Cuando Estados Unidos dice “defender la libertad”, suele significar “abrir fuego”.
DOS SIGLOS DE INTERFERENCIA Y VIOLENCIA
Durante las últimas semanas, Washington ha vuelto a mover sus piezas. Bombardeos en el Caribe, amenazas militares directas a Venezuela y la confirmación pública de que la CIA tiene vía libre para operar en el país. Donald Trump lo dijo sin rodeos: ha autorizado “acciones encubiertas” contra el Gobierno de Nicolás Maduro. No es un gesto aislado ni una excentricidad del magnate en su segundo mandato. Es la continuación —sin maquillaje— de una política que lleva más de dos siglos repitiéndose.
De Guatemala a Chile, de Haití a Honduras, el patrón se repite como una letanía de golpes, invasiones y sanciones.
En 1954, la CIA derrocó a Jacobo Árbenz en Guatemala. En 1965, los marines invadieron la República Dominicana para impedir el regreso del gobierno de Juan Bosch. En 1973, apoyaron el golpe de Pinochet que enterró el sueño socialista de Salvador Allende. En 1983, invadieron Granada. En 1991 y 2004, expulsaron dos veces del poder a Jean-Bertrand Aristide en Haití. En 2009, respaldaron el golpe contra Manuel Zelaya en Honduras. Siempre en nombre de la “democracia”.
Venezuela, sin embargo, se ha convertido en su obsesión más persistente. Desde la llegada de Hugo Chávez al poder en 1998, el país caribeño desafió la hegemonía neoliberal estadounidense y apostó por un modelo regional de integración y soberanía energética. Aquello fue suficiente para ganarse una guerra permanente.
En 2002, Washington aplaudió el golpe de Estado que secuestró a Chávez, aunque la movilización popular lo derrotó en 48 horas. Poco después, el sabotaje petrolero de 2002-2003 paralizó el país con la complicidad de las grandes corporaciones. Desde entonces, el dinero estadounidense ha financiado a la oposición venezolana, disfrazada de ONG o “movimiento democrático”, pero sostenida por fondos de la USAID y la NED. María Corina Machado, recién premiada con el Nobel de la Paz, fue una de las principales beneficiarias de ese flujo económico destinado a desestabilizar el país.
Cuando Chávez murió en 2013, las sospechas de un complot de la CIA se multiplicaron. Con Nicolás Maduro en el poder, los ataques se recrudecieron: guarimbas, intentos de asesinato y una guerra mediática global. En 2017, las calles ardieron con protestas apoyadas desde el extranjero y la brutalidad opositora dejó víctimas como Orlando Figuera, joven afrovenezolano linchado y quemado vivo en Caracas.
EL BLOQUEO COMO ARMA DE GUERRA
En 2015, Barack Obama calificó a Venezuela de “amenaza extraordinaria e inusual para la seguridad nacional de Estados Unidos”. La frase, absurda desde cualquier perspectiva, sirvió de base legal para imponer sanciones económicas masivas. El resultado fue devastador: la producción petrolera cayó en picado, el acceso a alimentos y medicinas se hundió y millones de personas se vieron empujadas al exilio.
Entre 2014 y 2021, el PIB venezolano se contrajo un 74,3 %.
El Washington Office on Latin America (WOLA) calculó que el país perdió entre 17.000 y 31.000 millones de dólares en ingresos petroleros. Ese dinero habría servido para importar insulina, antibióticos o trigo. Pero Estados Unidos decidió convertir la economía venezolana en un campo de batalla.
Trump fue aún más lejos. En 2017, bloqueó el acceso de Caracas a los mercados financieros. En 2019, confiscó activos y congeló las cuentas de PDVSA, el corazón económico del país. Y ese mismo año impuso un embargo total sobre el petróleo venezolano, la principal fuente de divisas. La estrategia era idéntica a la que ya había aplicado contra Irak en los años noventa: asfixiar a la población civil hasta provocar el colapso político.
El paralelismo no es casual. En Irak, las sanciones previas a la invasión de 2003 mataron a más de medio millón de niños por falta de alimentos y medicinas, según la propia ONU. Cuando se le preguntó a Madeleine Albright si “el precio valía la pena”, respondió: “Creemos que sí”.
Ese es el verdadero rostro del “orden internacional basado en reglas”.
En Venezuela, el castigo colectivo se aplicó sin ni siquiera un mecanismo humanitario como el programa “Petróleo por Alimentos” que la ONU gestionó en Irak. El Center for Economic and Policy Research (CEPR) concluyó que las sanciones de 2019 fueron “más severas que las impuestas a Irak antes de la guerra”, ya que no dejaron vías legales para la importación de bienes básicos.
EL MANUAL IMPERIAL SE ACTUALIZA
La primera administración Trump convirtió la “presión máxima” en doctrina. Respaldó la autoproclamación de Juan Guaidó como “presidente interino” en 2019, ordenó despliegues navales frente a las costas venezolanas y tildó al gobierno de Maduro de “narcoterrorista”. Con esas palabras mágicas, el Pentágono justificó bombardeos en el Caribe que desde septiembre de 2025 han dejado 32 personas muertas, muchas de ellas pescadores colombianos y trinitenses. Ninguna prueba, ninguna disculpa.
La guerra económica se ha transformado en guerra abierta.
El modelo es el mismo de siempre: demonizar al enemigo, fabricarle vínculos con el narcotráfico o el terrorismo, justificar sanciones, luego ataques selectivos, y finalmente invasión. Irak fue el ensayo general. Venezuela, el objetivo actual.
Pero hay algo más profundo que el petróleo. Lo que está en juego es la supervivencia de un proyecto político alternativo en América Latina, uno que desafía el monopolio de Washington sobre el continente.
Desde la Doctrina Monroe de 1823, Estados Unidos se considera dueño de la región. Cada intento de independencia económica o social ha sido respondido con violencia. El siglo XXI no es la excepción, solo su versión digital: golpes blandos, fake news, sanciones financieras y drones.
Hoy, la Casa Blanca se ampara en el mismo pretexto que usó en Irak o Libia: “restaurar la democracia”.
Pero lo que realmente busca es restaurar el negocio.
Y lo hace con precisión quirúrgica: cortar el oxígeno financiero, aislar al país, provocar hambre, fomentar descontento y luego ofrecer “ayuda humanitaria” escoltada por marines.
Aun así, la historia demuestra que ni los bombardeos ni los bloqueos logran destruir la voluntad de los pueblos.
Desde Bagdad hasta Caracas, el imperio repite su guion, pero el mundo ya no lo cree.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
A FONDO: ¿Quién GANA con el CAOS en CEUTA? #Reportaje SR
¿Qué ocurre cuando las personas dejan de ser tratadas como seres humanos y pasan a utilizarse como herramientas políticas? En este nuevo #ReportajeSR de Spanish Revolution, Léa Gugelmann analiza a fondo la…
THUNDERFORGE – El PENTÁGONO se echa en manos de la INTELIGENCIA ARTÍFICIAL #ReportajeS
El Pentágono ha dado un paso sin precedentes: poner la toma de decisiones y la estrategia militar en manos de la inteligencia artificial. Patricia Salvador te cuenta en este #ReportajeSR cómo, a…