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De las 1.647 visitas realizadas por la Inspección de Trabajo a diferentes centros se han levantado un total de 1.178 infracciones.
La agricultura española ha sido señalada en Europa como ejemplo de un sector donde se atenta los estándares socio-laborales europeos. España e Italia aparecen como países donde la actividad agrícola presenta claros casos de condiciones laborales, como mínimo, indignas de Europa, en un estudio de la consultora berlinesa Löning, especializada en derechos humanos y negocios responsables.
Casos de explotación son denunciados a menudo por organizaciones sindicales como el Sindicato de Obreros del Campo (SOC) o a ese reportaje del diario británico The Guardian sobre el trabajo en el campo andaluz que hace unos años señalaba que, en España, “los cosechadores de ensaladas son los nuevos esclavos modernos”.
Y es que más de siete de cada 10 visitas a los centros de trabajo agrarios termina con algún tipo de infracción. La campaña para el incremento de las inspecciones laborales en el campo, impulsado y defendido por la ministra de Trabajo Yolanda Díaz en mayo, determina que están más que justificadas.
De las 1.647 visitas realizadas por la Inspección de Trabajo a diferentes centros se han levantado un total de 1.178 infracciones. De esta forma, las sanciones se dan en el 71,5% de las inspecciones totales. Las situaciones detectadas de «economía irregular» en las 1.647 visitas han comportado sanciones por importe de 7.274.540,03 euros. Igualmente se han levantado actas de liquidación por valor de 427.323,55 euros y se ha regularizado la situación de 330 trabajadores a través de las altas de oficio.
Se han realizado visitas relativas a las medidas de seguridad tomadas por las empresas contra el covid-19 en el campo. 1.698 visitas a centros de trabajo y 343 infracciones. La Inspección de Trabajo ha realizado 3.491 «requerimientos de subsanación y de deficiencias comprobadas»: dos apercibimientos por centro de trabajo.
COAG y «España no es África»
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) de Andalucía mostraba hace meses su indignación con las inspecciones. El secretario de organización, Eduardo López, afirmaba que es «inaudito e insólito» que se hable de esclavitud en el campo. «España está en Europa, esto no es África ni ningún país con dictadura donde la gente esté en plan esclava».
Aseguraba no entender cómo desde el propio Gobierno se pueda trasladar la idea de una situación generalizada de maltrato al trabajador cuando «los casos, si existen como tal, son muy aislados».
Según decía, lo que no puede el Gobierno es confundir asentamientos de inmigrantes irregulares con la cuestión laboral agraria. «Se trata de un problema que tiene el Gobierno y la Junta de Andalucía, que deben resolver ellos, y no endosárnoslo a los agricultores. Que se arremanguen y lo resuelvan», concluía.
ASAJA y las amenazas a Yolanda Díaz
Félix Bariáin, presidente de la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Navarra, llegó a amenazar a Yolanda Díaz, ministra de trabajo, en el extracto de un vídeo publicado en la cuenta oficial de Twitter de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra (UAGN).
Se trata de un vídeo que fue grabado el 23 de mayo, cuando UAGN denunció que en los días varios agricultores y ganaderos de Tierra Estella (Navarra) se habían dirigido al sindicato quejándose de que «inspectores de Trabajo acompañados de un alto número de efectivos de la Guardia Civil» se habían personado en sus explotaciones.
«Usted no va a tirar por tierra este sector, se lo garantizamos. No sé en que fase se podrán sacar los tractores a la carretera, pero le doy mi palabra que esta vez no vamos a ser pacíficos. Como no retire las inspecciones y no retire ese cuestionario, no vamos a ser pacíficos», amenazó Bariáin.
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Netanyahu ya no disimula: Gaza se ocupa por porcentajes
Netanyahu ya no disimula. Gaza se está ocupando por porcentajes: primero el 52%, luego el 60%, ahora ordena avanzar hasta el 70% y, cuando el público le pide el 100%, responde con una broma: “vayamos en orden”.
Eso no es seguridad. Es desposesión administrada. Es convertir un alto el fuego en una coartada para encerrar a 2,1 millones de personas en cada vez menos territorio, mientras el mundo finge sorpresa ante una estrategia que lleva meses desplegándose delante de todos.
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Contra el racismo institucional: Ayuso intentó vender colapso y el Supremo le contestó con una palabra incómoda, pruebas
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El truco es viejo y miserable: primero deterioran lo público y luego culpan a quienes llegan buscando derechos, trabajo y una vida posible. No era gestión. Era racismo institucional con membrete oficial.
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