El Opus Dei ha sido calificado en muchas ocasiones como secta religiosa.
El Gobierno de Aragón financia directamente una jurisdicción de alcance mundial perteneciente a la Iglesia católica calificada por reconocidos autores como John L. Allen, con su libro «El Opus Dei desde dentro» o Jesús Bastante en «“El Opus Dei es una prisión” como secta religiosa.
De esta forma, el ejecutivo regional ha aprobado una subvención de 15.354,88 euros, de los 19.193.60 solicitados, a favor del Patronato de Torreciudad, el santuario central del Opus Dei, para que este financie su proyecto de promoción turística a través de las redes sociales.
Esta ayuda es una de las 85 aprobadas por los gestores de la sede central de la Obra, tras la «convocatoria de subvenciones con destino a entidades privadas turísticas sin ánimo de lucro para actuaciones de promoción turística» de la Consejería de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial que dirige Arturo Aliaga, vicepresidente del cuatripartito de Javier Lambán y presidente del PAR, el socio aragonesista y de centro-derecha de esa coalición con el PSOE, Chunta y Podemos, tal y como recoge Público.
Turismo religioso
El consejero que resuelve la convocatoria indica que los 85 proyectos que van a recibir fondos públicos «contribuyen al desarrollo de la promoción y difusión de la oferta del sector turístico aragonés» con el objetivo de «consolidar Aragón como destino turístico competitivo».
Estos proyectos se centran en cuatro líneas de actuación: un mayor impulso de las redes sociales, la edición de material, la asistencia a actos de promoción y ferias, y todo lo relacionado con la promoción, difusión e impulso relacionado con la implantación en las empresas de los protocolos de seguridad e higiene sanitaria por la pandemia.
La aprobación de esa subvención se produce cinco años después de que, ya con la coalición PSOE-Cha al frente del Gobierno, la Asociación de Empresarios del Somontano de Barbastro hubiera recibido otra de 20.000 euros para promocionar una ruta sobre Josemaría Escrivá de Balaguer, fundador de la Obra y natural de esa localidad oscense.El consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, señalaba por aquel entonces que «ni desde el Departamento, ni desde el Gobierno actual, se ha tenido actuación alguna sobre la ayuda descrita”.
Solicitada por empresarios
Tal y como explicaba Soro, la subvención fue solicitada por la Asociación de Empresarios del Somontano de Barbastro, que se proponía “impulsar la ruta de ‘San José María en Barbastro” para atraer “turistas que visitan los alrededores por motivos religiosos, pero que pasan de largo sin entrar en la ciudad, por lo que se planteaba la actuación como una promoción y comercialización del turismo cultural y religioso” en la comarca. Fuentes de la consejería de Vertebración del Territorio mostraron su rechazo a financiar con fondos públicos iniciativas de este tipo y adelantaron su intención de no mantenerlas en próximas convocatorias.
A partir de entonces, las entidades vinculadas al Opus Dei no volvieron a recibir fondos públicos relacionados con el turismo mientras Chunta Aragonesista siguió ejerciendo esa competencia hasta mediados de 2019. La Comisión Técnica de Valoración asignó a la propuesta de Torreciudad una calificación de 80 puntos sobre cien, lo que da derecho a una ayuda de ese mismo porcentaje sobre el total del presupuesto, una valoración superior a la de otras iniciativas como la obtenida por la Fundación Amantes de Teruel (70%) para la promoción y difusión del conjunto artístico sobre Isabel de Segura y Diego de Marcilla; por la Fundación Centro Buñuel de Calanda (50%) para difundir la figura del cineasta desde su localidad natal o por la Asociación Empresarial Zona Zero de Aínsa (59%) para acciones relacionadas con la BTT tras haber posicionado a esa zona del Pirineo oscense como un referente mundial en ese deporte.
El santuario, localizado en un área de base económica agroalimentaria diversificada con puntales como el vino del Somontano, la producción del tomate rosa y el enoturismo, recibía alrededor de 200.000 visitantes al año antes de la pandemia.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
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