Harvard planta cara: demanda a la Administración Trump por chantaje ideológico 

La universidad más prestigiosa del planeta acusa al Gobierno de utilizar el antisemitismo como coartada para controlar la educación superior

La Universidad de Harvard ha declarado la guerra judicial al Gobierno de Donald Trump tras recibir un ultimátum que condicionaba la financiación pública a un listado de exigencias tan ilegales como ideológicamente motivadas. Según la demanda presentada el 21 de abril de 2025 en un tribunal federal de Massachusetts, la administración republicana habría amenazado con congelar más de 2.200 millones de dólares en subvenciones federales si la institución no se plegaba a sus designios.

Entre las condiciones impuestas figuraban disparates autoritarios como la fiscalización ideológica del profesorado, la obligación de delatar a estudiantes internacionales acusados de mala conducta y la imposición de un «supervisor externo» que garantizase la «diversidad de puntos de vista» en los departamentos académicos. La estrategia recuerda a regímenes donde las aulas se transforman en trincheras de propaganda. Pero esto no ocurre en Turquía o Hungría. Está pasando en Estados Unidos.

El pretexto esgrimido por el Gobierno para este chantaje presupuestario ha sido, según la demanda, la supuesta pasividad de Harvard frente al antisemitismo, una acusación que el propio presidente de la universidad, Alan M. Garber, desmiente categóricamente. “Como judío y como estadounidense, reconozco la gravedad del antisemitismo”, afirmó Garber en un comunicado. “Pero el Gobierno no puede decidir a quién contratamos ni qué enseñamos. Eso no es luchar contra el odio. Es instrumentalizarlo”.

El ataque no se limita a Harvard. Ya han sido amenazadas otras universidades como Columbia, Cornell, Princeton o Northwestern. En todos los casos, la línea común es evidente: acallar voces críticas y desmantelar políticas de inclusión racial y de género. En plena cruzada reaccionaria, la administración ha ordenado suspensiones inmediatas de investigaciones médicas vitales, como las dedicadas al tratamiento de la tuberculosis o la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), desarrolladas en la Escuela de Salud Pública T.H. Chan, que depende en un 50 % de fondos federales.

DE LA CENSURA AL SAQUEO

El portavoz de la Casa Blanca, Harrison Fields, justificó el ataque en términos dignos del Tea Party más delirante: “El tren de la salsa para universidades como Harvard, que enriquecen a sus burócratas a costa de las familias estadounidenses, se ha acabado”. Como si financiar la investigación científica fuese un despilfarro y no una inversión social. Como si los y las investigadoras fuesen una casta parásita. La narrativa trumpista busca convertir la universidad en un campo de batalla cultural, donde lo público es sospechoso, la crítica se castiga y el conocimiento se somete.

La demanda presentada por Harvard subraya que estas maniobras vulneran la Primera Enmienda de la Constitución, que protege la libertad de expresión y el pluralismo ideológico. Citando una histórica sentencia del Tribunal Supremo de 1969, el texto recuerda que “el aula es, por excelencia, el mercado de las ideas que la Primera Enmienda fue diseñada para proteger”. Pero lo que pretende el Gobierno es imponer un mercado de una sola idea.

Como ha denunciado el politólogo Ryan Enos, uno de los autores de la carta firmada por más de 800 docentes instando a la universidad a resistir, “esto no es solo un ataque a la educación. Es un ataque a la sociedad civil entera”. El entusiasmo con el que la comunidad académica y estudiantil ha recibido la decisión de Harvard es el reflejo de esa amenaza común: la intervención del poder político en la autonomía del pensamiento.

No se trata, en última instancia, de Harvard. Se trata del precedente. Si el Gobierno puede someter a la universidad más poderosa del planeta, ¿qué no hará con las demás? ¿Qué pasa con las pequeñas instituciones públicas, con menos recursos, menos abogados, menos visibilidad?

La maniobra no solo es ideológica. También es económica. La congelación de fondos afecta a proyectos del Instituto Nacional de Salud (NIH), principal organismo público de investigación médica en EE.UU. Es decir, se pone en riesgo la salud pública para ganar una guerra cultural. Harvard ha advertido que la interrupción de estos fondos provocará recortes graves en sus programas, y ya se han ejecutado órdenes de paralización inmediata de investigaciones con implicaciones directas en la salud de millones de personas.

El litigio señala a figuras clave de la administración como Robert F. Kennedy Jr., secretario de Salud y Servicios Humanos, y Linda M. McMahon, secretaria de Educación. También nombra a la fiscal general Pamela J. Bondi y al administrador de la GSA, Stephen Ehikian. Todos ellos han contribuido a configurar esta ofensiva, una vendetta disfrazada de política pública.

Para defenderse, Harvard ha contratado a dos juristas con vínculos directos con la era Trump: William A. Burck, exasesor ético de la Trump Organization, y Robert K. Hur, exfiscal especial del Departamento de Justicia. Una elección estratégica que busca blindar la demanda desde dentro del propio sistema.

La respuesta judicial podría sentar jurisprudencia decisiva sobre los límites del control federal sobre el contenido académico. Pero mientras tanto, el mensaje lanzado por la administración es claro: si las universidades no sirven a su narrativa, se les retira el oxígeno económico.

Harvard se niega a entregar su soberanía intelectual. Y con ello, defiende la de todas las demás.

Enlace a la demanda original y cobertura completa en The New York Times: Harvard Sues Trump Administration Over Threats to Cut Funding.