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El hotel del Algarrobico seguirá siendo un símbolo del fracaso de nuestras instituciones para proteger lo que es de todas y todos.
El hotel del Algarrobico, ubicado en el corazón del Parque Natural de Cabo de Gata (Almería), se ha convertido en el símbolo más visible del descontrol urbanístico en la costa Mediterránea. Esta imponente estructura, construida en 2003, representa una herida abierta que lleva décadas resistiendo su demolición, gracias a un entramado judicial lleno de escollos y contradicciones. Ahora, el caso ha llegado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), tras la denuncia interpuesta por Greenpeace contra la decisión del Tribunal Supremo español de 2022, que consideró que los terrenos en los que se erige el polémico complejo siguen siendo urbanizables. Este giro inesperado puede ser el último paso en un laberinto legal que parece no tener fin.
La decisión de llevar el caso a Estrasburgo surge de una profunda frustración por la ineficacia de las instituciones españolas en resolver este conflicto. El Ayuntamiento de Carboneras ha sido un actor clave en esta historia, ya que, a pesar de las numerosas sentencias que declaran la ilegalidad del hotel, ha eludido de manera sistemática su obligación de modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para declarar el paraje del Algarrobico como suelo no urbanizable. La inacción del gobierno municipal ha permitido que esta monstruosa construcción siga en pie y, lo que es más preocupante, ha abierto una grieta en el Estado de Derecho, al condicionar el cumplimiento de una sentencia firme a la voluntad de una entidad local.
José Ignacio Domínguez, abogado de Greenpeace, lo expresa con claridad: «El fallo del Supremo atribuye competencias judiciales al Ayuntamiento de Carboneras, mientras no modifique su PGOU, y eso es inconcebible». No se puede permitir que la legalidad de una sentencia dependa del capricho de una administración local, y es precisamente este argumento el que ha llevado al TEDH a admitir la denuncia.
UN CASO QUE EXPONE LAS FLAQUEZAS DEL SISTEMA JUDICIAL ESPAÑOL
El caso del Algarrobico no es solo una cuestión medioambiental. Lo que está en juego es la capacidad del sistema judicial español de hacer cumplir sus propias resoluciones. Desde 2006, cuando un juzgado de primera instancia de Almería decretó la paralización cautelar de las obras del hotel, este proyecto ha acumulado más de cincuenta pronunciamientos judiciales, de los cuales veinte han constatado su ilegalidad. Sin embargo, el hotel sigue en pie, desafiando todas las expectativas y poniendo en entredicho la eficacia de las instituciones.
Uno de los hitos más polémicos fue la decisión del Tribunal Supremo en 2022, que consideró que, mientras el Ayuntamiento de Carboneras no modificara su PGOU, los terrenos del Algarrobico debían considerarse urbanizables. Este fallo fue interpretado como un golpe a la justicia ambiental y un retroceso en la lucha contra la especulación inmobiliaria. Greenpeace, al denunciar esta resolución ante el TEDH, ha señalado que priva a la ciudadanía del derecho a un juez independiente y a una tutela judicial efectiva, violando así el artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
En este contexto, la batalla entre el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y el Ayuntamiento de Carboneras ha sido especialmente encarnizada. En varias ocasiones, el TSJA ha emitido ultimátums al consistorio para que modifique su PGOU y reconozca el paraje del Algarrobico como suelo no urbanizable. No obstante, el Ayuntamiento ha eludido su responsabilidad con excusas y dilaciones, una táctica que ha permitido que el hotel siga dominando el paisaje.
El desdén con el que el Ayuntamiento ha tratado este asunto queda claro en su última comunicación al TSJA en julio de 2024, cuando afirmó que el vigente PGOU incluía «como nota accesoria» el fallo de 2018. Esta respuesta fue calificada como insuficiente por el tribunal andaluz, que sigue presionando para que se cumpla de manera efectiva la sentencia.
LA LUCHA LLEGA A ESTRASBURGO: ¿JUSTICIA FINAL O MÁS DILACIONES?
El hecho de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya aceptado investigar este caso marca un hito importante en la lucha por la demolición del Algarrobico. Para Greenpeace, esto representa una oportunidad única de poner fin a dos décadas de incumplimientos y desacatos. «Por primera vez en la historia de Greenpeace España, el Tribunal de Estrasburgo va a investigar nuestra denuncia», afirmó María José Caballero, portavoz de la organización. Este es un mensaje claro para aquellos que siguen defendiendo ilegalidades: el tiempo de los retrasos y las excusas podría estar llegando a su fin.
Otro aspecto que el TEDH deberá revisar es la revocación del nombramiento de la magistrada María del Mar Jiménez como ponente del TSJA en 2014, quien declaró urbanizable el hotel. Greenpeace ha planteado dudas sobre su imparcialidad, argumentando que no puede ser objetiva debido a su vinculación con el caso. Además, se ha revelado que uno de los firmantes de esa sentencia, Jorge Muñoz Cortés, ahora asesora jurídicamente al Ayuntamiento de Carboneras. Estos vínculos generan una sombra de duda sobre la transparencia y la justicia en torno al caso.
En definitiva, la historia del Algarrobico es un ejemplo descarnado de cómo los intereses económicos y la ineficacia institucional pueden prevalecer sobre la justicia y la protección del medio ambiente. La decisión del TEDH de investigar el caso podría ser un rayo de esperanza para quienes llevan años luchando contra esta cicatriz en el litoral español. Pero hasta que no se ejecute la demolición, el hotel del Algarrobico seguirá siendo un símbolo del fracaso de nuestras instituciones para proteger lo que es de todas y todos.
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