La combinación de desinformación, difamación y financiación oscura ha definido el proyecto político de Alvise Pérez.
Luis ‘Alvise’ Pérez Fernández, agitador de extrema derecha y eurodiputado de Se Acabó La Fiesta, ha construido su carrera política sobre una estrategia de confrontación, desinformación y escándalo. Las múltiples condenas y denuncias acumuladas en los últimos años no solo reflejan su comportamiento en el ámbito político, sino también una peligrosa normalización de la mentira y la manipulación en la esfera pública. Desde difamaciones personales hasta casos de financiación irregular, Alvise se ha convertido en un símbolo de la deriva ultra y de la impunidad con la que determinados sectores de la política operan en España.
DIFAMACIÓN Y ATAQUES PERSONALES: UN MÉTODO DESTRUCTIVO
El historial de Alvise Pérez está marcado por una serie de acusaciones falsas y ataques personales que han terminado en los tribunales en múltiples ocasiones. Uno de los primeros casos mediáticos tuvo lugar en marzo de 2020, cuando acusó falsamente a Manuela Carmena de recibir un respirador privado para evitar acudir a un hospital público durante la pandemia de COVID-19. Carmena negó las acusaciones y presentó una demanda. En 2023, Alvise fue condenado a borrar el tuit y a pagar una indemnización de 5.000 euros, condena que fue confirmada por la Justicia en enero de 2025. Difamar y mentir son parte del manual político de Alvise, pero esta vez le salió caro.
En abril de 2020, el blanco fue Ana Pastor y la plataforma Newtral. Alvise acusó falsamente a Pastor de tener vínculos con el PSOE, lo que llevó a una demanda por intromisión en el derecho al honor. Aunque en primera instancia fue desestimada, el Tribunal Supremo finalmente condenó a Alvise en junio de 2024 a pagar 7.000 euros a Pastor por vulnerar su imagen al publicar dos fotos sin interés informativo. La estrategia es clara: sembrar dudas, atacar la credibilidad y buscar el linchamiento público.
Óscar Puente, entonces alcalde de Valladolid, también fue objeto de una campaña de desprestigio en octubre de 2020. Alvise publicó fotos y acusaciones sobre supuestos contratos irregulares y vehículos de lujo. La Audiencia Provincial terminó desestimando la querella, pero el daño público ya estaba hecho.
El ataque personal más grave hasta la fecha fue contra José Luis Ábalos, exministro de Transportes. Alvise publicó fotos íntimas de Ábalos en su casa, insinuando que tenía problemas de salud mental. La Justicia ha sido contundente: en marzo de 2025, una jueza de Madrid condenó a Alvise a indemnizar con 60.000 euros a Ábalos por vulneración del derecho al honor y a la intimidad. La jueza fue clara: «No tiene patente de corso para insultar o menospreciar a su rival político.» Una condena que refuerza el patrón de actuación de Alvise: explotar la vida privada de sus oponentes para deslegitimarles públicamente.
Incluso la familia de Pedro Sánchez ha sido blanco de sus ataques. En noviembre de 2023, Alvise difundió información privada sobre la hija de Sánchez, acusando al presidente de hipocresía. La afectada presentó una demanda por vulneración de la privacidad. Lo mismo ocurrió con la hija de Óscar Puente, cuya foto fue publicada por Alvise cuando era menor de edad. La Agencia Española de Protección de Datos le impuso una multa de 5.000 euros por esta violación.
FINANCIACIÓN IRREGULAR Y CORRUPCIÓN: EL LADO OSCURO DEL POPULISMO
El escándalo más reciente que rodea a Alvise Pérez es el cobro de 100.000 euros en efectivo y sin factura de Madeira Invest Club, una empresa vinculada al sector de las criptomonedas. El propio Alvise reconoció públicamente el cobro en septiembre de 2024, justificándolo como un pago por «servicios prestados» sin especificar en qué consistían esos servicios. La Fiscalía investiga este caso por posible financiación ilegal, ya que el pago se produjo justo antes de que Alvise iniciara una gira de mítines por España.
El trasfondo de este caso es aún más turbio. Alvise supuestamente prometió legislar a favor de los intereses del empresario Álvaro Romillo, especializado en criptomonedas, a cambio de ese pago. El caso ha llegado al Tribunal Supremo, ya que Alvise, al ser eurodiputado, está aforado.
Pero este caso de financiación irregular no es un hecho aislado. En 2021, Facua denunció a Alvise por su campaña «Gobierno Dimisión», donde vendió banderas y carteles con la imagen de Pedro Sánchez, exponiendo datos privados de clientes y usando sin permiso una obra de Carlos Spottorno. Fue sancionado por violar la protección de datos.
La combinación de desinformación, difamación y financiación oscura ha definido el proyecto político de Alvise Pérez. Su capacidad para crear narrativas falsas y movilizar a través de las redes sociales ha sido efectiva en términos electorales, pero ha dejado un reguero de condenas y problemas judiciales. La pregunta ahora es si esta estrategia de confrontación y manipulación encontrará finalmente un límite legal o si la impunidad seguirá siendo la norma para este agitador de extrema derecha.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
A FONDO: ¿Quién GANA con el CAOS en CEUTA? #Reportaje SR
¿Qué ocurre cuando las personas dejan de ser tratadas como seres humanos y pasan a utilizarse como herramientas políticas? En este nuevo #ReportajeSR de Spanish Revolution, Léa Gugelmann analiza a fondo la…
THUNDERFORGE – El PENTÁGONO se echa en manos de la INTELIGENCIA ARTÍFICIAL #ReportajeS
El Pentágono ha dado un paso sin precedentes: poner la toma de decisiones y la estrategia militar en manos de la inteligencia artificial. Patricia Salvador te cuenta en este #ReportajeSR cómo, a…