Rubén Sánchez demanda a Cristina Seguí: la ultraderecha sigue agitando el odio desde sus trincheras mediáticas 

El secretario general de Facua toma medidas judiciales tras las acusaciones falsas de la agitadora ultraderechista.

La ultraderecha, una vez más, da un paso en la dirección más oscura del panorama mediático. Rubén Sánchez, secretario general de Facua, ha decidido demandar a Cristina Seguí, una figura conocida por su retórica incendiaria y acusaciones sin fundamento, en un nuevo episodio que deja al descubierto el deterioro de la convivencia democrática. Esta vez, la estrategia de Seguí ha sido acusar a Sánchez de haberla amenazado de muerte y de estar investigado por dos juzgados en Valencia, una narrativa completamente fabricada, según el propio Sánchez ha declarado públicamente.

Con esta demanda, Sánchez no solo busca limpiar su nombre, sino exponer la mecánica tóxica con la que operan ciertos sectores de la ultraderecha mediática. La historia de Seguí está repleta de episodios como este: difamaciones, ataques personales y manipulaciones, todo en nombre de un discurso que distorsiona la realidad y pisotea los valores democráticos.

LOS JUGUETES ROTOS DEL ODIO MEDIÁTICO

Cristina Seguí no es una novata en el uso de plataformas digitales para agitar odios y manipular los hechos. Con casi 260.000 seguidores en redes sociales y miles de suscriptores en su canal de Telegram, ha cultivado un espacio en el que las noticias falsas y la difamación son moneda corriente. En este ecosistema, las mentiras y manipulaciones generan clics, suscriptores y donaciones. Este tipo de personajes no existirían sin una audiencia cómplice, dispuesta a premiar la desinformación. El problema no es solo el individuo que difunde falsedades, sino también quienes amplifican su mensaje.

Seguí, condenada hace pocos meses por humillar públicamente a una niña que había sido víctima de una agresión sexual grupal, es un ejemplo vivo de cómo los medios alternativos, disfrazados de periodismo ciudadano, pueden convertirse en fábricas de odio. En aquel juicio, Rubén Sánchez fue testigo y Seguí, en un giro más de su narrativa victimista, lo acusó de haber mentido para conseguir su condena.

La estrategia es clara: desacreditar a cualquiera que ose exponer la verdad. Para personajes como Seguí, los juicios y condenas no son barreras, sino meros obstáculos que se superan con más mentiras. Su reciente condena no ha frenado su retórica ni su empeño en difamar a quienes, como Sánchez, alzan la voz contra sus abusos.

El papel de Sánchez en todo esto ha sido el de señalar las prácticas inaceptables de Seguí, y por ello, ha sido atacado. El hecho de que, tras una condena judicial, Seguí continúe con sus acusaciones demuestra una preocupante impunidad mediática, alimentada por una base de seguidores dispuestos a creer cualquier cosa que encaje en su narrativa ideológica.

LA JUSTICIA COMO HERRAMIENTA CONTRA LA DESINFORMACIÓN

El caso de Cristina Seguí, lejos de ser un episodio aislado, refleja una tendencia más amplia en la que el odio y la desinformación se utilizan como herramientas de confrontación política. Para quienes como ella se sitúan en el extremo más radical del espectro, la verdad es solo un obstáculo más que hay que sortear. Y, cuando los hechos no les favorecen, optan por inventarlos. No sorprende, por tanto, que tras su condena por un delito contra la integridad moral y revelación de secretos, Seguí haya redoblado su ofensiva mediática.

Su condena en julio de 2024 es un recordatorio de los límites de la libertad de expresión: difundir vídeos que humillan a víctimas de agresiones sexuales no es defender la verdad, es un delito. La justicia así lo entendió cuando dictaminó que Seguí debía pagar 12.000 euros de indemnización y cubrir las costas del juicio. Sin embargo, en su universo mediático, la justicia parece ser vista como un mero contratiempo. Seguí no ha aprendido nada de su condena; al contrario, ha intensificado su ataque.

Rubén Sánchez ha decidido actuar una vez más, no solo para defender su honor, sino también para frenar la maquinaria de desinformación que Seguí y otros tantos personajes ultraderechistas ponen en marcha a diario. Su demanda, presentada en septiembre de 2024, es un nuevo paso en una lucha que va más allá de lo personal: es una batalla por la verdad, contra quienes la pisotean.

Este caso, como tantos otros, pone de relieve la necesidad urgente de que la justicia actúe con firmeza frente a los ataques difamatorios. No se trata solo de proteger a Rubén Sánchez, sino de salvaguardar el espacio público del veneno de la desinformación. La demanda no es una simple respuesta legal; es un acto de resistencia contra el deterioro del debate público, donde las acusaciones falsas, las amenazas y las mentiras se han convertido en un arma política cotidiana.

La situación no es nueva, pero el nivel de impunidad con el que ciertos personajes actúan es cada vez más alarmante. Los medios tradicionales, las redes sociales y las plataformas de vídeo deberían ejercer un mayor control sobre aquellos que usan sus espacios para difundir odio y falsedades. No se puede permitir que el odio tenga cabida en el debate democrático.