Los médicos especialistas han llegado al límite y proponen una huelga para el 9 de mayo.
Los médicos de la Comunidad de Madrid iniciaban recientemente una campaña de recogida de firmas para reclamar que se ponga fin al «abuso de temporalidad» de sus contratos, que tildan de «patología crónica y grave» y que afecta a más de la mitad de la plantilla.
La iniciativa en el sector fue puesta en marcha a través del colegio oficial, que ha puesto de plazo a la Consejería de Sanidad hasta el 1 de junio por tal de soliviantar la situación, y si por el contrario no ponen solución amenazan con emprender «acciones legales».
El reclamo específico interpuesto desde el colegio oficial es el de proceder a proporcionar una estabilización laboral mediante el sistema de concurso de méritos de todas plazas ocupadas de forma eventual e ininterrumpida con anterioridad al 1 de enero de 2016.
Para las posteriores a esa fecha y hasta el 31 de diciembre de 2017 piden la convocatoria de una Oferta Pública de Empleo (OPE) extraordinaria y que la selección se haga por el sistema de concurso oposición con fase de oposición no eliminatoria.
En el Colegio de Médicos de Madrid argumentan que la temporalidad es «una situación disfuncional inaceptable que pone en riesgo el desarrollo y el ejercicio digno» de la profesión.
«No es una declaración de intenciones, ya no hay tiempo para eso. De no obtener una aplicación rápida por parte de la Consejería de Sanidad de las medidas planteadas que dan una solución viable a este gran problema se tomarían medidas contundentes contra ella», afirman.
En este sentido, la Dra. González ha asegurado que la Asesoría Jurídica del Colegio lleva tiempo trabajando a fondo en el asunto y que las circunstancias legales son complejas dado que la ley de 2021 que permite estabilizar a las personas que se encuentran en situación de abuso de temporalidad.
El Dr. Javier Martín, vicesecretario del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid ha explicado que la Junta Directiva se está dedicando “en cuerpo y alma” a este asunto que considera de una “importancia vital y de máxima prioridad a la que no vamos a regatear horas ni esfuerzos para la búsqueda de la mejor solución para nuestros compañeros”.
El Dr. Andrés von Wernitz, urgenciólogo, ha denunciado que la temporalidad no es una excepción que se ha convertido en la norma y que afecta a todos los médicos de Madrid. “La ausencia del derecho a la estabilidad en el empleo tiene un impacto enorme no solo en lo profesional sino también en lo personal”.
“A pesar de que todas las sentencias nos están dando la razón por el abuso de la temporalidad de nuestros contratos, no nos conceden la fijeza así que se están recurriendo las sentencias al Tribunal Supremo”, ha explicado.
El Dr. Luis Aguilar-Gisbert, urólogo del Hospital 12 de Octubre, ha sido contundente con los datos: “Más de la mitad de la plantilla de la Comunidad de Madrid tiene contratos temporales y en algunas especialidades se supera con creces este porcentaje”.
Huelga
Tras este ultimátum, desde la Plataforma de Médicos y Facultativos no fijos en Madrid-MUD, que agrupa a más de 1.500 médicos temporales, han convocado una huelga indefinida para el 9 de mayo si desde el Gobierno de la Comunidad que se sientan a negociar como dar solución a esta cuestión y desconvocan las oposiciones que perjudican a los médicos que llevan años trabajando para la sanidad madrileña pero sin todos los derechos.
Este miércoles tuvo lugar una asamblea de la plataforma da la que asistieron más de 120 médicos en calidad de representantes de las distintas especialidades y hospitales de la sanidad pública madrileña. El objetivo de la asamblea era poner en común y acordar las acciones a llevar a cabo en los próximos días, «ante la pasividad de la Consejería de Sanidad y de la Presidencia de la Comunidad de Madrid frente al manifiesto con las 5 reivindicaciones acordadas y avaladas por toda la profesión el pasado 7 de abril en esta misma sede colegial para corregir la gran temporalidad que sufrimos desde hace décadas», recoge la Plataforma en un comunicado.
«Esta lacra de la temporalidad no solamente afecta a la organización y estabilidad de las plantillas de los servicios médicos y de otras especialidades, sino en gran medida a la calidad de los servicios prestados a los pacientes. Hecho que, éticamente como profesionales, no podemos seguir tolerándole a la administración por el beneficio de la sanidad pública», asegura la plataforma convocante de la huelga.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
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La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
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La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
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