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En realidad la Agencia Tributaria lleva años funcionando con herramientas de big data para detectar fraudes en las empresas y enviando de manera automática cartas informativas a los empresarios.
Un alto cargo de la CEOE se ha pronunciado ante La Información contra el nuevo sistema contra el fraude puesto en marcha por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que habilita a una aplicación informática a extender actas de infracción a las empresas sin intervención directa de un funcionario. «No se pueden automatizar las sanciones y, de hacerse, debemos conocer cuáles son las fórmulas y los parámetros que están detrás de esa herramienta», ha señalado.
La CEOE ha pedido explicaciones al Ministerio de Trabajo sobre las «instrucciones humanas» que hay detrás de esta suerte de ‘robot inspector’ de fraudes y exige garantías jurídicas ante el riesgo de que se produzcan sesgos que puedan dar lugar a un aluvión de multas indiscriminadas.
Uno de los puntos que más preocupa a la CEOE es el contenido de la regulación acordada en la mesa de diálogo social para los repartidores de plataformas digitales, los conocidos como riders. Las plataformas de todas las actividades van a estar obligadas a revelar a los sindicatos la parte del algoritmo con el que operan que afecta directamente a las condiciones laborales de sus trabajadores y las sanciones pueden ser millonarias al tratarse de empresas que precarizan el trabajo .
La patronal comandada por Garamendi está asustada por una situación en la que, si todo está en regla y no hay fraudes, no debería suponer ningún problema. La necesaria informatización de un sistema anticuado de revisión necesita la transparencia y el buen hacer de los empresarios para funcionar, solo deberían estar preocupados quienes están gestionando mal.
Una automatización para evitar el fraude
Yolanda Díaz decidió dar un vuelco a la actividad de la Inspección para activar la denominada «actuación administrativa automatizada», que permite iniciar procedimientos sancionadores a las empresas que cometan fraude a la Seguridad Social sin intervención de los funcionarios en el proceso. Una automatización para detectar posibles incumplimientos por parte de las compañías mediante el análisis masivo de datos y con capacidad para extender las actas pertinentes sin que un funcionario tenga que ocuparse.
Las modificaciones normativas se aprobaron en Consejo de Ministros el pasado mes de enero y, desde entonces, han suscitado no pocas dudas en la CEOE. Sin embargo, la Inspección lleva años funcionando con herramientas de big data para detectar irregularidades en las empresas y advirtiendo a través de cartas informativas, sin necesidad de visitar los centros de trabajo. La diferencia ahora es que los propios algoritmos pueden proponer las sanciones a las compañías, una competencia que hasta ahora era exclusiva de los inspectores y subinspectores. Se trata de un procedimiento similar a las multas de tráfico de los radares.
Desde el Ministerio de Trabajo defienden que la medida va dirigida a la «optimización de recursos humanos y técnicos» y que en ningún caso pretende sustituir a los funcionarios por robots. Aseguran que va acompañada de un plan para incorporar efectivos a la Inspección y que los cambios en el proceso sancionador para hacerlo automático se producirán «sin reducción de las garantías jurídicas de los ciudadanos» y «sin perjuicio de la posterior intervención en fase de instrucción de personal con funciones inspectoras».
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Netanyahu ya no disimula: Gaza se ocupa por porcentajes
Netanyahu ya no disimula. Gaza se está ocupando por porcentajes: primero el 52%, luego el 60%, ahora ordena avanzar hasta el 70% y, cuando el público le pide el 100%, responde con una broma: “vayamos en orden”.
Eso no es seguridad. Es desposesión administrada. Es convertir un alto el fuego en una coartada para encerrar a 2,1 millones de personas en cada vez menos territorio, mientras el mundo finge sorpresa ante una estrategia que lleva meses desplegándose delante de todos.
Cuando un Gobierno habla de ocupar Gaza por fases, ya no estamos ante una guerra: estamos ante un plan.
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Contra el racismo institucional: Ayuso intentó vender colapso y el Supremo le contestó con una palabra incómoda, pruebas
Ayuso intentó vender colapso y el Supremo le ha contestado con lo único que desmonta la propaganda: pruebas. Y no las había. Ni de que la sanidad fuera a hundirse, ni de que la educación fuera a reventar, ni de que Madrid fuese a convertirse en una especie de apocalipsis administrativo por regularizar a personas migrantes.
El truco es viejo y miserable: primero deterioran lo público y luego culpan a quienes llegan buscando derechos, trabajo y una vida posible. No era gestión. Era racismo institucional con membrete oficial.
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Aimar Bretos toma ‘Hoy por hoy’ mientras la SER intenta vender normalidad donde huele a crisis
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Porque cuando una periodista sale así, cuando compañeras y compañeros lamentan públicamente las formas, cuando la plantilla tiene que defender su profesionalidad, la palabra independencia empieza a sonar menos a principio y más a decorado.
A lo que llaman relevo quizá haya que llamarlo por su nombre: una operación de despacho con música de sintonía.
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Defensa entregó a una empresa nacida en el ecosistema de la CIA una pieza sensible de la inteligencia militar española, sin publicidad, con una sola oferta y bajo una capa de secreto que huele demasiado a negocio blindado.
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Mientras nos hablan de modernización, eficiencia y seguridad, el Estado español abre la puerta de su inteligencia militar a una de las empresas más vinculadas al negocio global de la vigilancia, la guerra y el poder algorítmico. Te lo contamos en #ReportajesSR. Presentado por Patricia Salvador.