Las personas necesitamos formar parte de nuestra comunidad, ser aceptadas y reconocidas por el grupo, contar con una red de apoyo, que nuestros intereses y opiniones sean valorados y poder definir con otros nuestras realidades de vida. Es lo que se conoce como el derecho a la participación social, pero no todas las personas tienen reconocido este derecho.
Quienes trabajan en la mejora de la calidad de vida y en la reducción de las desigualdades sociales coinciden en considerar la participación como un indicador clave de inclusión.
La participación de los niños
En nuestra sociedad hemos evolucionado en la forma de entender la infancia, superando miradas que entienden a los niños y niñas como los “aún no” (aún no tienen madurez, aún no tienen criterio, aún no saben lo que quieren, aún no pueden decidir).
Iniciativas como la ciudad de los niños del psicopedagogo italiano Francesco Tonucci, las Ciudades Educadoras (AICE) o las Ciudades Amigas de la Infancia (CAI-UNICEF), reivindican un papel más activo de la infancia como ciudadanía activa.
En estas experiencias, los consejos de participación de la infancia y la adolescencia funcionan como órganos de gobierno local que buscan garantizar la inclusión de niñas, niños y adolescentes en la toma de decisiones y el impulso de iniciativas en su municipio. El objetivo es doble: mejoran la gobernanza, al incorporar su mirada, y les educan para la participación.
Enlace entre ayuntamiento y niños
La edad de sus integrantes suele oscilar entre los 8 y los 16 años. Como miembros del consejo, asumen la función de representar a la infancia de su municipio, haciendo de enlace entre las niñas y los niños de su escuela o barrio y el gobierno local.
Desde las concejalías, les piden colaboración en aspectos como el diseño de espacios públicos, la elaboración de la programación cultural, la definición del plan de infancia municipal, etc.
En otras ocasiones, son las propias niñas y niños quienes acercan sus propuestas, en torno a temas que les afectan, tal y como podemos ver en experiencias como la del ayuntamiento de Teo, en la que reclaman espacios de encuentro libres de tecnologías.
Un equipo de la Universidad de Barcelona, la UNED, la Universidade da Coruña y la Universidad de Sevilla hemos estado investigando en torno a la infancia y participación, con el fin de generar propuestas para una ciudadanía activa e inclusiva en la comunidad, las instituciones y la gobernanza.
En el estudio han participado niñas, niños, personal técnico y político de 179 municipios pertenecientes a las redes AICE y CAI-UNICEF, con quienes hemos contado para reflexionar sobre participación e inclusión.
Una oportunidad para la inclusión
La participación infantil es una vía clara de inclusión social de un colectivo que, tradicionalmente, ha sido situado al margen de los espacios de acción comunitaria y de toma de decisiones. De igual modo, debemos conseguir que espacios de participación como los consejos sean, a su vez, inclusivos.
Es importante prestar atención a que estén representadas aquellas niñas y niños más vulnerables (por nivel socioeconómico, diversidad funcional, procedencia, etnia, edad, género, diversidad sexual, territorio o condiciones de vida singulares). Evitaremos así que se conviertan en espacios homogéneos que no representan la diversidad de los intereses de la infancia.
Con inclusión nos referimos a los dos niveles: el de garantizar el acceso a oportunidades de participación haciendo frente a barreras físicas, económicas, territoriales, etc., y un segundo nivel de inclusión en el funcionamiento de los órganos, de manera que se cuide la igualdad de oportunidades en las relaciones y la toma de decisiones y se construyan dinámicas de buen trato.
Estrategias inclusivas
El sistema educativo formal, escuelas e institutos, es una de las claves principales para asegurar esta inclusión. En primer lugar, como organizador de las elecciones mediante las que los niños eligen democráticamente a sus representantes. Además, como garante de la representación de ambos géneros.
Es fundamental también la colaboración con entidades del territorio que trabajan con esas infancias más vulnerables (centros o entidades de diversidad funcional, servicios sociales, entidades de protección a la infancia, colectivos lgtbiq+ o de otra índole) y las acercan a estos espacios de participación.
Para asegurar la inclusión dentro del órgano municipal, este puede abrirse a la participación de diferentes colectivos que ofrecen formación previa al proceso de participación, proporcionando diferentes recursos para la mejora de la comunicación, la empatía, la asertividad y las habilidades sociales.
Por último, otra de las medidas destacadas para asegurar la inclusión es la difusión de información. Gracias a ello, tanto el alumnado como los diferentes centros educativos sienten que sus decisiones son conocidas por la comunidad y ello les motiva a seguir participando, pues se visibiliza lo que se ha ido haciendo y consiguiendo en estos órganos de participación.
Voces escuchadas, voces incluidas
Para poder formar parte y sentirnos reconocidos, necesitamos poder participar de las decisiones que nos afectan. La participación social es clave para fomentar la inclusión.
A través de las estrategias ofrecidas por los centros educativos y los órganos de participación podemos lograr que las voces silenciadas de la infancia formen parte en la toma de decisiones de su comunidad.
Los resultados de este artículo se derivan del trabajo realizado en el marco de la investigación “Infancia y participación. Diagnóstico y propuestas para una ciudadanía activa e inclusiva en la comunidad, las instituciones y la gobernanza” (RTI2018-098821-B-I00), coordinado por las Dras. Ana Novella Cámara y Marta Sabariego Puig, financiado a cargo de la convocatoria “Retos Investigación” del Programa Estatal de I+D+i Orientado a los Retos de la Sociedad 2019, del Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España. María Barba Núñez es, además de PDI de la Universidade da Coruña, presidenta de la Asociación Aliad Ultreia, con CIF G27021120, asociación sin ánimo de lucro de inclusión social. Una presentación más amplia de estos resultados se recogen en el trabajo de Morentin-Encina, J.; Noguera, E. & Barba, M. (2022). Inclusion as a Value in Participation. Children’s Councils in Spain, Social Inclusion, 10(2), 54-65.
Los resultados de este artículo se derivan del trabajo realizado en el marco de la investigación “Infancia y participación. Diagnóstico y propuestas para una ciudadanía activa e inclusiva en la comunidad, las instituciones y la gobernanza” (RTI2018-098821-B-I00), coordinado por las Dras. Ana Novella Cámara y Marta Sabariego Puig, financiado a cargo de la convocatoria “Retos Investigación” del Programa Estatal de I+D+i Orientado a los Retos de la Sociedad 2019, del Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España.
María Barba Núñez es, además de PDI de la Universidade da Coruña, presidenta de la Asociación Aliad Ultreia, con CIF G27021120, asociación sin ánimo de lucro de inclusión social.
Una presentación más amplia de estos resultados se recogen en el trabajo de Morentin-Encina, J.; Noguera, E. & Barba, M. (2022). Inclusion as a Value in Participation. Children’s Councils in Spain, Social Inclusion, 10(2), 54-65.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
PAYPAL MAFIA: INFORME DEFINITIVO sobre los DUEÑOS del PODER #ReportajeSR
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