37.000 personas no tienen acceso al derecho fundamental de un hogar 

La organización Provivienda ha lanzado el programa Derechos a la Vivienda, financiado con fondos europeos Next Generation.

Desde Hogar Sí, una ONG dedicada al sinhogarismo, han hecho hincapié en cómo en 2022 la falta de vivienda ha entrado en la agenda pública debido a diversas políticas que ayudarán a erradicar este problema.

«El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de Ley por el derecho a la vivienda, que define y aborda por primera vez el problema del sinhogarismo», comienzan advirtiendo.

Además, indican, «se ha aprobado el Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2022-2025, que incluye un programa de ayudas específicamente destinado a facilitar el acceso a la vivienda a las personas sin hogar. Varias Comunidades Autónomas ya han puesto en marcha este programa».

Desde «la Secretaría de Estado de Derechos Sociales ha puesto en marcha el proceso de diseño de la nueva Estrategia de sinhogarismo 2023-2030».

Sin embargo, reflejan que 2023 será crucial para continuar arremetiendo contra un problema que afecta a más de 37.000 personas en España.

Por otro lado, la organización Provivienda está exponiendo los avances que han supuesto el programa Derechos a la viviend, que provee de un techo a las personas en situación de sinhogarismo en varias ciudades de España.

«Desde su inicio a principios de 2022 hasta su finalización en diciembre de 2024, sus impulsores prevén que atenderán a 1.184 personas (el 5,2% de este colectivo) a través del modelo housing first (la vivienda primero), establecido desde hace décadas en países como Finlandia y Austria», indican en El País.

La situación en España es crítica, hasta el punto que el pasado 19 de diciembre, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas condenó a España por violar el derecho a la vivienda.

Con este proyecto, matizan desde Provivienda, se trabajan ocho de las metas de la Agenda 2030, que para fomentar el fin del sinhogarismo: el fin de la pobreza, salud y bienestar, el derecho a la educación, la igualdad de género, la energía asequible, reducir las desigualdades y las comunidades y ciudades sostenibles.