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Impiden dar digna sepultura tal y como reconoció la Justicia.
En 2021, cinco años después del reconocimiento judicial del derecho a dar digna sepultura a las víctimas enterradas en el Valle de los Caídos, y una vez terminado el tedioso trabajo burocrático se emprendían los trabajos de exhumación para 55 personas inhumadas penosamente allí.
Sin embargo, desde la ultraderecha se constituyó un entramado, la Asociación para la Reconciliación y la Memoria Histórica, para coartar un derecho mediante una guerra judicial y para ello, indican desde Público, «ha contado a su favor con las actuaciones de una jueza y de una alcaldesa del PP».
La Asociación por la Reconciliación y la Memoria Histórica, formada por defensores del legado de Franco, se presentó en sociedad en marzo de 2022 en un acto en el Casino Militar de Madrid, meses antes de acudir a los tribunales en defensa del Valle de los Caídos. Se califica como una «asociación solidaria, de ámbito nacional, cuyo marco de actuación es la Constitución. Independiente de cualquier partido político y compuesta por un equipo multidisciplinar de profesionales: abogados, historiadores, artistas y militares, entre otros, que llevan 10 años trabajando por la defensa del patrimonio histórico español. Y hará frente a todo intento de expolio del mismo bajo la apariencia de Memoria Histórica y para ello no escatimará en recursos humanos, materiales y económicos».
Este martes se ha conocido la decisión de la jueza Eva María Bru Peral, titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 10 de Madrid, de no ejecutar el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que en junio pasado levantaba la medida cautelar dictada por ella misma para frenar las exhumaciones.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Madrid entiende que la intervención en Cuelgamuros para los trabajos de exhumación de 55 personas no implicará «una transformación urbanística irreversible de las criptas», por lo que «no concurren los presupuestos legales para adoptar la medida cautelar de suspensión de la licencia urbanística».
Este martes celebraba su triunfo judicial con un tuit en el que clamaba: «No permitiremos que excavadoras, explosivos y palas ideológicas acaben con el patrimonio histórico y artístico español, dinamitando aun más el ánimo y la convivencia entre ciudadanos. Necesitamos tu ayuda». Piden donativos para llevar a cabo su misión.
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Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
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Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
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En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
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