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El silencio cómplice que ha seguido a décadas de impunidad en España sigue resonando en el presente. Un grupo de familias, desprovistas de apoyo institucional, ha tomado en sus manos la búsqueda de los restos de sus seres queridos, caídos bajo la brutalidad del franquismo. Entre estas familias se encuentra la del reconocido humorista y presentador Andreu Buenafuente, cuyo abuelo, como tantos otros, fue una víctima más de la represión franquista. En el cementerio de Vilafranca, estas familias, apoyadas por la asociación ArqueoAntro, continúan su búsqueda, mientras las instituciones dan la espalda a una historia que nunca debería haberse enterrado.
Son doce familias las que, sin renunciar a la memoria de sus desaparecidos, han emprendido una nueva campaña de excavaciones, la cuarta ya, en el cementerio municipal de Vilafranca y la ermita de la Virgen del Cit en Iglesuela del Cid. Esta campaña tiene como objetivo encontrar los restos de aproximadamente 70 combatientes, la mayoría víctimas de la represión franquista. Sin embargo, lo que realmente destaca es que esta campaña es la primera en la que no se cuenta con el apoyo institucional, dejando claro que la memoria histórica sigue siendo una cuestión incómoda para las autoridades.
La familia de Buenafuente es solo una de las muchas que forman parte de esta lucha. La Asociación de Familias Víctimas del Frente del Levante, a la que pertenecen, agrupa a más de cien familias, algunas de las cuales cuentan con víctimas en ambos bandos del conflicto. El abuelo de Buenafuente, miembro de las brigadas murcianas de Mazarrón y Lorca, cayó en esta región, y ahora su familia, junto a las demás, sigue adelante con la esperanza de encontrar sus restos y darles la sepultura digna que merecen.
LA MEMORIA HISTÓRICA, UNA LUCHA ABANDONADA POR LAS INSTITUCIONES
El arqueólogo Miguel Mezquida, de ArqueoAntro, relata cómo el año pasado se lograron recuperar algunos restos dispersos en el cementerio de Vilafranca, aunque estos no pertenecían a combatientes. En cambio, en la ermita de la Iglesuela se halló el cuerpo de una víctima de la represión franquista. Este año, los trabajos continúan en ambas localizaciones, con la esperanza de encontrar más cuerpos, incluidos los de algunos maquis, según los registros históricos disponibles.
El equipo, compuesto por arqueólogos, antropólogos, documentalistas, restauradores, historiadores y voluntarios, ha iniciado esta campaña sin la financiación institucional que solía respaldar estas iniciativas en la provincia de Castellón. La única excepción ha sido el Ayuntamiento de Vilafranca, que ha proporcionado alojamiento gratuito al equipo. En ausencia de apoyo por parte de la Diputación y del Consell, la asociación ha tenido que recurrir a fondos de subvenciones anteriores y a la organización de cursos y jornadas para cubrir los costos de la excavación.
Este abandono institucional no es solo una afrenta a las familias que buscan a sus seres queridos, sino una traición a la memoria histórica de un país que sigue arrastrando las cadenas del pasado. Con la llegada de nuevos gobiernos tanto a la Generalitat Valenciana como a la Diputación de Castellón, se ha producido un corte drástico en las subvenciones públicas destinadas a estos trabajos. Esto, sin duda, refleja una falta de compromiso con el derecho a la verdad y la justicia, derechos que deberían estar garantizados para todas las víctimas del franquismo y sus familias.
LA NECESIDAD DE RECUPERAR LA MEMORIA
El esfuerzo de estas familias no es solo un acto de amor y de duelo; es una lucha por la justicia histórica en un país que ha preferido mirar hacia otro lado durante demasiado tiempo. Las jornadas organizadas en Vilafranca no solo buscan sufragar los trabajos de exhumación, sino también mantener viva la memoria de lo que sucedió en aquellos años oscuros. A través de conferencias, presentaciones de libros y representaciones teatrales, se intenta generar conciencia sobre la importancia de recuperar los restos de las víctimas y sobre lo que estas representan en la historia colectiva.
Es especialmente indignante que, en pleno siglo XXI, las familias tengan que recurrir a sus propios medios y esfuerzos para desenterrar la verdad, mientras el Estado se desentiende de una responsabilidad que le corresponde. Estas familias, entre las que se encuentra la de Buenafuente, no buscan venganza ni reabrir heridas, sino simplemente recuperar los cuerpos de sus seres queridos para darles el entierro digno que se les negó.
La memoria histórica no debería ser un tema de debate, sino un deber moral y legal. Los nuevos gobiernos que han decidido cortar las ayudas a estos proyectos no solo están faltando a su responsabilidad, sino que están perpetuando un ciclo de olvido y desmemoria que hiere profundamente a las familias y a la sociedad en su conjunto. Cada cuerpo que permanece enterrado sin identificar, cada fosa común que sigue sellada, es un recordatorio de la brutalidad del franquismo que dejó cicatrices imborrables en el tejido social de España.
Es esencial que la sociedad civil y las instituciones que aún tienen conciencia de la importancia de la memoria histórica sigan apoyando estos esfuerzos. El trabajo que se está llevando a cabo en Vilafranca y en otros lugares no es solo una cuestión de arqueología o de antropología forense; es una cuestión de dignidad, de justicia y de verdad.
El legado del franquismo no puede ser enterrado bajo capas de indiferencia institucional. Es responsabilidad de todos y todas asegurarse de que las generaciones futuras conozcan y comprendan lo que sucedió, para que la historia no se repita. Las familias que siguen buscando a sus desaparecidos no deberían estar solas en esta tarea; deberían contar con todo el respaldo posible, tanto moral como financiero, para que, algún día, puedan encontrar la paz que tanto merecen.
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