Dos empresarios del sector agrícola de los frutos rojos de la localidad de Palos de la Frontera (Huelva) han sido detenidos por la Policía Nacional.
La Policía Nacional ha detenido a dos empresarios a los que se les imputa los delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, estafa y coacciones, por emplear, tal y como recogen las agencias periodísticas, «reiteradamente extranjeros irregulares y formalizarles contratos a cambio de elevadas contraprestaciones económicas».
Las víctimas, según el informe policial y como expone Eldiario.es, «trabajaban para los empresarios y una vez alcanzaban el tiempo necesario para regularizar sus situaciones administrativas, presentaban las solicitudes con contratos por los que abonaban a los empresarios 5.000 euros».
Los dos empresarios detenidos son hermanos y entre ambos administran dos mercantiles, donde, supuestamente, ·empleaban y acogían en sus fincas a ciudadanos extranjeros irregulares durante varios años sin tan siquiera darles de alta ni abonar sus seguros sociales».
«Los detenidos alojaban a estas personas en las instalaciones de sus fincas toda vez que los empleaban para la recolección de frutos rojos de manera indebida, aprovechándose de su estado de necesidad al carecer de sustento económico alguno ni manera de conseguirlo habida cuenta de su situación irregular, más que el que les reporta la realización de dichas jornadas, viéndose abocados a trabajar en las condiciones que los empresarios les imponían», explica el rotativo.
«Cumplidos los plazos requeridos de permanencia en territorio nacional y una vez reunidos el resto de requisitos, los extranjeros podían solicitar regularizar sus situaciones precisando para ello presentar, entre otros, de manera inexcusable precontrato laboral momento en el que los empresarios, a sabiendas de la imperativa necesidad de estos emiten, los tan ansiados contratos a cambio de 5.000 euros», añaden.
A través de redes sociales se difundía la noticia y los usuarios se preguntaban cual sería la respuesta de ASAJA, asociación que recientemente rechazaba las investigaciones laborales en el ámbito agrario y que incluso llegaron a amenazar a la ministra Yolanda Díaz.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
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La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
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La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
El OSCURO NEGOCIO de LOGRAR que te ENAMORES de una IA | #ReportajeSR
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