No podemos permitir que Estados Unidos fuerce el cambio de régimen en Irán: la lucha es del pueblo 

Las protestas son legítimas, la represión es criminal, pero la injerencia imperial solo garantiza más sangre y menos democracia

Hay verdades incómodas que pueden coexistir sin anularse. En Irán hay una revuelta popular legítima contra una élite política enquistada, incapaz de garantizar condiciones materiales dignas y dispuesta a responder con violencia extrema a cualquier exigencia de libertad. Y, al mismo tiempo, Estados Unidos no tiene base política, legal ni moral alguna para forzar un cambio de régimen. No ahora, no nunca. Pretender lo contrario es borrar décadas de historia imperial a golpe de amnesia interesada.

Las protestas no nacen del vacío. Llegan tras años de inflación desbocada, precarización y empobrecimiento inducido. Pero también tras décadas de sanciones económicas diseñadas deliberadamente para destruir la vida cotidiana, no para proteger derechos humanos. Desde 1979, Washington ha trabajado activamente para hacer fracasar cualquier proyecto soberano en Irán. Con especial intensidad desde el regreso de Donald Trump al poder, las sanciones se han convertido en un arma de castigo colectivo. No una desviación, sino una estrategia.

Diversos estudios académicos estiman que las sanciones impuestas por Estados Unidos desde 1971 han contribuido a la muerte de unos 38 millones de personas en todo el mundo, una cifra que no suele aparecer en los discursos sobre “democracia” y “libertad”. Irán, como Venezuela o Cuba, es parte de ese experimento cruel que confía en que el sufrimiento masivo genere estallidos políticos funcionales a los intereses imperiales. No es un error de cálculo, es el cálculo.

Cuando senadores estadounidenses celebran públicamente que “Irán está roto”, no están hablando de un gobierno abstracto. Están hablando de salarios pulverizados, hospitales sin suministros y familias arrastradas a la miseria. Ese cinismo estructural explica por qué nadie fuera del aparato de poder se cree ya el relato humanitario de Washington.

LA DEMOCRACIA NO SE BOMBARDEA

El problema no es solo lo que Estados Unidos hace, sino cómo lo justifica. El mismo gobierno que respalda un genocidio en Gaza, que amenaza con ocupar territorios soberanos y que normaliza ejecuciones extrajudiciales en su propio suelo, pretende dar lecciones de derechos humanos en Irán. La hipocresía es tan evidente que resulta obscena.

Una intervención estadounidense no apoyaría la revuelta popular, la secuestraría. Convertiría una lucha social en una guerra por delegación. La historia es clara: cuando Washington entra en escena, la democracia sale por la puerta de atrás. El escenario que ya se empieza a preparar es conocido. El favorito no es el pueblo iraní, sino el hijo del antiguo Sha, exiliado desde hace décadas, con buenas relaciones con Benjamin Netanyahu y con el trumpismo, y sin legitimidad social alguna dentro del país.

No sería la primera vez. En 1953, Estados Unidos y Reino Unido derrocaron al primer ministro democráticamente elegido de Irán, Mohammad Mossadegh, después de que nacionalizara el petróleo. El castigo fue ejemplar. Golpe de Estado, represión, y el retorno de una monarquía sostenida por la policía secreta y por miles de millones en armas occidentales. Ese precedente no es un recuerdo lejano, es una advertencia ignorada a propósito.

Quienes hoy piden “intervención” fingen no entender que el resultado más probable no es una transición democrática, sino otra restauración autoritaria al servicio de intereses energéticos y geopolíticos. Exactamente lo contrario de lo que dicen defender.

PETRÓLEO, IMPERIO Y MEMORIA BORRADA

Irán fue uno de los primeros países en sufrir la maldición del petróleo. Ya en 1901, una dinastía debilitada vendió derechos de prospección a intereses británicos. En 1908 se descubrió el crudo. En 1914, el Gobierno británico tomó el control de la compañía petrolera para alimentar su maquinaria militar. A partir de ahí, el guion se repite: extracción, beneficio extranjero y pobreza local.

La desigualdad creció, la soberanía se erosionó y la conciencia antiimperial se extendió, especialmente entre las trabajadoras y trabajadores del sector petrolero, sometidos a condiciones coloniales. Mossadegh intentó revertir ese saqueo. Pagó el precio. La nacionalización del petróleo fue tratada como un crimen imperdonable, aunque fuera legal y apoyada masivamente por la población.

Tras el golpe de 1953, las petroleras estadounidenses obtuvieron el 40% del control del crudo iraní. El resto fue para British Petroleum. La democracia fue sacrificada en nombre de la estabilidad. El Sha gobernó con tortura y censura, sostenido por armas estadounidenses que, al final de su reinado, superaban los 20.000 millones de dólares en compras acumuladas.

La revolución de 1979 no cayó del cielo ni fue un capricho religioso. Fue una reacción social amplia contra décadas de humillación, desigualdad y subordinación. El hilo conductor fue el antiimperialismo, no la teocracia como destino inevitable. La violencia posterior, las derivas autoritarias y la represión no borran ese origen material.

Por eso hoy, cuando se repite el mantra del “cambio de régimen”, conviene recordar Irak. También allí había un dictador. También allí se prometió democracia. El resultado fue una catástrofe con cientos de miles de muertos y un país devastado. Repetir ese modelo en Irán no sería un error, sería un crimen anunciado.

Las y los iraníes tienen derecho a rebelarse, a exigir libertad y a poner fin a la represión. Lo que no necesitan es que un imperio que los ha castigado durante más de cuatro décadas vuelva a decidir por ellos, con misiles, sanciones y gobiernos títere. Porque cada vez que Washington dice “estamos considerando opciones muy serias”, la historia responde siempre con la misma traducción: más petróleo, más control y menos pueblo.