Francisco Ocón, diputado del PSOE, ha silenciado a los diputados de la derecha con una certera afirmación sobre el PCE
Francisco Ocón, diputado del PSOE en el Parlamento de La Rioja, está consiguiendo una amplia difusión en las redes sociales gracias a un breve discurso en el que responde a todos aquellos que en los últimos tiempos utilizan la palabra “comunista” como algo malo o incluso como un insulto.
“No sé cuántas veces he oído en el pleno de hoy y en todos los últimos plenos la palabra comunista pero con una acepción como si fuera algo malo, algo negativo”, comienza diciendo Ocón.
“No sé cuántas veces he oído en el pleno de hoy y en todos los últimos plenos la palabra comunista pero con una acepción como si fuera algo malo, algo negativo”, comienza diciendo Ocón.
“Pues mire, se lo va a decir una persona que no es comunista, que soy yo, y amante de la libertad: el Partido Comunista hizo en cinco minutos de 1977 más por la llegada de la democracia a España que la derecha española en 40 años”, asevera.
Un poco de historia
El PCE fue fundado en sus orígenes por la unión del Partido Comunista Español y el Partido Comunista Obrero Español. El 15 de abril de 1920, en la Casa del Pueblo de Madrid, su primer germen, la Federación de Juventudes Socialistas, había apoyado en la Primera Guerra Mundial a los internacionalistas encabezados por Lenin. El partido acordó en su V Congreso, celebrado en diciembre de 1919, adherirse a la Internacional Comunista.
Siguiendo las indicaciones de la Internacional Comunista, el Partido Comunista Español y el Partido Comunista Obrero Español celebraron en Madrid, del 7 al 14 de noviembre de 1921, una conferencia de fusión dando lugar al Partido Comunista de España. Entre sus fundadores estaba Dolores Ibárruri, y lo conformaron desde el principio trabajadores jóvenes, estudiantes, obreros, intelectuales y campesinos.
El 13 de septiembre de 1923, el general Miguel Primo de Rivera, en connivencia con el rey Alfonso XIII daba un golpe de Estado y establecía la dictadura. Los locales del PCE son clausurados y las detenciones de militantes comunistas se suceden, incluido el secretario general, César Rodríguez González.
Tras la proclamación de la República el PCE volvió a la luz en una situación muy precaria, después de estar prácticamente en la clandestinidad desde casi su fundación, pasaba a ser legal. El PCE pasó de tener un millar de militantes a principios de 1931 y escasa influencia social e institucional, a 8800 a finales de ese año. En diciembre de 1932 ya llega a 15 000 afiliados. El 16 de febrero de 1936, el prestigio del Partido Comunista creció rápidamente: en cinco meses pasa de 30 000 a 100 000 afiliados.
Tras la victoria de Franco, los comunistas pasaron a vivir momentos durísimos. El régimen de Franco, de rasgos anticomunistas, demonizó al PCE, encarcelando, torturando y asesinando a sus miembros, sometiendo a algunos de ellos a juicios sumarísimos que carecían de garantías mínimas para que los encausados pudieran ser juzgados con equidad.
Tras la oscura etapa del franquismo, en diciembre de 1975, el rey Juan Carlos contacta a Santiago Carrillo y le dice que quiere hacer una reforma democrática del Régimen y le pide apoyo a la Monarquía, al menos durante el cambio. El Comité Ejecutivo del PCE de enero de 1976 elimina las críticas al Rey y acuerda reducir la movilización social, muy activa contra la «monarquía franquista».
El Comité Central de julio de ese año acuerda disolver la Junta Democrática y unirse con la Plataforma de Convergencia Democrática impulsada por el PSOE para facilitar la Transición, considerando que era lo más importante para la sociedad española en ese momento. En abril de 1977 hace pública su aceptación de la Monarquía, de la bandera que ganó la Guerra Civil y de la Reforma Política de Adolfo Suárez.
El 11 de febrero de 1977, el PCE presenta la documentación para ser incluido en el Registro de Asociaciones y el 9 de abril de ese mismo año el PCE es legalizado, presentándose a las elecciones con Santiago Carrillo como candidato.
Al PCE, por mucho que la derecha intente demonizarlo, se le reconoce su lucha durante el franquismo, desde la clandestinidad y la ilegalidad, por el restablecimiento de un marco parlamentario y democrático en España.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
A FONDO: ¿Quién GANA con el CAOS en CEUTA? #Reportaje SR
¿Qué ocurre cuando las personas dejan de ser tratadas como seres humanos y pasan a utilizarse como herramientas políticas? En este nuevo #ReportajeSR de Spanish Revolution, Léa Gugelmann analiza a fondo la…
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