Denuncian la utilización de las víctimas del terrorismo como argumento para oponerse al proyecto de Ley Democrática.
La asociación 11-M afectados del terrorismo ha alzado la voz para denunciar que se les está utilizando con una intención poco ética: para oponerse al proyecto de ley de Memoria Democrática. Por ello han redactado un comunicado en el aclaran que su asociación siempre ha estado «en la línea de garantizar los derechos a todos, incluso a los victimarios; mucho más la de garantizar los derechos de todas y cada una de las víctimas».
«En esa defensa de conseguir y consolidar derechos para las víctimas, nuestra Asociación estará siempre en esa primera línea. Sean éstas, víctimas de violencia de género, víctimas del franquismo o, por supuesto, del terrorismo, y siendo, además, conscientes de las diferencias de cada una de ellas», aseguran.
Asimismo, aclaran que su grupo siempre ha defendido desde su creación «que jamás» se utilice «partidistamente a las víctimas del terrorismo» y aclaran que «ahí siempre nos tendrán enfrente, también en primera línea». “DEJEN DE UTILIZAR PARTIDARIAMENTE A LAS VÍCTIMAS”, señalan.
Frenar los derechos de otras víctimas
La asociación quiere poner de manifiesto en relación al Proyecto de Ley de Memoria Democrática, que se va a discutir en el Parlamento de nuestro país, que no se utilice a las víctimas del terrorismo para frenar los derechos de otras víctimas. Aclaran que ponerse a la Ley de Memoria Democrática utilizando como argumento a las víctimas del terrorismo «es de nuevo una utilización partidista de las víctimas del terrorismo que estamos obligados a denunciar».
«Las víctimas de las que se ocupa el Proyecto de Ley de Memoria Democrática tienen derecho, como cualquier otra víctima, a ser reconocidas, reparadas, y ver satisfechos sus anhelos de justicia en el Estado de Derecho», indican.
Piden, por lo tanto, que «no utilicen» a las «víctimas del terrorismo» para «poner freno a los derechos de otras víctimas». «Opónganse a ese Proyecto de Ley con argumentos políticos distintos, si los tienen. No conviertan a las víctimas del terrorismo una vez más en herramienta partidista porque no solo no las beneficia, sino que las debilita», señalan.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
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La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
El OSCURO NEGOCIO de LOGRAR que te ENAMORES de una IA | #ReportajeSR
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PAYPAL MAFIA: INFORME DEFINITIVO sobre los DUEÑOS del PODER #ReportajeSR
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