“Los fondos los facilité de la caja fuerte que se encontraba en mi despacho”, señaló el ex tesorero en un escrito en el que sitúa a Libertad Digital, el periódico de Losantos, con la «caja B» del PP.
Luis Bárcenas, extesorero del PP, se ha sentido traicionado por el partido después de que altos cargos del mismo le asegurasen que su esposa no ingresaría en prisión si, como finalmente ha sucedido, resultaba implicada en alguna de las causas abiertas a la red Gürtel.
Él se encuentra en la cárcel de Soto del Real y su esposa, Rosalía Iglesias en Alcalá Meco. Iglesias se ha mostrado también dispuesta a colaborar con la justicia en lo que ella pueda aportar, ya que fue testigo de muchas conversaciones de su marido con dirigentes populares.
Por ello, Bárcenas ha empezado por cambiar de abogado y ha decidido tirar de la manta y confesar todo lo que sabe sobre la financiación del partido y, para ello, ha remitido un escrito a la Fiscalía Anticorrupción a unos días del comienzo del juicio sobre la financiación ilegal del PP, donde se sienta como principal acusado.
Su nuevo abogado, Gustavo Galán, es también el letrado de otros tres implicados en la red Gürtel: el exalcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero; el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega e Isabel Jordán, administradora en dos de la quincena de empresas que formaban el entramado mercantil que dirigía Correa.
La confesión de Bárcenas salpica a Losantos
En el escrito, Bárcenas afirma que en 2009 el expresidente del Gobierno y ex líder del PP, Mariano Rajoy, destruyó los documentos en los que se habían anotado todos los movimientos de la supuesta caja ‘B’ del partido sin saber que él se había quedado con una copia.
Pero la confesión del extesorero del PP no solo salpica a Mariano Rajoy y a otros destacados populares sino también al grupo de comunicación presidido por Federico Jiménez Losantos, Libertad Digital.
Bárcenas aseguró que “desde 1982 existió institucionalizado un sistema de financiación del PP con percepciones en «b» que se realizaban a través de donativos”. Con esos donativos, entre otras cosas, importantes dirigentes recibían “complementos salariales en b” y se compraban acciones de Libertad Digital.
Siempre según palabras de Bárcenas, las personas que recibieron estos complementos salariales fueron en concreto: Mariano Rajoy, Dolores de Cospedal, Federico Trillo, Pío García Escudero, Francisco Álvarez Cascos, Ángel Acebes, Javier Arenas, Rodrigo Rato y Jaime Ignacio del Burgo.
A través de un comunicado, Del Burgo ha negado haber recibido un sobresueldo del PP: «Nunca, jamás, percibí un sobresueldo del Partido Popular. Nunca, jamás, ni don Álvaro Lapuerta ni Bárcenas me entregaron cantidad alguna en concepto de sobresueldo».
“En lo que afecta a la suscripción de acciones de ‘Libertad Digital’ por Álvaro Lapuerta, por importe aproximado de 140.000 euros que tuvo lugar a finales de 2004, dicha suscripción se realizó por parte de Álvaro con fondos procedentes de la caja b, que me pidió que se los facilitara, y así hice, de la caja fuerte que se encontraba en mi despacho”, relató Luis Bárcenas, según el documento desvelado por El País.
«El motivo por el cual se suscribieron estas acciones fue a consecuencia del aumento de capital social que se realizó por Libertad Digital y por razón de que este medio resultaba afín a las ideas del Partido Popular y especialmente a las tesis de la autoría de ETA en los atentados del 11-M que tuvieron lugar unos meses antes de la suscripción de estas acciones”, ha añadido.
El juicio sobre la caja B del PP
El juicio sobre la denominada caja b del PP, que comenzará el 8 de febrero en la Audiencia Nacional. La Fiscalía pide para Bárcenas cinco años de prisión por supuestos delitos de apropiación indebida, falsedad documental y contra la Hacienda Pública.
Esta causa se centra en las obras de reforma por valor de 900.000 euros (pagados con dinero de la citada caja B) de la sede central del partido en calle de Génova y el supuesto fraude fiscal cometido por el PP al no declarar a Hacienda las donaciones ilegales recibidas en 2008.
En julio de 2013, Bárcenas reconoció ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz la existencia de la caja b popular, que él mismo controló durante casi 20 años, pero ahora detallará todos los aspectos de la financiación ilegal del PP y los pagos en negro hechos por las obras de la sede de Génova e incluso los pagos de sobresueldos a la cúpula del partido entre 1990 y 2009.
En dicho juicio declararán como testigos los expresidentes del Partido Popular y del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
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La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
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No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
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