ElDiario.es muestra el doble rasero de Rivera: «Pide una indemnización de 500 días por año cuando él reclamaba que fuera de 20 en C’s» 

Albert Rivera ha reclamado al bufete de abogados Martínez-Echevarría, para el que trabajaba desde marzo de 2020, que le abone su sueldo hasta 2025.

Albert Rivera pretende cobrar hasta 2025 tras abandonar el bufete de abogados de Martínez – Echeverría. «La cantidad que pide el expresidente de Ciudadanos ronda los 500 días por año trabajado», ha calculado elDiario.es, «que contrastan con el modelo que proponía su formación cuando él la dirigía: un contrato único de 20 días por despido procedente y de 33 si estaba injustificado».

Según avanzó el diario El Confidencial, Rivera y Villegas, su número dos en su etapa en Ciudadanos, decidieron abandonar esta semana la compañía a la que se incorporaron en marzo de 2020, poco después de abandonar la política.

Hace aproximadamente dos años Albert Rivera anunciaba que comenzaba a trabajar en el bufete de abogados Martínez – Echevarría junto a José Manuel Villegas.

Fuentes de Martínez-Echevarría señalan, en todo caso, que esta debe ser la reacción de ambos al requerimiento de mayor rendimiento que se les trasladó recientemente desde la cúpula de la organización. «Su productividad estaba alcanzando niveles preocupantes, muy por debajo de cualquier estándar razonable», explican a El Confidencial.

Junto con la reestructuración de su consejo de administración, el despacho también tendrá que modificar la denominación del bufete, que en septiembre de 2020 pasó a ser Martínez-Echevarría & Rivera Abogados, para volver a su nombre original, prescindiendo del apellido del presidente saliente.

En la multitudinaria rueda de prensa en la que anunció su fichaje —algo absolutamente inusual en el discreto mundo de los despachos de abogados—, el exdirigente de Ciudadanos afirmó que su objetivo al frente de la firma era «crecer, crecer y crecer».

«La cúpula gestora de Martínez-Echevarría era consciente, desde el primer momento, de los riesgos que asumía con la contratación de Rivera», matizan desde El Confidencial.

«A nadie se le ocultaba que el potencial en forma de generación de negocio que aportaban sus contactos, su popularidad y su trayectoria, tenía como contrapartida la indomabilidad de una figura como la suya y la inevitable tentación de seguir participando (aunque fuera de forma indirecta) en la vida política», prosiguen.

«Una identificación ideológica a la que es alérgico el mundo de los negocios en general y mucho más todavía la abogacía de primer nivel. Por ello, son muchos los despachos de abogados que tienen como norma no escrita el no contratar a políticos (Garrigues o Uría, por ejemplo), y quienes sí lo hacen optan por que adopten un perfil muy bajo, centrándose en su cometido y esquivando cualquier controversia pública», concluyen.

Ahora Rivera ha solicitado su sueldo hasta 2025 y estudia reclamar daños morales a través de sus representantes legales. Acusa al bufete de incumplimiento de contrato, tanto en lo que se refiere al papel que se le prometió como presidente ejecutivo y vicepresidente, respectivamente, como por la falta del pago del variable y de la entrega de una parte del capital de Right Option, la sociedad que está detrás de Martínez-Echevarría.

A través de sus representantes legales, Rivera y Villegas reclamó ayer al bufete el abono de todas las cantidades que les adeudan en concepto de retribución y de las futuras hasta el 1 de marzo de 2025, fecha a la que inicialmente estaba ligada su relación laboral. Además, han exigido un estimación del variable que les habría correspondido hasta entonces.

Un portavoz de Martínez-Echevarría, en declaraciones a El Confidencial, tachó la salida de los expolíticos de «desesperada estrategia de comunicación emprendida como huida hacia adelante, al encontrarse arrinconado por los radicales incumplimientos que no solo alcanzan a los resultados, sino a la propia actividad (o mejor, inactividad) e incluso falta de presencia».

Lejos de intentar calmar las aguas, acusó a Rivera de que «su corta experiencia jurídica, concretada en solo dos años como becario en La Caixa, junto con una pasividad e inactividad no vistas nunca en la empresa privada, han resultado intolerables para Martínez-Echevarría Abogados, desde donde se la ha requerido reiteradamente para que elevara ratios de presencia, trabajo y rendimiento a unos mínimos que no avergonzaran a sus propios compañeros de despacho».

Según alegan los expolíticos, el bufete ha incumplido el contrato que firmaron, por un lado por no hacer efectivo el compromiso de nombrarles presidente ejecutivo y vicepresidente respectivamente y, por otro, por no abonarles una serie de variables también pactados. Esas razones llevan a ambos a reclamar a Martínez-Echeverría sus sueldos hasta marzo de 2025, cuando finalizaba el contrato rubricado.

«El partido, hoy en horas bajas, ha sido uno de los principales defensores del contrato único en España, una propuesta que han llevado en muchos de sus programas electorales pero que plasmaron concretamente en una proposición de ley en 2018, un año antes de conseguir su mejor resultado electoral, con 57 escaños en el Congreso. En el texto, desgranaron los detalles de su propuesta: la eliminación de los contratos temporales, excepto para algunos casos muy concretos (contratos de sustitución y de formación), para la conformación del mencionado contrato único», argumentan desde elDiario.es.

«La formación naranja defendía esta modalidad como una forma de combatir la precariedad existente en el mercado laboral español y como una solución a la temporalidad. Si bien el partido no tocaba los días por despido reflejados en la reforma laboral de 2012 -que se han mantenido con la modificación de la legislación convalidada la semana pasada en el Congreso-, incluía algunas cláusulas que cambiaban las condiciones del despido. Unas modificaciones que, según los sindicatos, abrían la puerta a que despidos hasta ahora considerados improcedentes pudieran estar justificados legalmente con mucha más facilidad», sentencian.

«Ciudadanos trató de negociar un sucedáneo de este contrato tanto con el PSOE, en el fallido acuerdo de investidura con Pedro Sánchez, como en diversas ocasiones con el PP. Sin embargo, su proposición de ley en febrero de 2018 fue el intento más audaz por parte de la formación naranja de materializarlo. La propuesta fracasó estrepitosamente en el Congreso: 33 votos a favor -lograron convencer a los dos diputados de Unión del Pueblo Navarro- y 302 en contra», concluyen.