La ciudad suiza de Basilea ha decidido deshacerse de las personas sin hogar que viven en las calles de la ciudad ofreciéndoles pasajes de tren y 20 francos (18,20 euros).
Por Oier Zeberio – Eulixe
Considerada como la capital cultural de Suiza, Basilea es una ciudad ubicada en la frontera con Francia y Alemania. Es la tercera más poblada del país (después de Zúrich y Ginebra) con unos 200.000 habitantes. A pesar de que en términos generales Suiza sea un país muy rico, tanto el país cómo sus ciudades no son inmunes a la pobreza. Según algunas investigaciones, en el caso de Basilea, alrededor de 100 personas duermen a la intemperie o en refugios de emergencia. Una situación que podemos observar en casi todas las medianas y grandes ciudades de Europa. Sin embargo, en un intento de desprenderse de las personas que viven en la calle, la ciudad de Basilea ha puesto en marcha un programa que brilla por su mezquindad.
El servicio migratorio de la ciudad suiza ha decidido deshacerse de las personas sin hogar que viven en las calles de la ciudad ofreciéndoles pasajes de tren y 20 francos (18,20 euros). Cualquiera que los solicite y se dirija a las autoridades podrá «viajar gratis» a un destino de Europa a cambio de comprometerse por escrito a no volver a Suiza, según informa el periódico 20 Minuten. En el caso de que no cumplan el compromiso y las autoridades los vuelvan a encontrar en el país, correrán el riesgo de ser deportados. Hasta el momento, se han inscrito 31 personas en esta macabra iniciativa: 14 de Rumanía, 7 de Bélgica, 7 de Alemania, 2 de Italia y 1 de Francia. Algunas personas sin hogar procedentes de Rumania, al parecer, estarían «optando» por el avión. Según el periódico local Basler Zeitung, hay una compañía aérea que tiene rutas de Basilea a Bucarest por 60 francos y «ya se han hecho varias reservas para los rumanos».
Los beneficiarios deben comprometerse por escrito a no regresar a Suiza al menos durante cierto periodo de tiempo. Si se los vuelve a encontrar, corren el riesgo de ser expulsados de nuestro país – Toprak Tergy, portavoz del Departamento de Justicia de Basilea.
Las personas sin hogar no están en la calle porque quieren
El sinhogarismo es el nivel máximo de exclusión social y marginación que realiza una sociedad moderna. El miedo a revivir situaciones traumáticas y los factores estructurales suelen provocar que estas personas rechacen (en distintos grados y según el caso) o no puedan tener una vida laboral, familiar o social. En los países occidentales, la amplia mayoría de las personas que viven en la calle son varones (75-80%), siendo lo solteros los más afectados.
Acabar en la calle es en sí una agresión que acarrea soledad, otras agresiones y formas de violencia, y una muerte prematura. Las personas sin hogar sólo se relacionan en igualdad con otras personas sin hogar. La mayor parte de su tiempo lo pasan solas. No pueden ejercer sus derechos. A menudo les resulta imposible empadronarse y conseguir su tarjeta sanitaria. Tampoco tienen intimidad ni propiedad privada, no tienen su seguridad garantizada… Los recursos sociales son insuficientes y no atienden sus necesidades – Solidarios
Tal y como lo subrayan desde la Fundación Arrels, una persona no acaba en la calle de un día para otro. Su situación se va deteriorando con el tiempo e implica muchas causas; algunas dependen de la persona y otras están relacionadas con la sociedad en la que vivimos. Existen varias causas que expliquen que una persona termine en la calle, según esta fundación:
- Causas estructurales: Vinculadas a la situación económica (como la pérdida de empleo), el mercado inmobiliario (el precio de los alquileres, desahucios), los movimientos migratorios y el funcionamiento de las administraciones públicas.
- Causas institucionales: Relacionadas con la rigidez de los servicios sociales, los mecanismos de asistencia y los procedimientos institucionales.
- Discriminación o ausencia de un estatuto legal: Relacionadas con las situaciones particulares que pueden vivir las personas inmigradas y algunas minorías.
- Causas relacionales: Vinculadas a la situación familiar y a la red social que la persona tiene de apoyo (por ejemplo, un divorcio o la muerte de un familiar).
- Causas personales: Relacionadas con la educación, la edad, la dependencia y la salud.
Desde hace varios años, en algunos círculos, existe la discusión sobre la mejor manera de ayudar e integrar a las personas que no disponen de un hogar y viven en la calle. Normalmente, se apuesta por medidas de emergencia, es decir, ofrecerles cobijo (sobre todo en las situaciones de emergencia) y comidas gratuitas. Sin embargo, en muchas ocasiones, no todas las personas que se encuentran en esta situación obtienen lo mínimo necesario. Según otro enfoque, la mejor manera de sacar de la calle y de la pobreza a las personas sin hogar es ofreciéndoles trabajo y redes de apoyo. Por último, algunos afirman que el Estado y las instituciones tienen que hacerse cargo de las personas sin hogar, ofreciéndoles un «pack de rescate»: alojamiento provisional, trabajos, educación, apoyo psicológico etc. Sin embargo, y por desgracia, algunas personas siguen pensando que las personas sin hogar están ahí «porque se lo merecen», «porque han tomado malas decisiones» o porque «son unos fracasados» etc. Frases como «algo habrá hecho» se escuchan bastante a menudo.
A parte de que vivir en la calle ya es duro de por sí, muchas personas que lo hacen sufren agresiones, robos e insultos. En el caso del Estado español, por ejemplo, el 47% de las personas sin hogar han sufrido un delito de odio por aporofobia y de estas personas el 81% ha sufrido estos delitos en más de una ocasión. Solo el 13% de las personas sin hogar que ha sido víctima de un delito de odio por aporofobia denuncia los hechos. Por otro lado, en el caso específico de las mujeres, el 70% de las que viven en la calle han sufrido violencia machista. En varias ocasiones, además, las personas sin hogar han sido brutalmente asesinadas (quemadas vivas, por golpes…) por personas que odian y desprecian a las personas sin recursos y que se sienten superiores a ellas.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
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