El país que fue ejemplo de igualdad es hoy uno de los más desiguales del mundo. La izquierda sueca se rindió al neoliberalismo, y las y los trabajadores se lo han hecho pagar.
EL FRACASO DE UN MODELO QUE SE CREYÓ ETERNO
Durante décadas, Suecia fue el espejo en el que Europa miraba la promesa de un capitalismo “amable”. Educación gratuita, sindicatos fuertes, igualdad salarial y una democracia social sólida. Era el país donde la clase trabajadora podía vivir con dignidad sin dejar de ser clase trabajadora. Pero ese relato murió hace tiempo.
Hoy Suecia se ha convertido en la sexta nación más desigual del planeta en propiedad de activos financieros y reales. Tiene más milmillonarios por habitante que Estados Unidos y ellos controlan una porción del PIB mayor que en cualquier otra gran economía occidental. El país de Olof Palme es hoy un laboratorio de desigualdad.
Lo que sostiene la ficción de bienestar es que la desigualdad de ingresos sigue siendo baja entre asalariados, pero incluso eso se está resquebrajando. Desde 2017 los salarios reales de las y los trabajadores se estancaron. Con la inflación de 2022 y 2023, las clases populares perdieron el equivalente a casi una década de aumentos salariales, mientras la clase media solo retrocedió tres. La brecha entre ambas ya es un abismo.
Las condiciones materiales del proletariado sueco se han deteriorado. La jornada completa no garantiza seguridad. Uno de cada tres trabajadores y trabajadoras sin cualificación tiene hoy un empleo temporal, el triple que hace treinta años. En cambio, entre las profesiones cualificadas la temporalidad se ha reducido. Las y los empleados más precarios sostienen un modelo que ya no los incluye.
LA TRAICIÓN SOCIALDEMÓCRATA Y EL ASCENSO DE LA DESIGUALDAD
El sociólogo Walter Korpi explicó en los años setenta que el éxito de Suecia se basaba en los recursos de poder de la clase trabajadora: sindicatos fuertes, partidos de masas, un Estado del bienestar diseñado para equilibrar la balanza frente al capital. Todo eso se ha ido desmontando desde los noventa.
Cuando la socialdemocracia abrazó el dogma neoliberal, comenzó su propio funeral. Renunció al pleno empleo y aceptó la austeridad como destino. El desempleo, que entre los cincuenta y los noventa apenas superó el 3 %, se disparó al 12 % y desde entonces no ha vuelto a bajar del 9 %. En paralelo, se debilitó la Ley de Protección del Empleo, que en los setenta protegía incluso a las y los temporales. Hoy Suecia es uno de los países con menos garantías laborales de la OCDE.
Los gobiernos socialdemócratas se centraron en la estabilidad de precios y la confianza de los mercados, mientras la desprotección crecía. Las reformas del seguro de desempleo durante el mandato conservador de Fredrik Reinfeldt (2006-2014) agravaron el golpe: las cuotas se dispararon precisamente en los sectores más castigados, empujando a decenas de miles de trabajadores a abandonar tanto el seguro como el sindicato.
En los noventa, el 85 % de la clase trabajadora sueca estaba afiliada a un sindicato. Hoy solo el 55 % mantiene la militancia. Entre las profesiones de clase media, en cambio, la afiliación alcanza el 74 %. La correlación de fuerzas se ha invertido.
El Partido Socialdemócrata, en lugar de reconstruir su vínculo con las y los trabajadores, decidió competir por el voto de las clases medias urbanas. Tras perder las elecciones de 2006, encargó un informe que concluyó que su derrota se debía a “hablar demasiado de obreros y poco de consumidores”. Apostaron por el capital y renegaron del sujeto político que los había creado.
El resultado fue devastador: en 1994 el 70 % de la clase trabajadora votaba al Partido Socialdemócrata. En 2022, apenas el 35 %. La mitad de su base se marchó. Y no se fue a la izquierda, sino al desencanto, a la abstención o al nacionalismo xenófobo.
Suecia fue el ejemplo de que la igualdad podía institucionalizarse. Ahora es la advertencia de que cuando la izquierda olvida a las y los trabajadores, el capital no tarda en ocupar el vacío.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
A FONDO: ¿Quién GANA con el CAOS en CEUTA? #Reportaje SR
¿Qué ocurre cuando las personas dejan de ser tratadas como seres humanos y pasan a utilizarse como herramientas políticas? En este nuevo #ReportajeSR de Spanish Revolution, Léa Gugelmann analiza a fondo la…
THUNDERFORGE – El PENTÁGONO se echa en manos de la INTELIGENCIA ARTÍFICIAL #ReportajeS
El Pentágono ha dado un paso sin precedentes: poner la toma de decisiones y la estrategia militar en manos de la inteligencia artificial. Patricia Salvador te cuenta en este #ReportajeSR cómo, a…