La transparencia debe ser un compromiso real y tangible de las autoridades venezolanas, un paso esencial para restaurar la confianza en las instituciones y evitar la manipulación de los resultados.
En los últimos días, cientos de personas han pedido a Spanish Revolution que se pronuncie sobre la situación en Venezuela. Sin embargo, es importante entender que este es un tema extremadamente complejo y polarizante. No podemos lanzarnos de cabeza, como algunos ya lo están haciendo, sin tener toda la información disponible y sin un análisis profundo. No es una cuestión de blanco o negro; el espectro cromático es mucho más amplio en este caso, y solo con una visión completa y matizada podremos hacer justicia a la realidad venezolana.
INTERESES VS. PUEBLO
Es fácil caer en la narrativa simplista de que lo que está en juego en Venezuela es una lucha entre democracia y no democracia. Sin embargo, esta visión binaria es una cortina de humo que oculta la compleja red de intereses geopolíticos y económicos que realmente están en juego. Venezuela, con las mayores reservas de petróleo del mundo, se ha convertido en el epicentro de una disputa internacional que trasciende las fronteras del país.
En esta coyuntura, resulta fundamental distinguir entre quienes realmente están comprometidos con la defensa del pueblo venezolano y su derecho a decidir su futuro, y aquellos que ven en la crisis una oportunidad para explotar los recursos del país en su propio beneficio. Los defensores genuinos de la transparencia y la legalidad en Venezuela deben exigir un proceso electoral limpio y justo, no como un fin en sí mismo, sino como un medio para proteger la voluntad soberana del pueblo. Por otro lado, aquellos que esconden sus verdaderas intenciones tras el manto de la defensa de la democracia deben ser desenmascarados.
La historia de la política exterior de Estados Unidos en América Latina está plagada de intervenciones disfrazadas de misiones humanitarias o de promoción de la democracia, que en realidad no eran más que maniobras para asegurar el control de recursos naturales y mantener la hegemonía regional. En este contexto, el caso de Venezuela no es una excepción, sino una manifestación más de la ambición intervencionista que ha caracterizado la relación de Estados Unidos con sus vecinos del sur. La verdadera disputa no es por la libertad del pueblo venezolano, sino por el control de sus vastos recursos energéticos, que resultan esenciales para cualquier potencia que aspire a mantener o expandir su influencia global.
DIVISIÓN INTERNACIONAL
Tras el anuncio de la autoridad electoral venezolana, el Consejo Nacional Electoral (CNE), que proclamó a Nicolás Maduro como vencedor con el 51,2% de los votos frente al 44,2% de Edmundo González, la comunidad internacional ha mostrado posiciones divergentes. Países como Argentina, Costa Rica o El Salvador han sido contundentes al calificar los resultados como fraudulentos, mientras que otros, como Bolivia, Cuba, Rusia y China, han felicitado a Maduro, aceptando la validez del proceso electoral.
Gran parte de la comunidad internacional, incluyendo a España y la Unión Europea, ha adoptado una postura intermedia, sin rechazar ni aceptar directamente los resultados, pero exigiendo mayor transparencia. El presidente de Chile, Gabriel Boric, y el Secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, han sido claros al señalar que la transparencia es fundamental para garantizar la legitimidad del proceso electoral. En un contexto tan polarizado, las declaraciones de estos países reflejan no solo su posición frente al régimen de Maduro, sino también sus propias prioridades geopolíticas y económicas.
Por otro lado, el Centro Carter, invitado como observador internacional, ha afirmado que las elecciones no pueden considerarse democráticas, aumentando la presión para que se publiquen los resultados definitivos y las actas electorales. La oposición venezolana, por su parte, ha publicado supuestos resultados diferentes, que otorgan la victoria a su candidato, Edmundo González, lo que no ha hecho sino agudizar la controversia y la desconfianza en torno a los resultados oficiales.
TRANSPARENCIA INNEGOCIABLE
En medio de esta encrucijada, el clamor por la transparencia se alza como una demanda innegociable del pueblo venezolano. Los venezolanos y venezolanas merecen un proceso que sea, ante todo, claro y legítimo. La transparencia no solo es necesaria para garantizar que los resultados electorales reflejen verdaderamente la voluntad popular, sino también para calmar las aguas de un país al que muchos quieren poner al borde del abismo.
La reciente demanda de México, Brasil y Colombia por la publicación de los resultados desglosados por mesa de votación responde, en parte, a este clamor de transparencia. Sin embargo, no debe quedarse solo en un gesto simbólico o en un acto de presión externa. La transparencia debe ser un compromiso real y tangible de las autoridades venezolanas, un paso esencial para restaurar la confianza en las instituciones y evitar la manipulación de los resultados.
Es igualmente crucial acallar las voces que, desde el interior y el exterior, buscan sembrar el caos y la división. El pueblo venezolano ha sido víctima durante demasiado tiempo de discursos polarizadores y de manipulaciones que solo han servido para perpetuar la crisis. La verdadera paz y estabilidad en Venezuela solo se alcanzarán cuando se respeten los deseos y necesidades de su gente, y cuando los actores externos cesen en su interferencia y dejen de utilizar al país como un campo de batalla para sus propias disputas geopolíticas.
La transparencia en el proceso electoral es también una forma de proteger la soberanía del pueblo venezolano frente a las intromisiones extranjeras. Cualquier intervención, sea de un gobierno, de una organización internacional o de actores privados, debe ser rechazada si no tiene como objetivo el bienestar y la autodeterminación del pueblo. No es suficiente con denunciar las supuestas prácticas antidemocráticas del régimen de Maduro; también es necesario exigir a la oposición y a los actores externos que respeten el derecho de los venezolanos y venezolanas a decidir su futuro sin coacciones ni manipulaciones.
La historia reciente de Venezuela es un recordatorio de lo que está en juego cuando se ignoran las demandas populares de transparencia y justicia. Ahora, más que nunca, es vital que la comunidad internacional apoye, no socave, los esfuerzos del pueblo venezolano por recuperar su país.
ODIOSAS COMPARACIONES
Es inevitable hacer comparaciones cuando se analiza la actitud de Occidente hacia Venezuela en contraste con otros países que claramente no cumplen con los estándares democráticos que se pregonan. Un ejemplo particularmente revelador es Arabia Saudí, un país donde la democracia no solo es inexistente, sino que las libertades básicas son sistemáticamente violadas. A pesar de ser un régimen abiertamente autocrático, Arabia Saudí recibe un trato preferencial de las potencias occidentales, no por su respeto a los derechos humanos, sino por su importancia geoestratégica y su control sobre vastas reservas de petróleo.
Occidente ha mantenido una relación cercana con Arabia Saudí, ignorando activamente sus prácticas represivas. Las ejecuciones públicas, la persecución de disidentes y la falta de derechos para mujeres y minorías no han sido impedimento para que Estados Unidos y sus aliados mantengan alianzas militares y económicas estrechas con el régimen saudí. Este doble rasero pone en evidencia que no se trata de defender la democracia o los derechos humanos, sino de proteger intereses geopolíticos y económicos.
En comparación, Venezuela, un país que, a pesar de sus problemas y desafíos democráticos, mantiene un proceso electoral y una participación popular activa, es tratado como un paria en el escenario internacional. La indignación selectiva de Occidente hacia Venezuela parece menos motivada por una preocupación genuina por la democracia y más por el deseo de controlar sus recursos naturales y su posición estratégica en América Latina. Este contraste subraya la hipocresía de las potencias que se presentan como defensoras de la libertad, pero que en realidad actúan en función de sus propios intereses.
En definitiva, la crisis venezolana no es un simple enfrentamiento entre el bien y el mal, entre la democracia y la no democracia. Venezuela está en una encrucijada histórica, y su pueblo merece más que ser un tablero en el que las potencias juegan sus estrategias. Es el momento de que las y los venezolanos tomen las riendas de su destino, organizándose desde la base para construir un país que respete su voluntad soberana y su derecho a vivir en paz. Este camino, aunque difícil, es la única forma de asegurar un futuro que refleje verdaderamente los intereses y aspiraciones del pueblo venezolano.
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