El futuro nuclear de España se negocia en cartas privadas mientras los consumidores siguen pagando la factura del poder corporativo.
EL CHANTAJE ENERGÉTICO VUELVE A GANAR
El calendario de cierre nuclear acordado en 2019 entre el Gobierno y las eléctricas parecía una línea roja. Siete centrales atómicas debían apagarse entre 2027 y 2035 para dar paso a un modelo más seguro y renovable. Hoy ese acuerdo se tambalea. Iberdrola y Endesa han enviado cartas al Ejecutivo presionando para prolongar la vida de las centrales bajo el argumento de que un cierre ordenado “encarecería la luz”. El chantaje es tan viejo como el propio oligopolio eléctrico: o aceptáis sus condiciones o amenazan con tarifas aún más abusivas.
Sara Aagesen, vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, ha respondido abriendo la puerta a la prórroga, siempre que no suba la factura y haya garantías de seguridad y suministro. En la práctica, el Ejecutivo cede al terreno marcado por las empresas: los que se enriquecen con la luz dictan la política energética, mientras la ciudadanía queda relegada a mero espectador.
En paralelo, PwC ha elaborado un informe a medida para justificar la posición de las eléctricas. Hablan de pérdidas millonarias para las arcas públicas, pero omiten las cifras récord de beneficios que estas mismas compañías han acumulado en los últimos años, incluso en plena crisis energética de 2022, cuando millones de hogares en España no pudieron encender la calefacción. La narrativa es clara: los intereses de los accionistas pesan más que la transición energética y la salud pública.
UN GOBIERNO ATADO DE MANOS POR EL LOBBY ELÉCTRICO
La negociación se desarrolla en la sombra. Cartas privadas, reuniones discretas, sin debate público ni control parlamentario. La política energética de un país entero se cocina al gusto de tres consejos de administración. Iberdrola, Endesa y Naturgy manejan el calendario nuclear mientras pleitean contra el Estado para arrancar compensaciones por valor de 778 millones de euros. La partida es amplia y el mensaje brutal: si el Gobierno no les da lo que piden en materia fiscal, retrasarán inversiones, cerrarán plantas o dispararán litigios.
La presión es tan grande que gobiernos autonómicos empiezan a plegarse. Carlos Mazón (PP) eliminó en València la ecotasa nuclear para beneficiar a Cofrentes, con el apoyo de Vox. En Extremadura, María Guardiola recibe presiones para perdonar impuestos a Almaraz. Las comunidades compiten en dumping fiscal para favorecer a las eléctricas mientras la ciudadanía paga los costes medioambientales, sanitarios y sociales de mantener viva una tecnología sucia y peligrosa.
El Consejo de Seguridad Nuclear apenas asoma en este pulso. Los riesgos de ampliar la vida útil de centrales envejecidas se subordinan a la lógica del beneficio rápido. Las inversiones en renovables se frenan porque las nucleares, apuntaladas por privilegios fiscales, ocupan espacio en la red eléctrica. España pierde años vitales para una transición justa y democrática mientras los grandes del sector compran tiempo y poder.
Cada carta intercambiada es un recordatorio de que la supuesta liberalización del mercado eléctrico es una farsa. Tres empresas deciden el precio de la luz, las reglas fiscales y ahora la estrategia energética nacional. El Gobierno, lejos de romper esa captura corporativa, busca fórmulas para contentarlas.
El país que presumía de “liderar la transición verde” termina negociando a puerta cerrada cuánto más se prolongará la era nuclear, cuánto pagarán en impuestos las multinacionales y cuánto tendrán que aguantar las y los ciudadanos una factura eléctrica que ya se traga buena parte de sus sueldos.
El poder corporativo no se combate con cartas amistosas ni cesiones fiscales. Se enfrenta con control público, expropiaciones y una transición energética que deje de ser rehén del lobby eléctrico. Hasta entonces, la luz seguirá siendo su negocio y nuestra condena.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
El OSCURO NEGOCIO de LOGRAR que te ENAMORES de una IA | #ReportajeSR
Durante años nos hablaron de la economía de la atención. Ahora, las grandes empresas tecnológicas han dado un paso más allá para monetizar algo mucho más íntimo: nuestro apego emocional. Desde dispositivos…
PAYPAL MAFIA: INFORME DEFINITIVO sobre los DUEÑOS del PODER #ReportajeSR
Durante las últimas semanas hemos ido desgranando las figuras que convirtieron a la «PayPal Mafia» en una de las redes de poder e influencia más determinantes del planeta a través de los…