Los terratenientes de Doñana: agua robada, justicia comprada 

Una familia de grandes propietarios agrícolas condenados por expoliar agua de Doñana escapa de la cárcel gracias a la benevolencia del sistema.

¿Hasta cuándo permitiremos que los ricos se salgan con la suya? La reciente sentencia de la Audiencia de Sevilla, que libra a una familia de terratenientes de cumplir penas de cárcel por extraer ilegalmente agua del Parque Nacional de Doñana, deja claro que el sistema judicial no es igual para todas y todos. ¿Cómo se puede permitir que quienes han puesto en grave riesgo uno de los ecosistemas más valiosos de Europa se libren con sanciones reducidas y pequeñas multas?

Este grupo de propietarios no son meros infractores: son criminales ambientales, que durante años robaron agua de uno de los acuíferos más importantes de España para su propio beneficio, dejando al borde del colapso un espacio protegido declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. No fue un error ni un malentendido: sabían lo que hacían y continuaron con total desprecio por las consecuencias. Extrajeron más del doble del agua permitida para sus cultivos de arroz y algodón, ignorando las normas impuestas por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

El fallo del Juzgado de lo Penal fue claro: los cinco hermanos dueños de la finca Hato Blanco Viejo causaron daños ambientales valorados en casi dos millones de euros entre 2008 y 2013. Los hechos probados señalaron que actuaron con plena conciencia de que sus acciones ponían en riesgo la supervivencia del ecosistema de Doñana. A pesar de ser sancionados en numerosas ocasiones por estos abusos, continuaron con su saqueo, mientras los organismos públicos cerraban los ojos o les imponían multas que para ellos eran simples migajas.

LA JUSTICIA AL SERVICIO DEL PODER ECONÓMICO

Ahora, tras años de juicios y sanciones administrativas, la justicia ha decidido rebajar las condenas de prisión y las multas de esta familia, alegando «dilaciones indebidas». ¿Cómo es posible que un retraso en el proceso judicial se convierta en una excusa para reducir las penas de quienes han cometido crímenes tan graves? La Audiencia de Sevilla ha preferido proteger a los ricos en lugar de defender el bien común.

Mientras los y las trabajadoras, las y los campesinos, y la ciudadanía en general sufren las consecuencias de la crisis climática, las élites agrarias continúan enriqueciéndose a costa del saqueo de los recursos naturales. No es la primera vez que lo vemos: el poder económico y político está estrechamente vinculado en Andalucía, donde grandes terratenientes han controlado durante siglos la tierra y el agua, favorecidos por un sistema legal que perpetúa la impunidad.

El expolio de Doñana no es solo un problema ambiental. Es la representación más cruda de la desigualdad estructural que sufrimos en este país. Los delitos ambientales no son meras infracciones menores; son crímenes contra el futuro de todas y todos. Sin embargo, una y otra vez, vemos cómo los responsables de estos abusos se salen con la suya. Las multas que se les imponen no son más que un gasto operativo para ellos, mientras el daño causado es irreparable.

El caso de Doñana es especialmente indignante porque afecta a un bien común de incalculable valor ecológico y cultural. Pero lo más grave es que esta impunidad no es un caso aislado. Vemos ejemplos similares en muchas otras partes del país, donde los intereses privados y el lucro rápido se anteponen a la protección de nuestro patrimonio natural.

El mensaje que envía esta sentencia es claro: si eres rico, si tienes influencia, puedes robar, destruir y devastar con total impunidad. Mientras tanto, la ciudadanía se enfrenta a restricciones de agua, incendios forestales devastadores y un clima cada vez más extremo. Pero los ricos siguen disfrutando de su impunidad, con sus piscinas llenas y sus tierras fértiles, regadas con agua robada.

EL SISTEMA JUDICIAL, CÓMPLICE DEL DESASTRE AMBIENTAL

Es imposible ignorar el papel cómplice del sistema judicial en esta historia. Al rebajar las condenas a estos terratenientes, la justicia no solo los exonera, sino que legitima su expolio, demostrando una vez más que el sistema está diseñado para proteger a los poderosos.

¿Qué pasa con las personas que luchan por el medio ambiente? Activistas, pequeñas agricultoras y agricultores que defienden sus tierras y el agua, ¿qué suerte corren? Son perseguidas y perseguidos, multados y, en muchos casos, criminalizados. Porque, para el sistema, defender lo común es un delito, pero robar lo común es un derecho si tienes dinero.

No podemos seguir tolerando esta farsa. Mientras se celebran cumbres internacionales sobre el cambio climático y se firman acuerdos para proteger el medio ambiente, en casa permitimos que los ricos se apropien de los recursos naturales sin ninguna consecuencia real.

El caso de Doñana es solo la punta del iceberg. La lucha por el agua, por la tierra, por el medio ambiente, es la lucha por la justicia social. Y mientras el sistema siga protegiendo a los que destruyen nuestro futuro, la rabia de las y los que luchan seguirá creciendo.