Meta, ICE y la normalización del extremismo desde el poder 

Cuando el Estado compra propaganda y las plataformas cobran, la frontera entre seguridad y supremacismo se vuelve deliberadamente borrosa.

La polémica no surge de un malentendido cultural ni de una exageración militante. Surge de hechos documentados, fechas precisas y cifras oficiales. El 5 de febrero de 2026, varias congresistas y congresistas de Estados Unidos exigieron a Meta que retirara una campaña publicitaria de ICE difundida en sus plataformas. El motivo no era estético. La música y las imágenes empleadas conectan con imaginarios y redes neonazis ampliamente documentados por investigadores del extremismo.

El anuncio, financiado por el Departamento de Seguridad Nacional, utilizaba la canción “We’ll Have Our Home Again”, asociada a espacios supremacistas blancos, como banda sonora de una pieza de reclutamiento. La difusión se produjo menos de 48 horas después de que un agente de ICE matara a tiros a Renee Good en Minneapolis. No es un detalle menor. El contexto importa, y también importa quién decide que ese contexto no es un problema.

Las congresistas Becca Balint y Pramila Jayapal dirigieron una carta al consejero delegado de Meta, Mark Zuckerberg, preguntando cómo se autorizó una campaña que reproduce narrativas de “reconquista” racial y si la empresa piensa poner fin a su relación publicitaria con el DHS. La respuesta de Meta fue el silencio. La del Gobierno fue la negación.

PUBLICIDAD DE ESTADO, ICONOGRAFÍA SUPREMACISTA

El Departamento de Seguridad Nacional defendió el anuncio como “expresión patriótica”. Su portavoz negó cualquier vínculo con propaganda nazi y acusó a las críticas de “fabricar indignación”. La estrategia es conocida: desplazar el foco del contenido al tono, convertir la denuncia en ataque ideológico y blindar el mensaje bajo una bandera abstracta.

Pero los hechos son obstinados. La canción utilizada aparece documentada en foros y canales neonazis, y forma parte del repertorio de grupos de captación de la extrema derecha. El proyecto Hatewatch del Southern Poverty Law Center ha rastreado su origen y su circulación. El grupo que la interpreta, Pine Tree Riots, está vinculado a Männerbund, organización identificada como supremacista blanca. La letra invoca la “recuperación del hogar” por “sangre o sudor”, una consigna clásica del imaginario racialista.

La iconografía no es neutra. En el anuncio, un hombre a caballo atraviesa el plano mientras un bombardero B-2 Spirit cruza el cielo. Frontera, poder aéreo, mito fundacional. Una estética de dominio que conecta con discursos de “reclamación” territorial asociados a la violencia racista y al aceleracionismo. No es casualidad. Es un código.

Tras negar el problema, el DHS retiró discretamente el anuncio de Instagram sin explicaciones públicas. No aclaró por qué lo hizo ni reconoció la circulación del tema en espacios extremistas, ni su presencia en el manifiesto de un autor de una matanza en 2023. Borrar no es asumir responsabilidad, es administrar el ruido.

MILLONES PÚBLICOS, BENEFICIO PRIVADO

El escándalo no se limita a una pieza concreta. Es estructural. Entre marzo y diciembre de 2025, el DHS gastó más de 2,8 millones de dólares en anuncios de reclutamiento en Facebook e Instagram. A partir de agosto, pagó a Meta otros 500.000 dólares adicionales. Durante las tres primeras semanas del cierre gubernamental del otoño pasado, ICE desembolsó 4,5 millones de dólares en campañas de pago. Y en un periodo de 90 días, el DHS invirtió más de 1 millón en anuncios de “autodeportación” dirigidos a usuarias y usuarios interesados en música latina, español como segunda lengua y cocina mexicana.

Segmentación étnica con dinero público. Publicidad gubernamental afinada por intereses comerciales. Meta cobra, el Estado difunde, y las comunidades señaladas pagan el precio simbólico y material.

El salto presupuestario explica la agresividad. Hace una década, el presupuesto anual de ICE era inferior a 6.000 millones de dólares. Tras las nuevas partidas aprobadas el año pasado, dispone de unos 85.000 millones. Más que todas las demás agencias federales de seguridad juntas, según analistas citados por las congresistas. El mayor cuerpo policial del país, con estándares de contratación rebajados, límites de edad eliminados, bonificaciones de firma y formación acelerada. Cantidad sin control.

Las propias legisladoras alertan de un deterioro de la supervisión interna y de riesgos para la seguridad pública. Cuando la expansión se combina con propaganda agresiva y plataformas complacientes, el resultado no es información, es normalización.

Meta presume de normas comunitarias que prohíben la deshumanización, la exclusión y los símbolos ligados a la violencia histórica. También afirma aplicar mayor escrutinio en periodos de tensión. La pregunta no es qué dicen las políticas, sino a quién se aplican cuando hay contratos millonarios de por medio.

No todo lo que incomoda es propaganda nazi, dice el DHS. Pero cuando el Estado adopta códigos del supremacismo y las plataformas los monetizan, la línea roja ya ha sido cruzada.