El Ayuntamiento de Madrid ha adjudicado en 2021 tres contratos a dedo de 100.000 euros cada uno a EMESA.
El Ayuntamiento de Madrid, a través de la sociedad semipública Madrid Calle 30, de la que posee el 80% de las acciones, ha adjudicado en 2021 tres contratos a dedo de 100.000 euros cada uno a EMESA, la empresa concesionaria de M30 encargada de su mantenimiento y poseedora del 20% restante de las acciones, por servicios que ya incluye su contrato de conservación.
ElDiario.es ha desvelado esta información que añade que «dos de esos contratos se adjudicaron a finales de enero de 2021 por trabajos realizados tras el temporal de Filomena a principios de mes y así se justificaron».
«El tercer contrato fue a finales de noviembre de 2021 y de nuevo Filomena –más de 10 meses después– volvió a ser la excusa para adjudicar sin concurso ni publicidad un contrato a EMESA por la cantidad máxima que permite la legislación para que pueda ser una adjudicación directa».
El entuerto se produce cuando las actividades descritas en los contratos están incluidas en los mismos contratos con EMESA en términos de conservación.
El contrato, informa el rotativo, establece como emergencia «toda situación imprevista que afecte a la circulación o limite la capacidad (portante o funcional) de la infraestructura o de cualquiera de sus componentes, incluyendo, además de los hechos consumados, los supuestos de riesgo inminente”.
Desde el área de Medio Ambiente que dirige Borja Carabante justifican la adjudicación de cada uno de estos contratos aludiendo a otro de los puntos del acuerdo de conservación que establece una compensación económica para casos de «fuerza mayor», algo que a su juicio, fue el caso de Filomena: «Una nevada en Madrid de dimensiones desconocidas con efectos catastróficos sobre los elementos de Calle 30, como arbolado, pavimentos y equipamiento”, aseguran. «La urgencia, la falta de movilidad general y el ser fin de semana hizo imposible una licitación de estos trabajos, por lo que se recurrió al procedimiento de emergencia que la ley prevé para estas circunstancias».
Sin embargo, elDiario.es, explica que «el procedimiento utilizado por el Ayuntamiento de Madrid en otras ocasiones para los supuestos de fuerza mayor nada tiene que ver con el realizado en este caso. Efectivamente, la fuerza mayor puede conllevar una compensación financiera pero requeriría de un expediente que tendría que valorar los daños, las características del siniestro y la aprobación en Junta de gobierno. Esta redacción ha preguntado a la corporación municipal si se siguió este procedimiento para estos casos, pero no ha obtenido respuesta».
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
A FONDO: ¿Quién GANA con el CAOS en CEUTA? #Reportaje SR
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THUNDERFORGE – El PENTÁGONO se echa en manos de la INTELIGENCIA ARTÍFICIAL #ReportajeS
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