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El 24 de mayo miles de personas volverán a tomar las calles mientras alquileres disparados, fondos buitre y gobiernos complacientes convierten vivir en Madrid en un privilegio para ricos.
La vivienda se ha convertido en una máquina de expulsar gente. Y Madrid es uno de sus laboratorios favoritos. El próximo 24 de mayo, a las 12:00 horas, una nueva manifestación recorrerá el centro de la capital desde Atocha hasta Sevilla bajo un lema que resume perfectamente la situación: “La vivienda nos cuesta la vida. Bajemos los precios”.
No es una exageración. Es literal.
Mientras políticos, constructoras y fondos de inversión hablan de “mercado”, cientos de miles de personas viven atrapadas entre alquileres imposibles, habitaciones a precio de oro y contratos temporales diseñados para que nadie pueda construir una vida estable. Trabajar ya no garantiza vivir. Ese es el punto al que hemos llegado.
La convocatoria, impulsada por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid junto a decenas de colectivos sociales, llega apenas un año después de la gran protesta del 5 de abril de 2025, cuando más de 15.000 personas, según la Delegación del Gobierno, salieron a las calles para denunciar el negocio inmobiliario.
La situación no ha mejorado. Ha empeorado. Mucho.
ALQUILERES DE 1.500 EUROS Y SUELDOS DEVORADOS
El dato es obsceno. El alquiler medio en la Comunidad de Madrid supera ya los 1.500 euros mensuales. En apenas cinco años los precios han aumentado más de un 50%. Y mientras tanto, miles de familias destinan más del 70% de sus ingresos simplemente a no quedarse en la calle.
Eso no es libertad. Es sometimiento económico.
La vivienda dejó hace tiempo de entenderse como un derecho. Ahora funciona como un sistema de extracción permanente. Un peaje obligatorio. Un mecanismo perfecto para transferir salarios enteros a propietarios, bancos y fondos especulativos mientras las administraciones miran hacia otro lado o, peor todavía, colaboran activamente.
Porque aquí no hablamos solo de cifras. Hablamos de vidas aplastadas. Personas compartiendo pisos diminutos hasta los cuarenta años. Familias expulsadas de sus barrios. Jóvenes condenadas y condenados a contratos basura y alquileres basura al mismo tiempo. Gente durmiendo con ansiedad porque sabe que la próxima subida del casero puede destruirlo todo.
Y luego está el discurso oficial. Ese que insiste en que el problema se arregla construyendo más vivienda privada mientras los mismos fondos que dispararon la burbuja siguen acumulando bloques enteros. El mismo discurso que culpa a migrantes, okupas o personas vulnerables mientras oculta deliberadamente quién se está enriqueciendo de verdad.
Los colectivos convocantes han sido muy claros: la raíz del problema está en la especulación inmobiliaria y en décadas de políticas públicas hechas para proteger negocios, no derechos.
Por eso las reivindicaciones apuntan directamente al corazón del modelo. Bajada inmediata de alquileres. Contratos indefinidos. Fin del fraude en alquileres temporales y de habitaciones. Recuperación de viviendas acaparadas por fondos de inversión. Ampliación de un parque público de vivienda que no termine privatizado unos años después.
Lo mínimo para empezar a respirar.
MADRID COMO SÍMBOLO DE UNA CIUDAD EXPULSADA
Hay algo especialmente obsceno en lo que ocurre en Madrid. La ciudad se vende como escaparate global mientras expulsa a quienes la sostienen. Camareras y camareros, enfermeras y enfermeros, repartidoras y repartidores, profesoras y profesores. La gente que hace funcionar la ciudad ya no puede vivir en ella.
Pero los gobiernos regionales y municipales siguen hablando como comerciales inmobiliarios. Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida llevan años defendiendo un modelo basado en atraer inversión privada, flexibilizar el mercado y convertir cada barrio en una oportunidad de negocio. Luego se sorprenden de que Madrid se convierta en una trituradora social.
La protesta del 24 de mayo también es una respuesta a eso. A una ciudad diseñada para inversores extranjeros, pisos turísticos y rentabilidades récord mientras la población trabajadora queda atrapada en la precariedad permanente.
Y no será una movilización aislada. Las protestas continuarán en otras ciudades durante semanas. Habrá convocatorias en Guadalajara el 23 de mayo, en Zaragoza, Teruel y Badajoz el 24, en Burgos, Logroño y Murcia el 30, en Valladolid el 31, en Vigo el 5 de junio y el 6 de junio se celebrarán movilizaciones en Catalunya, València, Alicante, Xixón, A Coruña, Ourense, Segovia, Cantabria, Ávila y Santiago de Compostela.
Porque el problema ya no es local. Es estructural. El capitalismo inmobiliario ha convertido el acceso a una casa en una guerra cotidiana.
La manifestación partirá desde Atocha y finalizará junto al metro de Sevilla. Participarán colectivos vecinales, sindicatos como CGT, plataformas antirracistas, feministas, ecologistas y grupos como Bomberxs contra los Desahucios.
Cada vez más gente entiende algo muy simple: cuando un país permite que vivir dignamente sea un lujo, lo que está fracasando no son las personas. Es el sistema.
Y Madrid ya no puede esconderlo bajo campañas de marketing y terrazas llenas de turistas.
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