El vicepresidente de Vox Valladolid, Félix Ángel Rodríguez Rodríguez, fue sancionado con una suspensión de empleo y sueldo de tres meses y un día porque ha compatibilizado su función de policía municipal con la gestión de tres empresas.
Tal y como se reconoce en la propia web de Vox Valladolid, Rodríguez es funcionario del del Ayuntamiento de Valladolid desde 1993 y «empresario del sector artes gráficas, alquiler de vehículos e Impresión 3D».
Por ello fue sancionado con una suspensión de empleo y sueldo de tres meses y un día porque ha compatibilizado su función de policía municipal con la gestión de tres empresas.
En el expediente que concluyó con la sanción por una falta «muy grave», y al que ha tenido acceso elDiario.es, se acreditó que el vicepresidente de Vox y policía municipal era administrador único y apoderado solidario de Hermespluto SL desde 2011.
También era presidente del consejo de administración y consejero delegado Solidario por tiempo indefinido de la mercantil Dima 3D SL cuyo social es la promoción de nuevas tecnologías de producción y fabricación directamente y a través de terceros desarrollando proyectos de I+D+I, y por último, era administrador único en la mercantil Gráficas Malpica SL desde el 21 de enero de 2011 conforme escritura autorizada en la citada fecha, ejerciendo el cargo por tiempo indefinido según los estatutos sociales.
Así, se establece en el expediente que Rodríguez realizó «actividades privadas inherentes al ejercicio del desempeño de los citados cargos en las citadas sociedades mercantiles fuera del Ayuntamiento de Valladolid desde los años 2011 y 2013 sin que conste que para el ejercicio de las mismas se haya autorizado el reconocimiento de compatibilidad por parte del Ayuntamiento de Valladolid, ni siquiera consta acreditado solicitud ni puesta en conocimiento de la situación para su valoración antes de la apertura del procedimiento disciplinario».
Las tres empresas, explican desde el medio, cambiaron de manos en agosto de 2021, poco después de que el Ayuntamiento abriese el expediente contra Rodríguez. El agente ya creó cierta polémica en octubre de 2020, cuando en su cuenta de twitter llamó a la rebelión social por el estado de alarma.
Críticas en redes sociales
A raíz de la publicación de la noticia de elDiario.es el vicepresidente de Vox en Valladolid ha recibido cientos de críticas contra esta práctica ilegal que ha llevado a cabo:
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
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La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
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