El informe desarrollado por el PSOE ante notario cifró en un 30% la malversación en la reforma de dos zonas verdes en un contrato del Ayuntamiento de Murcia
Ayuntamiento de Murcia ya había certificado como ejecutados al 100% dentro de un multimillonario contrato la mejora de parques en los que bancos, árboles, pérgolas y otras instalaciones previstas no aparecían por ningún lado. Lo cuenta infolibre en este artículo.
Así lo pudo comprobar el PSOE, que comprobaron que en dos zonas verdes, que acababan de someter a examen secreto en compañía de un notario, se había producido un agujero considerable, una malversación del 30%: el porcentaje de lo presupuestado para ambos espacios que no habría llegado a gastar la UTE contratista.
Según el informe, la cuantía de las mejoras «que no se han llevado a cabo» –agrega el informe– «podría ascender a alrededor de 207.345 euros». Y eso representa «cerca de una tercera parte del presupuesto» asignado. «estaríamos hablando de que la pérdida patrimonial para el Ayuntamiento de Murcia podría alcanzar 1.450.045 euros».
Los socialistas elaboraron con esos datos un informe detallado, le adjuntó un extenso reportaje fotográfico de los puntos analizados que se llevó a la Fiscalía, ampliando así la denuncia que por presunta financiación ilegal del PP.
Mario Gómez y la mecha de la moción en Murcia
Este desfalco acabó jugando un papel preeminente en el terremoto de la moción de censura murciana finalmente abortada por el PP, aunque no fue el único paso relacionado. Mario Gómez, de Ciudadanos y entonces vicealcalde, fue quien encendió la mecha entregando el mismo mes de octubre papeles a la UDEF sobre esa adjudicación, formalizada en agosto de 2019 por 52 millones. También incluyó en el paquete de documentación de «varios gigas» para la UDEF archivos sobre dos centenares de contratos de menor cuantía.
Ahí se abrió así paso la moción de censura presentada el miércoles por PSOE y Ciudadanos contra el presidente de Murcia, Fernando López Miras, del PP. «Nosotros no podemos ser cómplices de la corrupción y de las irregularidades», dijo ese día Gómez ante los periodistas.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
A FONDO: ¿Quién GANA con el CAOS en CEUTA? #Reportaje SR
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THUNDERFORGE – El PENTÁGONO se echa en manos de la INTELIGENCIA ARTÍFICIAL #ReportajeS
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