La Fiscalía indica que en los registros practicados en el domicilio y en el despacho de Rato se encontraron documentos que lo vinculan con la sociedad
A Rodrigo Rato, ex ministro de Economía de José María Aznar, le crecen lo enanos. Si ayer nos enterábamos de que volverá a sentarse en el banquillo de los acusados por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios en el marco de la causa sobre el presunto origen «ilícito» de su patrimonio, hoy sabemos que el calificativo de «organización criminal» empieza a quedársele corto al Partido Popular».
Y es que Infolibre ha desvelado que Rato mantuvo conexiones empresariales con Abdul Rahman El Assir, un famoso traficante de armas de origen libanés que fue durante años un gran amigo del entonces rey Juan Carlos I, ahora fugado de la Justicia española y condenado en rebeldía en Francia el año pasado por un asunto de corrupción. El nexo de unión entre ambos es una sociedad de Luxemburgo denominada Wheelerdale Corporation Sàrl.
Esta relación empresarial ha sido constatada de acuerdo con documentos del Registro Mercantil de Luxemburgo y de pruebas documentales incautadas a Rato en el marco de la investigación judicial sobre el presunto origen ilícito de su patrimonio.
La Fiscalía lo tiene claro
Abdul Rahman El Assir declaró ante el Registro de Titularidades Reales de Luxemburgo que era el beneficiario último del 75% de la compañía Wheelerdale. El 25% restante estaba controlado por su hermano. Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción española detalla en el recurso de apelación que presentó el pasado 5 de marzo, ante la Audiencia de Madrid, contra el auto que pone fin a la investigación del Juzgado de Instrucción Número 31 de Madrid sobre el conocido como caso Rato, que considera que esa empresa de Luxemburgo forma parte del patrimonio oculto en el extranjero del ex político del PP.
La Fiscalía indica que en los registros practicados en su día en el domicilio y en el despacho de Rato se encontraron “escrituras, certificados, estatutos, documentos y mails” que lo vinculan con la sociedad Wheelerdale, con un patrimonio de más de 77 millones de euros, y destaca que Rato recibió transferencias desde cuentas relacionadas con Wheelerdale.
Ahora, el juez Antonio Serrano-Arnal pretende dejar fuera del juicio todo lo relacionado con Wheelerdale, algo con lo que la Fiscalía Anticorrupción no está en absoluto de acuerdo y el pasado 5 de marzo presentó un recurso de apelación contra el auto con el que el juez finalizaba la instrucción, al entender que “realiza afirmaciones erróneas que no se ajustan a la realidad documental obrante en autos, incurre en omisiones de hechos que forman parte de la instrucción e injustificadamente no se recogen en el auto, y está desajustado al entremezclar confusamente hechos de distintos delitos”.
Señala la Fiscalía Anticorrupción en su esccrito que la documentación incautada evidencia el “presunto manejo de la anterior estructura societaria instrumental” para la “repatriación de fondos del extranjero con origen en GI International/Wheelerdale y con destino, según indicios de la causa, a Rodrigo Rato Figaredo”.
En redes la noticia ha despertado muchas opiniones sobre la deriva judicial de Rato, pero destacamos un mensaje simple por encima del resto:
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
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La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
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