Después de que tratara de exculparse este político de C’s se ha visto salpicado por el QatarGate.
Recientemente el exalcalde del PP y eurodiputado de Ciudadanos, José Ramón Bauzá, justificaba su respaldo a Qatar después de que estallara el QatarGate.
El eurodiputado resulta que es presidente del Grupo de Amistad Qatarí-Unión Europea en el Parlamento Europeo hecho por la que ha sido cuestionado debido a sus contactos con el régimen.
Este, sin embargo, quiso defenderse ante el QatarGate: “He defendido en el Parlamento Europeo que los avances de Qatar son una buena noticia para Oriente Medio. Lo creía y lo creo. Ahora bien: si se demuestra que han pagado a algún diputado o asesor para influir en ellos a su favor, hay que ser absolutamente contundente contra todos”, tuiteaba Bauzá.
“Huelga decirlo, pero por si acaso lo dejo aquí por escrito: jamás he recibido, ni siquiera me han ofrecido, ni un solo euro por defender absolutamente nada. Todas mis reuniones han sido públicas, y cuando he viajado a Qatar lo he hecho siempre con invitación oficial. La dignidad de las instituciones, que es el sustento último de la democracia, está por encima de todo”, continuaba.
“En mi grupo apoyaremos un debate en Pleno y una investigación al respecto para aclarar hasta la última duda. Tolerancia cero con la corrupción. Si alguien tiene la más mínima pregunta al respecto de mis posicionamientos políticos sobre Qatar o de cualquier cuestión relacionada con este escándalo, por supuesto estoy a completa disposición. Transparencia, transparencia y transparencia. La única respuesta posible”, sentenciaba.
Díaz más tarde se da a conocer que el eurodiputado de Cs y expresidente del PP en Baleares, José Ramón Bauzá, recibió viajes, con hotel de 5 estrellas y vuelos en business.
Se encuentra así salpicado con el caso y entra dentro de las decenas de políticos a los que se echará un ojo encima, una investigación que está haciendo tambalear al Europarlamento.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
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