Los miembros del sector del Taxi invitados al pleno fueron expulsados por su reacción al conocer el resultado.
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha logrado el apoyo de Vox para aprobar la modificación de la ley que permitirá que los vehículos con conductor (VTC) puedan seguir circulando por Madrid a partir del 1 de octubre.
«El Gobierno de Ayuso ha traído esta ley chapuza sin negociar, por la puerta de atrás, sin consultarnos, sin preguntar a los implicados… Pero desde Vox hemos querido dedicar nuestros esfuerzos a garantizar que ambos sectores puedan coexistir en igualdad de condiciones», ha defendido el diputado Javier Pérez. «La izquierda ha venido aquí a decir sólo taxi. Y el PP estaba en ‘no, no, aquí VTC’. Y hemos sido nosotros los que hemos dicho: taxi y VTC».
«Hoy VOX ha votado a favor de una ley que ataca al taxi frente a las flotas de VTC. Hoy los taxistas le han dicho a VOX que por mucho que vayan de obreristas son los mismos vendeobreros de siempre», afirmaba el diputado de Más Madrid Javier Padilla.
El presidente de la Federación Profesional del Taxi, Julio Sanz, junto con grupos de taxistas manifestándose a las puertas de la Asamblea de Madrid ha trasladado que se sienten «engañados» y ha llamado «vendidos» al partido ultraderechista.
De hecho, algunos taxistas que fueron invitados de forma presencial al hemiciclo, una vez que han visto el giro de los acontecimientos, ha llamado «corruptos, vendidos y derechita cobarde» a Vox, provocando que la presidenta de la Asamblea, Eugenia Carballedo les expulsase del pleno.
«Ayer Vox decía que votaba en contra, hoy algo se ha movido a última hora para hacer que se abstengan. La abstención es como votar a favor y ha salido adelante una inmundicia por el procedimiento de urgencia y lectura única. La indignación es tremenda», ha lamentado. Por ello, ha avisado que irán «hasta las últimas consecuencias» si definitivamente se aprueba esta Ley y lo llevarán al Tribunal Constitucional, aunque tengan «que vender el taxi para pagar a abogados».
«Vamos a ir hasta el final para denunciar la corrupción y los políticos vendidos. Somos autónomos. Nos están despreciando de una forma sistemática y abrumadora. El PP, el consejero, la presidenta y Vox nos han engañado. La Ley es una chapuza y no protege ninguno de nuestros derechos. Abstenerse es igual a votar a favor», ha lanzado.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
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