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El presidente de la Fundación del Toro de Lidia, Victorino Marín ha lanzado una carta abierta a través del ABC a la alcaldesa de Gijón.
Después de que la alcaldesa de Gijón, Ana González Rodríguez, anunciara la retirada de la financiación pública destinada al toro de lidia, Victorino Marín, presidente de la Fundación del Toro de Lidia, «entidad que agrupa a los profesionales y aficionados taurinos con el objetivo de fomentar, conservar, mejorar, defender, promover y divulgar el toro de lidia y la tauromaquia», ha escrito una carta abierta, publicada a través del ABC.
Para la Fundación, la polémica de los nombres es «burda» y «llevada a todos los ámbitos culturales supondría por ejemplo prohibir la Semana Negra de Gijón si alguna de las novelas presentadas en el festival tuviera un contenido que le pudiera resultar ofensivo a alguien». «O que decidiera prohibir los conciertos en la ciudad, o la música en su conjunto, si un año C. Tangana aparece por Gijón cantando sus Demasiadas mujeres», ha indicado.
A través de esta carta también ha mostrado su «preocupación por los tintes totalitarios que muestran sus palabras». «Los totalitarios del mundo y de la historia siempre se escudan en el manto protector de una supuesta voluntad popular que les ilumina y legitima para cualquier cosa», añadía.
Tras exponer los hechos el presidente taurino ha alegado que «en estos días estamos viendo en diversas partes del mundo cómo en nombre de supuestas mayorías o de una moralidad superior, hay quienes arrasan con los derechos que no pueden depender de mayorías, como son los derechos humanos, derechos inalienables y comunes a toda la familia humana».
En este momento argüía una explicación que ha resultado, «ridícula», «comparación nivel alpargata», afirmaba el periodista Ramón Lobo.
«Los talibanes destruyeron los budas de Bamiyan por lo mismo que la alcaldesa de Gijón pretende derribar la tauromaquia, porque según ellos ambas manifestaciones de la cultura son inmorales», expresaba.
«Tanto a los talibanes como a la alcaldesa de Gijón se les olvida que ni los budas de Bamiyan ni los toros son suyos, sino que son patrimonio común de toda la humanidad», sentenciaba.
Para finalizar, ha recordado que la tauromaquía es un bien cultural protegido por la legislación española y ha recordado que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional tanto la prohibición expresa de la tauromaquia que se aprobó en su día en Cataluña, como la «prohibición encubierta» que pretendió adoptar el Parlamento balear «con una legislación que sólo autorizaba los festejos taurinos cumpliendo ciertos requisitos que lo desnaturalizaban».
En lo que respecta a decisiones municipales, ha recordado, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana anuló la decisión del Ayuntamiento de Villena de no ceder la plaza de toros para la celebración de un espectáculo taurino por su oposición a la tauromaquia, «considerándola arbitraria y carente de motivación legalmente admisible al ser una obligación municipal la protección y defensa de la tauromaquia».
«Cualquier actuación que ponga en riesgo, siquiera de forma indirecta, ignorar la voluntad de la Ley, en cuanto esté encaminada a tomar una decisión que no sea favorecedora de la actividad de fomento la tauromaquia, resulta contraria a lo dispuesto en la Ley y en la doctrina del Tribunal Constitucional», ha explicado, para añadir que una corporación municipal no puede, «basándose en un argumento tan tosco y peregrino como el nombre de dos toros de lidia, pero tampoco en ninguna otra razón, adoptar medidas tendentes a impedir la celebración de festejos taurinos en su municipio».
«Queremos creer que después de todo lo ocurrido estos días, no se adoptarán ninguna de las medidas anunciadas ni ninguna otra que ponga en riesgo o impida la celebración de festejos taurinos los próximos años. En caso contrario, la Fundación del Toro de Lidia iniciará actuaciones legales en todos los órdenes para garantizar la celebración de estos festejos y para que sobre quienes hubieran adoptado las decisiones ilegales a sabiendas recayeran todas las consecuencias administrativas y penales que el ordenamiento jurídico prevé en estos casos», ha explicado
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