma social ampliamente compartida.

La extrema derecha responde a este contexto con dos movimientos clásicos. El primero es la confusión deliberada entre regulación y censura. El segundo, la victimización. Se presentan como las principales perjudicadas de unas normas que, en realidad, buscan corregir desequilibrios evidentes. Pero lo cierto es que el actual diseño algorítmico ha jugado a su favor durante años, amplificando mensajes simplistas y emocionalmente agresivos que encajan como un guante en la lógica de la viralidad.

En este tablero aparece también Elon Musk, convertido en referente político y empresarial de este ecosistema. Desde que tomó el control de Twitter, hoy X, ha envuelto decisiones corporativas muy concretas en una retórica maximalista sobre la libertad de expresión. Menos moderación, más ruido y una plataforma convertida en laboratorio de radicalización rentable. Su rechazo frontal a la regulación no es solo ideológico. Afecta al corazón de un modelo de negocio basado en la atención ilimitada.

Hay, además, un factor generacional que no puede ignorarse. Las y los jóvenes se socializan políticamente en entornos digitales donde la frontera entre información, entretenimiento y propaganda es cada vez más difusa. Dejar ese espacio sin reglas no es neutral. Es una forma de abandono institucional que otros actores han sabido aprovechar.

Regular no es censurar. Es asumir que la democracia no puede dejar su infraestructura comunicativa en manos de intereses privados sin control. Y la pregunta que la extrema derecha esquiva sigue intacta, incómoda y urgente: ¿quién gana cuando el algoritmo manda y nadie lo gobierna?