La Policía Nacional ha detenido en Alcoi (Alicante) a un empresario de 38 años por presuntamente explotar a trabajadores en una nave de reciclaje de ropa.
La Policía Nacional ha detenido en la localidad alicantina de Cocentaina a un empresario de 38 años por presuntamente explotar a trabajadores en una nave de reciclaje de ropa, con jornadas semanales de más de 50 horas por un sueldo de 150 euros a la semana, sin ningún tipo de cobertura social y en pésimas condiciones.
Esta operación se enmarca en la lucha contra la explotación laboral y la utilización de ciudadanos extranjeros en situación irregular como mano de obra barata aprovechando su situación de necesidad, informa Jefatura.
Tras las pesquisas se ha considerado que dichas prácticas delictivas se daban en un contexto y bajo la promesa de este a regularizar la situación de sus 13 empleados, migrantes en situación irregular en España.
Llegado el momento nunca se llevó a cabo el trámite y se les exigió 8.000 euros por tal de proceder. Además, Inspección de Trabajo comprobó que varios de los identificados, pese a estar en situación legal, carecían de contrato y de cualquier tipo de seguro.
Ante esta situación, la unidad adscrita de Policía Nacional a la Comunitat Valenciana extendió un acta de infracción para proponer una sanción a la empresa en base a las deficiencias.
Analizada la información y las declaraciones en comisaría, el empresario, de nacionalidad marroquí, fue arrestado por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores, dando cuenta al Juzgado de Instrucción de Alcoi en funciones de guardia.
Estas investigaciones y pesquisas en el ámbito laboral se han incrementado desde que Yolanda Díaz es la responsable del Ministerio de Trabajo y ya se han aflorado más de 1.000 contratos fraudulentos al día.
El PP por su parte ya declaró que las investigaciones en el ámbito del campo son «casi un delito», no han comentado nada sobre la industria textil pero es de imaginar su posicionamiento.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
A FONDO: ¿Quién GANA con el CAOS en CEUTA? #Reportaje SR
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THUNDERFORGE – El PENTÁGONO se echa en manos de la INTELIGENCIA ARTÍFICIAL #ReportajeS
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