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El nuevo gobierno lanza su ofensiva contra las pensiones, el desempleo y los servicios públicos mientras 60.000 personas toman Bruselas
Diez días. Ese ha sido el tiempo que ha tardado el nuevo gobierno belga en desencadenar una movilización masiva. Más de 60.000 personas salieron a las calles de Bruselas para rechazar la política de austeridad impuesta por la coalición liderada por Bart De Wever, el independentista flamenco que encabeza el llamado Gobierno de Arizona. Un nombre exótico para lo que, en realidad, es un clásico: un ajuste brutal que carga el peso de la crisis sobre trabajadoras y trabajadores, mientras se blindan los privilegios de las grandes fortunas.
El plan es claro: trabajar más años por menos pensión, reducir el subsidio de desempleo y recortar la financiación de los hospitales, mientras se incrementa el gasto militar hasta el 2% del PIB en 2029. Es decir, menos seguridad para la gente y más dinero para la industria armamentística. El expolio tiene cifras: el Ejecutivo pretende ahorrar 23.000 millones de euros de aquí a 2029 a costa de la clase trabajadora.
Entre las primeras medidas, destaca el golpe a las pensiones. En 2025, la edad de jubilación ha subido de 65 a 66 años y en 2030 alcanzará los 67, pero el nuevo gobierno quiere ir más lejos. Ha puesto en su punto de mira los regímenes especiales de militares y ferroviarios, eliminando las condiciones que los llevaron a enlistarse. «Nos están cambiando las reglas a mitad del partido», denunciaba un soldado a Euronews.
DESTRUCCIÓN DEL ESTADO DEL BIENESTAR: MÁS PRECARIEDAD, MÁS DESIGUALDAD
El gobierno de De Wever no se conforma con atacar las pensiones. También ha decidido restringir el subsidio de desempleo a dos años, cuando hasta ahora era indefinido. Quienes pierdan su trabajo y no encuentren otro en ese tiempo quedarán abandonados a su suerte.
El plan de ajuste no se detiene ahí. El personal sanitario ya teme el colapso de los hospitales, mientras que en las residencias de mayores la situación es desesperada. «No nos sustituyen. Hay una auxiliar para toda una planta. Con los recortes, será peor. No podremos cuidar a nuestros ancianos», explicaba Marguerite Ilboudo, trabajadora del sector con 62 años.
Pero si el gobierno ataca a la población trabajadora, ¿qué pasa con los grandes capitales? Nada. Ni un solo impuesto nuevo para los más ricos, ni una contribución adicional de las grandes empresas que, con beneficios récord, no ven su parte del «ajuste». La precariedad y la pobreza avanzan mientras los poderosos se blindan.
La respuesta no se ha hecho esperar. Los sindicatos han paralizado el transporte público, el espacio aéreo quedó cerrado por la huelga de controladores y se registraron enfrentamientos frente a las sedes de los partidos gobernantes. Es solo el comienzo. La calle ha hablado.
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