La exclusión masiva en la FP pública de Madrid: un síntoma de desidia política de Ayuso 

Mientras miles de estudiantes quedan fuera de la FP pública, la Comunidad de Madrid sigue apostando por la privatización, favoreciendo a las familias más adineradas con políticas que perpetúan la desigualdad en el acceso a la educación.

El acceso a la educación no es un privilegio, es un derecho. Sin embargo, en la Comunidad de Madrid, bajo el mandato de Isabel Díaz Ayuso, este derecho está siendo socavado de manera alarmante. Este curso académico, casi 50.000 jóvenes han sido excluidos de la Formación Profesional (FP) pública, quedando desamparados en un sistema que, lejos de garantizar igualdad de oportunidades, se inclina cada vez más hacia la privatización. El mensaje es claro: si no tienes dinero, la educación no es para ti.

UNA APUESTA POLÍTICA POR LA PRIVATIZACIÓN

Los datos son contundentes. De las 92.521 solicitudes para acceder a la FP pública, 48.255 no obtuvieron plaza. Esto no es casualidad ni un accidente del sistema, sino el resultado de una política deliberada. El gobierno de la Comunidad de Madrid ha priorizado la inversión en centros privados, mientras asfixia a la educación pública con insuficientes recursos y una oferta claramente insuficiente. La Consejería de Educación, en lugar de corregir este déficit, responde con excusas y promesas vacías, mientras sigue subvencionando a centros privados que, irónicamente, atienden a familias con ingresos superiores a los 100.000 euros al año.

En especial, la Formación Profesional en áreas clave como la sanitaria, donde la demanda ha crecido significativamente, sufre un abandono casi absoluto por parte de la administración. Según datos de CCOO, en ciclos como Laboratorio Clínico y Biomédico, el 90% de los aspirantes han sido excluidos. En el área de Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear, un 94% de jóvenes han quedado fuera del sistema público. La tendencia es evidente: la FP pública en Madrid está siendo estrangulada para empujar a la población hacia la opción privada, que multiplica por diez el coste de la pública. La educación, en lugar de ser el gran igualador, se ha convertido en una barrera infranqueable para aquellos que no pueden pagar.

LOS NÚMEROS QUE DESMIENTEN LAS PROMESAS

A pesar de las promesas del gobierno regional de crear más plazas y contratar más docentes, los hechos desmienten estas declaraciones. La FP en centros públicos ha crecido un 5,3% respecto al curso anterior, pero esto no es suficiente ni remotamente para cubrir la demanda. En los últimos años, la matriculación en centros privados se ha disparado, con un aumento del 1.523% en grados medios y un 844% en grados superiores. Esto no es un error de cálculo, es una estrategia política.

El propio CCOO ha señalado que harían falta más de 2.000 nuevos grupos y casi 4.000 docentes para atender las necesidades reales de los jóvenes que buscan formación. Sin embargo, el gobierno regional sigue destinando fondos a financiar el Bachillerato y la FP privada, incluso para aquellas familias que claramente no lo necesitan. Esta política no solo es un ataque a la educación pública, sino también una burla a los principios de equidad y justicia social que deberían regir cualquier sistema educativo.

El desprecio hacia la FP pública se manifiesta también en los continuos problemas que enfrentan los estudiantes que logran acceder. En años anteriores, los centros privados de FP han acaparado las plazas de prácticas en instituciones sanitarias públicas, dejando a los estudiantes de la pública sin opciones para completar sus estudios. El sistema está diseñado para que las y los estudiantes de la pública tengan menos oportunidades y enfrenten más obstáculos que aquellos que pueden permitirse la educación privada.

Es especialmente indignante que mientras miles de jóvenes ven truncadas sus expectativas, el gobierno de Ayuso siga impulsando cheques educativos para familias que no los necesitan, promocionando un modelo educativo que favorece a las élites económicas. La Comunidad de Madrid ha optado por un modelo elitista, donde la educación pública es vista como un servicio de segunda categoría.

Las consecuencias de esta política son devastadoras, no solo para las y los jóvenes que buscan una formación que les permita incorporarse al mercado laboral con garantías, sino para el conjunto de la sociedad. Madrid está cerrando las puertas de la FP a miles de jóvenes en un momento en el que la formación técnica es más necesaria que nunca para responder a los retos del futuro. El resultado es una generación condenada a la precariedad, mientras las y los estudiantes de centros privados avanzan sin obstáculos.

La realidad es clara: la Comunidad de Madrid está desmantelando la FP pública, y con ello, está condenando a miles de jóvenes a un futuro incierto. Cada año son más los que quedan fuera del sistema, y cada año el gobierno regional se muestra más complaciente con este proceso de exclusión. Mientras tanto, la oferta privada sigue creciendo, financiada con dinero público, pero inaccesible para quienes más la necesitan.

No hay excusa que valga. No hay justificación para abandonar a miles de jóvenes a su suerte, mientras se privilegia a una minoría con medios suficientes para pagar su educación. El gobierno de Ayuso está fallando a su juventud, está fallando a su ciudadanía. Y en un sistema donde el acceso a la educación depende del dinero, la desigualdad se convierte en norma y la justicia social en una utopía.