Grandes empresas tecnológicas, como Google, Amazon y Facebook, han donado millones de dólares a organizaciones y políticos antiabortistas ligados a los antiabortistas.
A raíz de los informes recopilados en el Servicio de Impuestos Internos (IRS) de EEUU, encargado de la recaudación fiscal, se ha dado a conocer que decenas de empresas tecnológicas como Facebook y Google han donado millones de dólares a organizaciones y políticos antiabortistas ligados a los antiabortistas.
Según la información contrastada estas compañías habrían donado más de 6.000.000$ a grupos antiabortistas en este ciclo electoral, es decir desde 2021.
Algunas de las asociaciones ligadas al partido Republicano que profesan el antiabortismo son la Asociación de Fiscales Generales Republicanos (RAGA), que intenta promocionar a fiscales ultraconservadores en todo el país, el Comité de Liderazgo Estatal Republicano (RSLC), que promociona elegir legisladores estatales y candidatos y la Asociación de Gobernadores Republicanos (RGA), que se involucra en fomentar los puestos de gobernador.
“La equidad es extraordinariamente importante para nosotros como empresa, y compartimos las preocupaciones sobre el impacto que este fallo tendrá en la salud, la vida y la carrera de las personas”. Este texto fue enviado por la responsable de recursos humanos de Google, Fiona Ciocci, a sus empleados el 24 de junio.
Esto no impidió que Google donase 45.000$ al RSLC y otros 10.000$ al RGA cuando el borrador sobre la prohibición del aborto ya se había publicado. En total en este ciclo electoral Google ha donado 200.000$ al RSLC y 220.000 al RGA.
META, la empresa matriz de Facebook, también aseguró reintegrar los gastos de viaje a las empleadas que tuvieran que abortar en otros estados. Esto no ha impedido que donase 50.000$ de sus tesorería al RSCL.
Amazon fue una de las empresas que más se opuso a la derogación de la protección del derecho al aborto, asegurando cubrir los gastos de este derecho para las empleadas que lo necesiten.
Curiosamente, Amazon es una de las empresas tecnológicas que financia generosamente la causa republicana: 250.000$ al RGA y otros 25.000$ al RSCL. Este último el mismo día que se aprobó el fallo para eliminar la protección del aborto.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
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