«Ya sabemos que en España las relaciones familiares no tienen ninguna importancia en la política»
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha demostrado una vez más que, si haces del dinero tu Dios, te acosará como el demonio. Sin embargo, parece tocada por la diosa fortuna. Se ha dicho que la habilidad de no ser tocado por la porquería que te rodea es un talento especial, y la presidenta de la Comunidad de Madrid parece tenerlo en abundancia. Ayuso celebraba ayer el archivo de la investigación que mantenía abierta la Fiscalía Europea sobre las comisiones que cobró su hermano Tomás Díaz Ayuso de un contrato a dedo del Gobierno regional para comprar mascarillas durante los peores meses de la pandemia. Y eso que no han encontrado pruebas de sobreprecios. Menudo alivio, ya podemos dormir tranquilos sabiendo que todo está en orden.
Ayuso se muestra orgullosa del trabajo que está haciendo su gobierno, que «lo único que hace es trabajar cada día por mejorar la Comunidad de Madrid». Desde luego, lo están haciendo tan bien que la Fiscalía Europea se ha quedado encantada con su actuación. Es normal que la presidenta regional se sienta tan satisfecha con el resultado, después de todo, la investigación se ha centrado en su hermano, que según ella es un ciudadano anónimo alejado de la política y ajeno a ella. Ya sabemos que en España las relaciones familiares no tienen ninguna importancia en la política, así que no nos sorprende que la presidenta no vea nada raro en el asunto.
La empresa con la que colaboraba el hermano de la presidenta regional pagó 540.000 euros por comprar las mascarillas y después cobró 1.512.500 euros de la Comunidad de Madrid, es decir, casi el triple de lo que habían costado. Pero no hay pruebas de sobreprecios, así que no hay nada que investigar. ¿Qué importa si el contrato fue uno de los más costosos de las grandes adquisiciones que se hicieron esos días en el mercado persa de las mascarillas durante las primeras semanas de pandemia? ¡Todo está en orden!
Pero no solo la presidenta está de enhorabuena, también su vicepresidente Enrique Ossorio. Resulta que se está beneficiando del bono de calefacción para «vulnerables». Sí, el número dos de Ayuso, con más de 100.000 euros de retribución por su cargo público, un piso cuyo valor catastral supera los 400.000 euros y activos financieros por 1,4 millones, es vulnerable. Qué maravilla, esto es lo que se llama empatizar con los más necesitados. Seguramente se trate de un error en el sistema. Perdón, del ‘Sistema’.
Pero lo mejor de todo es cuando Ossorio habla de los pobres. Según él, en Madrid no hay tres millones de personas en situación de vulnerabilidad, como afirma Cáritas en un informe, sino que la gente ve que Madrid es una región rica que crece más rápido que España. En definitiva, que los pobres no existen. Menos mal que tenemos políticos como Ossorio para explicarnos la realidad.
Lo dicho: todo lo que rodea a Ayuso tiene un intenso olor desagradable, pero ya sea por fortuna o por gestiones certeras para con la prensa local, nada consigue tocarla.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
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