Suecia y el populismo ultraderechista: acabar con la pobreza prohibiendo que las personas pidan limosna 

Convertir la mendicidad en un delito no erradica la pobreza, la oculta

¿Es posible acabar con la pobreza criminalizando a quienes la sufren? Suecia, una nación conocida por su bienestar social, parece estar dispuesta a dar este salto hacia el abismo. La reciente propuesta de su gobierno, en coalición con la ultraderecha, de prohibir la mendicidad no solo es una medida regresiva, sino una ofensa directa a los derechos humanos. ¿Es así como un país con fama de avanzado aborda la lucha contra la desigualdad?

EL POPULISMO QUE UTILIZA LA POBREZA COMO ARMA POLÍTICA

El pacto entre el partido de extrema derecha Demócratas de Suecia y el gobierno conservador ha dado sus frutos en forma de propuestas que atacan directamente a los más vulnerables. La mendicidad, un fenómeno que en los últimos años ha disminuido considerablemente, ha sido elegida como el enemigo a batir. No es una casualidad que este tipo de medidas surjan justo cuando el gobierno necesita el respaldo de los sectores más reaccionarios de su base electoral.

Prohibir la mendicidad no hará desaparecer la pobreza, pero sí permitirá al gobierno aparentar que toma decisiones drásticas. Es una política diseñada para satisfacer a quienes consideran que las personas sin hogar afean las calles, que son una molestia más que seres humanos en situación de necesidad. Pero lo que realmente busca esta medida es ocultar la pobreza, barrerla de la vista de quienes prefieren no confrontar las desigualdades estructurales que la generan.

Lo más alarmante es la manera en que se presenta la mendicidad como una amenaza. Se habla de ella en términos de criminalidad, de redes organizadas y tráfico de personas, sin ofrecer pruebas claras que respalden tales afirmaciones. El objetivo no es solucionar el problema, sino generar miedo y rechazo hacia las personas en situación de pobreza. Es la táctica populista de siempre: crear un enemigo fácil de identificar, preferiblemente sin voz, y ofrecer una solución simple que no ataque las causas reales del problema.

UNA MEDIDA QUE TRAICIONA LOS DERECHOS HUMANOS

El contexto en el que se lanza esta propuesta es revelador. Suecia está lidiando con una crisis de violencia de pandillas y una creciente inseguridad. Sin embargo, el gobierno decide dedicar recursos a criminalizar la mendicidad en lugar de abordar problemas más urgentes. Esta no es una decisión basada en la lógica o la eficiencia, sino en una agenda ideológica que pone la persecución de los más débiles por delante de la justicia social.

Organizaciones como Civil Rights Defenders ya han advertido que una prohibición de la mendicidad es una violación del Convenio Europeo de Derechos Humanos. La libertad de expresión y el derecho a la vida privada están siendo pisoteados por un gobierno que parece más preocupado por complacer a la extrema derecha que por cumplir con sus obligaciones internacionales. Suecia, un país que tradicionalmente ha defendido los derechos civiles, se arriesga a perder su estatus como referente mundial en derechos humanos.

La mendicidad ha disminuido en los últimos años, en parte debido a la casi desaparición del dinero en efectivo y a la mejoría económica. Entonces, ¿por qué el gobierno insiste en hacer de esto un tema prioritario? Porque es una cortina de humo perfecta para desviar la atención de los problemas reales. Suecia no está luchando contra la pobreza con esta medida; está luchando contra quienes la representan, dejándoles sin opciones, sin voz y, finalmente, sin esperanza.

Es una maniobra populista en toda regla: cuando no se puede resolver un problema estructural, se busca culpables a los que se pueda perseguir fácilmente. Y en este caso, la ultraderecha ha encontrado en las personas sin hogar su objetivo predilecto. La prohibición de la mendicidad no es una política social, es un castigo para quienes ya han sido castigados por un sistema que los margina.

Suecia no necesita leyes que criminalicen la pobreza. Necesita políticas que redistribuyan la riqueza, que protejan a quienes se han quedado atrás en el camino, y que aborden las causas profundas de la desigualdad. Pero claro, es más fácil aprobar leyes que persigan a las personas sin hogar que reformar un sistema que genera exclusión y precariedad.

Prohibir la mendicidad no eliminará la pobreza. Simplemente hará que quienes la sufren desaparezcan de la vista de quienes prefieren no ver la realidad.