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El Reino Unido es, probablemente, el país desarrollado más afectado por el malestar social y las huelgas laborales. ¿Por qué esta situación? Recapitulemos un poco para poder entender qué está sucediendo.
Reino Unido, instalados en el neoliberalismo thatcheriano
La revolución conservadora y el modelo neoliberal impulsado por Margaret Thatcher, primera ministra británica entre 1979 y 1990, supuso el abandono de la economía industrial y la apuesta por un nuevo modelo económico basado en las finanzas emergentes y en el continuo crecimiento de la City londinense.
No obstante, la crisis financiera de 2008 puso de manifiesto las enormes limitaciones de un modelo económico que, básicamente, beneficiaba a las élites y al mercado laboral relacionado con la City.
Desde la década de los noventa del siglo pasado hasta 2015, el Reino Unido se ha desindustrializado, su balanza comercial ha evolucionado hacia una posición crónicamente negativa, su sector público se ha precarizado y se ha consolidado la sustitución paulatina de la ocupación industrial por trabajos precarios y mal pagados propios del sector servicios (camareros, cocineros y todo tipo de personal orientado al sector turístico).
Como consecuencia, desde 2008 su PIB per cápita ha sido claramente superado por el de Estados Unidos, Alemania, Canadá y otros países desarrollados, y su mercado de trabajo ha sufrido una intensa devaluación salarial.
Es en este contexto económico de creciente desigualdad social, paulatino incremento de la pobreza de las clases trabajadoras y elevada precarización del sector público, donde se inscribe el drama político del Brexit, que llevó al Gobierno británico a invocar el artículo 50 del Tratado de la Unión y solicitar su salida de la UE en marzo de 2017.
Desde la celebración del referéndum para la salida del Reino Unido de la UE, en junio de 2016, y la posterior dimisión de David Cameron, el país ha tenido cuatro primeros ministros (Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss y Rishi Sunak), ha perdido buena parte de su cuota de mercado de la UE y, en 2022, ha alcanzado una tasa de inflación del 11 %, que ha encarecido notablemente el nivel de vida de buena parte de su población.
La respuesta de sus ciudadanos a este panorama económico, político y social ha sido mostrar un enorme malestar, que se ha canalizado a través de oleadas de huelgas del sector público, del transporte ferroviario, de la sanidad pública o del personal de los aeropuertos, y que ha paralizado casi por completo la actividad económica del país desde el otoño de 2022.
España, una economía de servicios
España, como otros países de la UE, ha sufrido un proceso económico relativamente similar al del Reino Unido, pero con algunos matices importantes. Desde los años 80, la economía española se ha terciarizado intensamente, con un importante sector turístico que en 2021 representó el 8 % del PIB español (antes de la pandemia llegó a ser de poco más del 12 %) y el 11 % del total de la ocupación.
Sin embargo, el proceso de desindustrialización ha sido más moderado y, en cierta manera, se ha visto compensado por el importante peso del sector de la construcción (5 % del PIB en 2021).
Asimismo, el mercado de trabajo ha sufrido una intensa precarización y una elevada devaluación salarial, sobre todo desde 2008 hasta 2020. No obstante, el malestar social en España es escaso, como queda reflejado en la estadística de huelgas y cierres patronales que elabora el Ministerio de Trabajo.
Según los datos recogidos entre enero y septiembre de 2022, el número de huelgas es un poco superior al registrado en 2021, pero su impacto social es muy bajo: 520 huelgas y 112 704 participantes. Además, la mayoría de las mismas se han registrado en el sector privado (manufactura 43,6 %) y, fundamentalmente, están relacionadas con el proceso de negociación colectiva. Así pues, ¿qué circunstancias han podido incidir en esta relativa calma social en un contexto de crisis e inflación? Podemos señalar tres grandes factores:
Aunque la paralización económica provocada por la pandemia de la covid-19 tuvo graves consecuencias económicas para España, con una caída del PIB del 11,3 % en 2020, el mercado de trabajo, y muy especialmente la tasa de desempleo, tuvieron un comportamiento relativamente positivo. En 2020, la tasa de paro apenas aumentó un 2 % respecto al año anterior (16,13 %) para, posteriormente, disminuir hasta el 13,33 % en 2021. La principal explicación para estas cifras está en la aplicación, por parte del gobierno español, de los ERTE durante el periodo más duro de la pandemia. Esta iniciativa gubernamental, que entre abril y junio de 2020 benefició a 3,38, 2,99 y 1,83 millones de trabajadores, permitió mantener buena parte de la ocupación y que la incidencia de la pandemia en las cifras de desempleo fuera bastante modesta.
El papel protector de la Unión Europea durante el periodo de pandemia. Cabe destacar dos elementos muy importantes que han contribuido a reducir el impacto económico y social de la covid-19 en los países europeos: las estrategias coordinadas de la UE para la compra y distribución de las vacunas durante 2021 y, muy especialmente, los fondos Next Generation EU, que conforman la respuesta de la UE a la pandemia y que persigue facilitar soporte económico a los países comunitarios a través de subvenciones y créditos por un valor total de 750 000 millones de euros, de los que 140 000 millones corresponden a España.
La política económica desarrollada por el gobierno español con el objetivo de incrementar la protección social ha ejercido un efecto balsámico en la población. Iniciativas legislativas como la reforma laboral de 2021, que ha permitido dar estabilidad a cientos de miles de trabajadores; la subida del SMI desde los 735 € mensuales de 2018 hasta los 1 000 € mensuales de 2022; la revalorización de las pensiones según el IPC o la aplicación, en 2022, de medidas antiinflacionistas como el tope al gas, que fija límites en el precio de la luz en los mercados energéticos de España y Portugal, y que ha conseguido que España sea el país con la menor inflación de la UE en 2022 (5,6 %).
La suma de estos factores ha facilitado que, a diferencia de lo que pasa en el Reino Unido, el malestar social en España haya sido de baja intensidad y apenas haya tenido influencia en la sociedad española.
Otra cuestión es la polarización y el griterío político, que proviene fundamentalmente de los partidos políticos y de los medios de comunicación, pero este ya es tema para otro artículo.
Víctor Climent Sanjuán no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.
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