Los activistas CervantesFAQs han sufrido la suspensión de su cuenta en la red social Instagram tras denunciar la manipulación de una imagen del diputado de Podemos Alberto Rodríguez.
Hoy, un día en el que nos enteramos que el algoritmo de amplificación de Twitter tiene más cosas en común con la extrema derecha política de lo podría parecer en un principio y que esta se ve beneficiada por ello, nos llega la noticia de que la cuenta de Instagram de CervantesFAQs ha sido cancelada.
Y es que parece que las multinacionales que se esconden tras las redes sociales, movidas por intereses que van más allá de lo meramente económico, la tienen tomada con el activismo y la izquierda política en los últimos años a tenor de este tipo de situaciones, cada vez más habituales.
Si a esto le sumamos que los conservadores y ultras (elija aquí si prefiere ultraderecha, ultraconservadores o ultracatólicos) tengan la suerte de que «ciertos contenidos políticos se amplifiquen» en redes sociales, tal como apunta Rumman Chowdhury, jefa de aprendizaje automático, ética, transparencia y responsabilidad de Twitter; tenemos un caldo de cultivo propicio para el crecimiento de la derecha y la extrema derecha en nuestro país.
Activos desde 2012
CervantesFAQs están especializados en desmontar mentiras de la derecha y la denuncia de abusos, ya sean judiciales, policiales, ecológicos, políticos o sociales. Son una cuenta que lleva desde 2012 haciendo activismo y si hubiese que definir su labor con una palabra, esta estaría clara: antifascismo.
No es la primera vez que pasan por esto. Los activistas ya tuvieron que sufrir el cierre de su cuenta de Twitter por criticar a uno de los líderes de la extrema derecha europea, Matteo Salvini. El tuit usado como excusa para llevar a cabo el cierre de la cuenta de CervantesFAQs fue uno en el que denunciaban una situación en la que el entonces ministro del Interior y vicepresidente del Gobierno italiano, subía a su hijo a una moto de agua de la Policía en la localidad de Milano Marittima, en la región de Emilia Romagna, donde el ministro estaba pasando un par de días de vacaciones.
Ahora, la pérdida de su cuenta de Instagram significa otro duro golpe para la lucha contra los bulos y la intolerancia de la extrema derecha. De hecho, ha sido uno de estos bulos desmontados los que les ha acarreado la suspensión, ya que se metieron con uno de los pilares básicos del Sistema tal y como lo conocemos: las intocables fuerzas del orden.
CervantesFAQs y Alberto Rodríguez
La denuncia en la que se embarcaron versaba sobre la injusta condena a Alberto Rodríguez, a quien se le impuso en un primer momento una pena de prisión de un mes y quince días al Diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez como autor de un delito de atentado a agentes de la autoridad, que fue sustituida después por una multa económica.
Ciudadanos, prensa crítica y dirigentes de Podemos arremetieron contra el Tribunal Supremo por condenar «sin pruebas» al diputado. Por ello, califican la decisión que califica de «vergüenza» y destacan que evidencia que hay una justicia «corrupta» y al «servicio del poder».
Lo que CervantesFAQs denunciaba era un caso concreto en la que un Inspector de Policía usaba de forma maniquea un fotograma de un vídeo en el que se ve a Rodríguez siendo agredido por la Policía. La imagen, compartida en la cuenta de Twitter del agente, da a entender que el diputado de Podemos se encaró con las fuerzas de seguridad.
El comentario irónico con el que el agente acompañaba la imagen ayudaba en su cometido de embarrar la situación: «Y todo por dialogar amablemente, sin estridencias, y con mucha educación con los señores agentes de la autoridad», indicó.
Nada más lejos de la realidad: al ver la secuencia se comprueba que Rodríguez levanta las manos y pide calma, echándose hacia atrás en lugar de enfrentarse.
Desde Spanish Revolution esperamos que Facebook, propietaria de Instagram, recapacite en sus políticas de suspensión a la izquierda y amparo a la derecha. No es entendible que mientras generadores de odio como Javier Negre campen a sus anchas por las redes sociales, quienes denuncian sus tropelías vean cortadas sus alas, dejando de esta forma la integridad y la ética sin su justa defensa.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
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La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
A FONDO: ¿Quién GANA con el CAOS en CEUTA? #Reportaje SR
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