Así ha cambiado la gestión del agua en España desde el franquismo 

Salto de Aldeadávila (Aldeadávila de la Ribera, Salamanca) inaugurado por Francisco Franco el 17 de octubre de 1964. Wikimedia Commons / Pabloherreros, CC BY-SA

La agenda de la gestión medioambiental enfrenta no pocos retos. Uno de los más críticos es la gestión del agua, ya que sin el oro azul la vida es, sencillamente, imposible. Pero tan apreciado líquido ha tenido la mala fortuna de ser visto como un bien y un recurso económico. Esto ha comenzado a cambiar, y ahora se empieza a considerar como algo más, como un derecho humano, reconocido por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Históricamente, España ha tenido una relación compleja con el agua. La posición geográfica, el clima y la orografía del país provocan que la cantidad disponible sea territorialmente irregular, más abundante en el norte que en el sur.

Dado que el clima dominante es el mediterráneo, son frecuentes las sequías (a veces, también las inundaciones). Las carencias se agravan, además, por la inexistencia de grandes ríos u otras masas de agua dulce como los lagos naturales. Es un país sediento de agua, en el que, además, su demanda no ha parado de aumentar durante el último medio siglo.

La democracia y la preocupación ambiental

En el pasado, su gestión no fue la más adecuada. Preocupados como estábamos por disponer de una abundante oferta de agua para todos los usos, se priorizó el desarrollo de unas potentes infraestructuras, especialmente los embalses y los trasvases entre cuencas hidrográficas.

Afortunadamente, aunque con lentitud, las cosas están cambiando. Desde la llegada de la democracia se comenzó a gestar un nuevo enfoque sobre el uso de determinados recursos y sobre el medio ambiente.

El posterior ingreso en la Comunidad Europea dio un impulso extra, pues significó una puesta al día para los gobernantes españoles. Este organismo cuenta con una larga tradición legisladora, desde la publicación de la Carta Europea del Agua (en 1968); y dispone, asimismo, de numerosos programas de acción y de directivas sobre medio ambiente.

Como resultado, España se incorporó a esta nueva corriente, con la aprobación, en 2007, de la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible. Junto a ella, se aprobó el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y una creciente batería de normas con las que hacer frente a esta problemática.

Francisco Franco inaugurando la presa de Bemposta, en el cauce del Duero, entre España y Portugal, en la zona de las Arribes del Duero, el 17 de octubre de 1964.
Foto Laso / Filmoteca de Castilla y León

Cambios desde el franquismo

Sin entrar en detalles sobre la legislación, lo cierto es que la gestión del agua en España ha experimentado profundos cambios en este lapso de tiempo.

De la dictadura franquista se salió con un contexto marcado por una gestión predominantemente municipal. Desde entonces, se ha pasado a otra mayoritariamente privada, que se encuadra en el creciente neoliberalismo que vivimos desde finales del siglo XX a nivel internacional.

A día de hoy, una parte considerable del suministro se halla en manos de dos grandes conglomerados empresariales, que operan a escala global en todo el mundo, FCC y Aguas de Barcelona.

Por lo que respecta al mapa de usos, este se asemeja al de otros países de la Europa meridional. Se pueden distinguir dos grandes fases en el ciclo hidrológico:

La primera, la de almacenamiento (principalmente en embalses) y transporte hasta los municipios. Su control corresponde a las Confederaciones Hidrográficas, que se ocupan del cuidado de los cauces de los ríos y de las infraestructuras. En esta fase se regula el consumo agrícola, el de las grandes industrias y el de las centrales eléctricas.

La segunda fase comienza con la cesión del agua a los municipios. Estos la distribuyen a los usuarios residenciales y, posteriormente, se recoge a través del alcantarillado y se trata en plantas de depuración, para su retorno a los cauces naturales.

Usos agrícolas y urbanos

La fuente mayoritaria son las aguas superficiales (casi dos terceras partes del total), si bien las aguas subterráneas y la desalación progresivamente están ganando cuota.

En conjunto, existe una elevada concentración de la demanda en los usos agrícolas. Los usos urbanos, que suelen dividirse en domésticos (hogares) y no domésticos (industria, actividades comerciales y usos públicos), representan casi una tercera parte de los agrarios.

Lo positivo es que, en todos estos casos, se aprecia desde hace más de una década una tendencia a la contención de los consumos, gracias a la introducción de sistemas que facilitan el ahorro de agua.

Embalse de Barrios de Luna en septiembre de 2017. A principios de octubre de 2017 se encontraba en una situación crítica al 5% de su capacidad.
Wikimedia Commons / Pablox, CC BY-SA

Hacia una nueva cultura del agua

Por otro lado, y esto es de vital importancia, la denominada nueva cultura del agua ha promovido un cambio de conciencia, tanto entre los gestores como entre los ciudadanos. De un enfoque basado en la oferta y en el incremento del volumen de agua suministrada se ha avanzado gradualmente hacia políticas más centradas en el control de la demanda.

En fechas más recientes también han cobrado fuerza los planteamientos de la economía circular, en paralelo a los compromisos internacionales relativos al cambio climático y a las estrategias de desarrollo sostenible.

Sin embargo, aún queda un largo camino por recorrer, ya que los avances han sido desesperadamente lentos. Además de las normas que se establezcan, los ciudadanos debemos ser conscientes de que es un recurso (conste que no nos sentimos del todo cómodos con esta etiqueta…) que no podemos malgastar, pues cuando lo dejamos correr, se pierde para siempre, salvo que consigamos reciclarlo eficientemente.

Debemos avanzar en esos dos caminos. Por un lado, sí, recuperación y reutilización. Pero también cada uno de nosotros debe reflexionar sobre el hecho de que la sostenibilidad y viabilidad futura del planeta depende de nuestras decisiones. La simple acción de abrir un grifo exige una responsabilidad hacia todos los seres vivos.

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