La jueza titular del Juzgado nº 21 de Valencia para descartar que el ataque sufrido por un hombre bisexual cuando circulaba en moto pueda ser considerado un delito de odio.
Los agresores llamaron a la víctima «puto maricón», «te hemos visto la cara de chupapollas desde el coche», o «si llamas a la Policía te hacemos hetero a hostias. Te mato».
Sin embargo, recoge elDiario.es, la jueza titular del Juzgado nº 21 de Valencia, para descartar que el ataque sufrido por un hombre bisexual cuando circulaba en moto pueda ser considerado un delito de odio, ha argumentado que «la pulsera de la bandera arcoíris, característica del colectivo LGTBI, la llevan cada vez más simpatizantes o que los insultos homófobos proferidos contra el denunciante se escuchan reiteradamente en discusiones acaloradas sin importar la orientación sexual».
Los hechos, continúa el rotativo, se remontan al pasado febrero, cuando Isaac Guijarro iba con su moto por Valencia. Según su relato, fue «abordado» por dos hombres en un coche que iba «en paralelo» y «acercándose a pocos centímetros» y viéndoles hacer aspavientos, mirarle y mover los labios, llegaron a un semáforo en rojo. En ese punto bajaron la ventanilla e hicieron los insultos «entendibles». Guijarro les reprochó «su intento de arrollarle» y al preguntarles por qué, ellos respondieron «por puto maricón. Te hemos visto la cara de chupapollas desde el coche».
Al amenazarles con llamar a la Policía, le espetaron: «Si llamas te hacemos hetero a hostias. Te mato». Durante el episodio le profirieron «decenas de insultos» y «acechaban» a la moto «acercándose a escasos centímetros». Al ver que intentaba hacer una foto, uno de ellos bajó del vehículo e intentó quitarle el móvil, siempre según su relato.
Aún esta retahíla de pruebas, según la jueza, «no se estaba incitando al odio hacia las personas del colectivo sino faltando al respeto a título individual».
Otro caso similar
En 2018 una persona sufría insultos similares en Barcelona por su forma de vestir tan “femenina”, explicaba un amigo de la víctima.
En ese caso la Fiscalía de Barcelona pedía 18 meses de cárcel para el hombre acusado de amenazar a un joven al grito de «te voy a hacer heterosexual a hostias» así como 9 meses de prisión para el vigilante del McDonalds donde se produjo la agresión por no impedirla.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
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La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
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