La sociedad no presenta cuentas anuales desde 2014, aunque la legislación le obliga a ello
Tomás Díaz Ayuso y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, comparten al 50% la empresa Sismédica S.L., que ambos heredaron de su padre. Esta sociedad llevó a Ayuso a la palestra el año pasado cuando infoLibre detectó que la dirigente había ocultado su nombre en su declaración de bienes en la Asamblea y Ayuso se vio obligada a rectificar.
Los hermanos Díaz Ayuso adquirieron la sociedad en 2012 por donación de sus padres, en aquel momento acosados por las deudas. El objetivo de este traspaso de titularidad era proteger los bienes susceptibles de embargo.
Sismédica SL, tal y como explica infoLibre, es ahora mismo una «sociedad durmiente», es decir, teóricamente está “inactiva” pero puede volver a operar cuando sus titulares quieran. La sociedad no presenta cuentas anuales desde 2014, saltándose así la Ley de Sociedades. Ese incumplimiento carece de efectos prácticos más allá del llamado «cierre de la hoja registral», que impide a la empresa inscribir en el Registro los actos ordinarios de cualquier compañía. Por lo tanto, de esta forma se impide a un tercero conocer los pasos que vaya dando la mercantil si estos se produjesen.
El incumplimiento por no presentar cuentas anuales puede acarrear también una multa y, aunque legalmente puede llegan a 60.000 euros, suelen ser como mucho de 150 o 200 euros, según los expertos consultados.
Contratos menores con Artesolar y Sismédica
El pasado viernes, el digital Elindependiente.com publicó que “en el dossier en manos de Génova también figuraban contratos menores con las empresas Artesolar y Sismédica por un importe total que suponía unos 80.000 euros, participadas por Tomás Díaz Ayuso. Sin embargo, esos contratos no presentaban ninguna irregularidad, según fuentes conocedoras de la investigación”.
infoLibre preguntó a los portavoces de Ayuso si los datos referentes a los contratos con Sismédica son correctos y su respuesta fue que no hay ningún contrato con esa empresa, aunque admitieron que sí los hubo con Artesolar, donde Tomás Díaz Ayuso figura como cargo directivo. Respecto al tema de por qué no han disuelto todavía la sociedad si lleva siete años inactiva, el equipo de la presidenta madrileña ha contestado: “Porque lo habrán decidido así”.
Ayuso omite que la mitad de Sismédica es suya
En medio de la guerra interna que ha dinamitado al Partido Popular después de que que se publicara que se trató de encargar a un despacho de detectives investigar a Isabel Díaz Ayuso para intentar acreditar su mediación en el contrato con la empresa madrileña Priviet Sportive S.L., con la que su hermano tuvo «relaciones comerciales», para el suministro de 250.000 mascarillas, la presidenta madrileña ha omitido en todas sus intervenciones que la mitad de Sismédica es suya y que, por tanto, sí conoce al menos parte de la actividad profesional de su hermano.
Tras abrir diligencias para averiguar si se produjo alguna irregularidad en el contrato con Priviet Sportive S.L., el fiscal jefe Anticorrupción tendrá que resolver dos preguntas: por qué se concedió el contrato a esa empresa para encargarle las mascarillas que suministró en abril de 2022 si la empresa carecía de experiencia en el suministro de material médico.
Y la segunda pregunta que deberá resolver es en relación a otras tres facturas que, según la versión de Ayuso y su equipo, se tradujeron en otros 228.000 euros para su hermano. Pablo Casado insinuó que pudo haber usado facturas falsas para que la comisión se disparara desde los 55.000 euros oficiales a los 280.000 cobrados.
infoLibre preguntó al equipo de la presidenta si su hermano había facturado a Priviet como persona física o como representante de Sismédica S y la respuesta fue: «Como autónomo la factura que afecta a la Comunidad, no sabemos el resto».
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
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