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Junts se sienta a la mesa con la patronal para explicar su ruptura con Sánchez: el independentismo de élite que no quiere perder su influencia económica.
CATALUNYA, NEGOCIOS Y DESOBEDIENCIA SELECTIVA
Lo que se presentó como una simple cena entre dirigentes de Junts y grandes empresarios catalanes fue, en realidad, una sesión de terapia entre socios que no quieren romper del todo. Tres días después de que el partido de Carles Puigdemont dinamitara su alianza con el Gobierno de Pedro Sánchez, Albert Batet y Míriam Nogueras acudían a un encuentro organizado por Ignacio Marull, socio de PwC, para explicar a la élite económica catalana que no estaban contra el poder, sino negociando con él desde otro ángulo.
Porque Junts ha hecho del independentismo un producto de boutique. Rompen con Madrid en los discursos, pero mantienen abiertas todas las puertas donde se corta el bacalao: patronales, consejos de administración y cenas con apellidos de siempre. La cita reunió a figuras como Teresa Garcia-Milà (Cercle d’Economía), Pau Relat (Fira de Barcelona), Miquel Martí (Moventia), Xavier Pujol (Ficosa), Emili Rousaud (Factor Energía) y Javier Faus (Meridia). No estaban allí en nombre de sus empresas, se dijo, sino “a título personal”. Una frase que en política suele significar que están allí para garantizar que nada importante cambie.
En esa cena, Junts explicó que su nueva estrategia es “cobrar” lo ya entregado al Gobierno: apoyo parlamentario a cambio de beneficios tangibles. Es decir, un chantaje político convertido en negocio. La independencia que defienden no es la de un país, sino la de sus intereses de clase.
EL NEGOCIO DEL BLOQUEO
Junts presentó ante la patronal su hoja de ruta de sabotaje: Presupuestos, reforma de la Justicia, ley de secretos oficiales o la norma que refuerza la representación sindical en los consejos de empresa. Nogueras y Batet lo dejaron claro: “Hasta que no nos paguen, no se vota nada”. En nombre de la soberanía catalana, pero defendiendo los mismos dogmas económicos que los grandes despachos de Madrid.
De hecho, Junts ha sido el partido que más ha defendido las posiciones de Foment del Treball en el Congreso, alineándose con las demandas empresariales frente a cualquier intento de redistribución o de control público. Rechazaron la jornada laboral de 37,5 horas, se opusieron a prorrogar el impuesto a las energéticas y se revolvieron contra la ley que obliga a incorporar representación sindical en las grandes compañías. Su supuesta rebeldía se limita a garantizar que el capital catalán siga respirando sin sobresaltos.
Mientras, la élite económica observa con una mezcla de prudencia y complicidad. Saben que la legislatura pende de un hilo, pero también que Junts no romperá jamás con el poder del dinero. Lo que temen no es la inestabilidad política, sino perder su influencia en el reparto de beneficios y concesiones.
Desde 2023, Puigdemont y la patronal han ido recomponiendo un vínculo que se rompió durante el procés. Josep Sánchez Llibre, presidente de Foment, ha sido clave en ese restablecimiento. El exilio político y la fuga de empresas fueron heridas que ahora se maquillan con cenas discretas y promesas de estabilidad. El independentismo de Junts se ha convertido en una marca blanca del neoliberalismo catalán, capaz de gritar “llibertat” mientras negocia exenciones fiscales.
Batet y Nogueras intentaron convencer a los presentes de que las encuestas que dan alas a Aliança Catalana exageran su fuerza. El mensaje era otro: que Junts sigue siendo el canal fiable para que los negocios sigan su curso, incluso en tiempos de crisis institucional. Un independentismo que se viste de épica para las masas y de traje oscuro para las cenas privadas.
Porque el verdadero “color del dinero” no es el de la bandera, sino el del silencio de los despachos donde se pacta quién gana cuando el país se bloquea.
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